Alejandra Larrea
La causa por el fentanilo contaminado, que dejó al menos 20 personas muertas en la provincia de Buenos Aires, suma un nuevo capítulo de alto impacto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el laboratorio investigado por la elaboración del lote letal, al acusarlo de haber presentado documentación municipal falsa para importar precursores químicos clave.
La maniobra, según la acusación, habría permitido a la empresa eludir controles clave en la cadena de importación, facilitando el ingreso de sustancias altamente reguladas. En particular, se investiga un certificado de habilitación municipal adulterado que habría sido utilizado para conseguir permisos aduaneros para productos químicos que luego fueron desviados de su uso farmacéutico.
El foco está puesto en una planta radicada en el conurbano bonaerense, vinculada a la distribución de ampollas contaminadas con una variante de fentanilo que provocó una serie de intoxicaciones fatales en hospitales y clínicas. En las últimas semanas, la investigación avanzó sobre presuntos vínculos entre esa firma, distribuidores intermedios y operadores del circuito paralelo de estupefacientes.
La denuncia se basa en un cruce de información entre la ANMAT, la Aduana y municipios del Gran Buenos Aires. El documento falso habría sido utilizado para cubrir operaciones de importación realizadas entre 2023 y principios de 2025, y no correspondería a una habilitación vigente ni a la dirección real del laboratorio. El hecho ya fue puesto en conocimiento del juez federal que lleva adelante la causa principal.
Patricia Bullrich tomó un rol activo desde que se conoció la masiva intoxicación. En su presentación judicial, alertó sobre "una red de irregularidades que va mucho más allá del control sanitario", y apuntó a la complicidad de funcionarios municipales y operadores privados que habrían facilitado el circuito irregular.
El caso del fentanilo contaminado provocó una conmoción nacional, al evidenciar fallas graves en la trazabilidad del sistema de salud y farmacéutico. Las ampollas letales circularon en hospitales públicos y clínicas privadas, y su contenido no coincidía con el etiquetado, lo que dificultó la identificación temprana del riesgo.
Desde la oposición ya se exigieron respuestas al Ministerio de Salud, que sigue sin ofrecer una explicación clara sobre cómo un medicamento adulterado logró sortear los controles de producción, distribución y aplicación en centros sanitarios. La denuncia de Bullrich reaviva la presión sobre el gobierno provincial y nacional para esclarecer la cadena completa de responsabilidades.
El uso de documentación falsa no solo constituye un delito en sí mismo, sino que abre la puerta a investigar cómo se financiaban, autorizaban y distribuían los precursores químicos sin los controles que exige la ley. El caso podría ampliarse a otros laboratorios y empresas del rubro farmacéutico.
Por ahora, el expediente se mantiene bajo secreto parcial, pero se esperan nuevas citaciones judiciales y allanamientos en las próximas horas. La denuncia de Bullrich marca un punto de inflexión en el caso y pone en el centro de la escena la connivencia entre actores del sector privado, reguladores y municipios.
