La administración estadounidense retrocedió en su intento de vincular la ayuda por catástrofes al apoyo legislativo. La decisión se produjo en medio de una fuerte presión política y una ola de críticas por el uso partidario de los recursos de emergencia.
Estados Unidos05 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La administración de Donald Trump dio marcha atrás en su intento de condicionar la asignación de fondos del programa FEMA a los gobiernos locales que apoyaran su plan de seguridad migratoria. La decisión representa un giro estratégico tras las críticas por parte de dirigentes estatales, organizaciones humanitarias y sectores de la oposición republicana.
FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, es el organismo encargado de distribuir recursos en situaciones de catástrofe natural, como huracanes, incendios o inundaciones. A fines de julio, el gobierno había insinuado que los estados que no acompañaran la agenda migratoria de Trump podrían ver ralentizada o limitada la entrega de fondos ante emergencias. La medida generó inmediato rechazo.
El revuelo fue especialmente fuerte en estados como California, Nueva York, Colorado y Nueva Jersey, donde los gobernadores acusaron a la Casa Blanca de utilizar una herramienta humanitaria como herramienta de presión política. Incluso algunos legisladores aliados al oficialismo consideraron la estrategia como un “boomerang innecesario” en un año electoral clave.
La marcha atrás se dio tras intensas reuniones en el Congreso y contactos con gobernadores. En ellas, se dejó en claro que FEMA mantendría su funcionamiento independiente de consideraciones políticas, aunque desde la Casa Blanca se advirtió que la cooperación migratoria será evaluada como “criterio de compromiso” para futuras negociaciones presupuestarias.
En paralelo, varios estados afectados por incendios forestales y tormentas solicitaron ampliaciones extraordinarias del fondo de respuesta rápida, ante una temporada climática particularmente intensa. La presión humanitaria también influyó en el cambio de rumbo.
El episodio no solo generó un costo político interno, sino que reabrió el debate sobre el uso partidario de fondos federales. Para los sectores críticos, la maniobra fue una señal de cómo la administración Trump puede instrumentalizar agencias clave con fines electorales. Para el ala más dura del oficialismo, en cambio, se trató de una estrategia de “orden y control” ante un sistema que, según denuncian, “beneficia a estados que no cooperan con las leyes migratorias”.
En este contexto, la campaña presidencial de Trump busca reforzar su narrativa de autoridad, al tiempo que evita confrontaciones que puedan obstaculizar la ayuda en situaciones de emergencia, especialmente en un año donde los eventos climáticos extremos ya se cobraron cientos de vidas en EE. UU.
La decisión final de no condicionar los fondos de FEMA implica un alivio para miles de ciudadanos afectados por incendias, tornados y olas de calor, que temían quedar atrapados en una pulseada política. Pero también deja una advertencia: la puja por el uso de recursos federales será cada vez más intensa en la medida que se acerquen las elecciones.
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