Alejandra Larrea
Javier Milei rompió el silencio luego de firmar el polémico veto total a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Lejos de buscar un tono conciliador, el Presidente eligió endurecer su discurso: acusó a la oposición de “dinamitar la estabilidad económica” y se presentó como el único dispuesto a ponerle un freno a lo que definió como “el saqueo de la casta”.
El mensaje fue claro y sin matices. En su primera declaración pública tras el veto, Milei señaló que “no va a permitir que una ley demagógica ponga en riesgo el equilibrio fiscal” y que, si es necesario, está dispuesto a pagar el costo político de decir que no. El Presidente considera que su mandato fue otorgado para hacer exactamente eso: cortar con décadas de populismo, aunque eso implique choques institucionales.
El contexto es cada vez más tenso. El rechazo a la ley, que había sido aprobada con apoyo de sectores del radicalismo, el peronismo dialoguista y bloques federales, abrió una nueva grieta en el Congreso. Algunos gobernadores ya dejaron trascender su malestar por lo que consideran una actitud “cerrada e inflexible” del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, en la calle, comenzaron a circular convocatorias a movilizaciones impulsadas por organizaciones de jubilados, sindicatos y agrupaciones sociales.
Desde el oficialismo aseguran que el veto era la única opción responsable frente a una ley que, según los cálculos internos, implicaba un aumento del gasto que no podría ser cubierto sin emisión ni endeudamiento. La línea de acción es mantener el superávit primario como un principio inviolable, sin importar las presiones políticas o el desgaste de imagen.
Pero la decisión no solo impacta en términos económicos. También redefine el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso. El mensaje que baja desde Balcarce 50 es que el Gobierno no negociará con quienes intenten imponer leyes que vayan en contra de su plan. En ese marco, se consolida un núcleo duro en el entorno presidencial que no ve con buenos ojos ninguna iniciativa que provenga del Parlamento.
En paralelo, Milei aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo, al que acusó de “querer volver por la ventana con leyes que solo sirven para incendiar la economía”. También deslizó críticas contra algunos referentes de la oposición “dialoguista”, a quienes les reprochó “jugar a dos puntas”.
La reacción de los mercados fue mixta. Por un lado, se valoró la señal de disciplina fiscal; por otro, crecen las dudas sobre la viabilidad política del programa económico si el oficialismo queda cada vez más aislado. A eso se suma la incertidumbre por la relación con los gobernadores, especialmente en medio de las discusiones por el reparto de recursos y las transferencias a las provincias.
En cuanto al impacto directo sobre los jubilados, se mantiene el esquema actual de aumentos vía inflación, más el bono compensatorio que otorga el Ejecutivo por decreto. Sin embargo, la sensación de bronca y desamparo crece entre quienes esperaban una recomposición más sólida.
El Gobierno apuesta a que el tiempo le dé la razón. Confía en que la estabilización macro, la baja de la inflación y una eventual reactivación le permitan recuperar legitimidad antes de que la tensión social escale. Pero hasta entonces, la estrategia será resistir con el discurso de “hacer lo correcto aunque duela”.
La escena política queda atravesada por un nuevo conflicto de alto voltaje. Mientras Milei consolida su perfil de confrontación, la oposición se reagrupa para intentar forzar una nueva votación que revierta el veto, aunque no cuenta por ahora con los números necesarios.
