En un escrito enviado a la jueza Loretta Preska en Nueva York, el Gobierno argumentó que no tiene acceso a los dispositivos personales de los ministros y solicitó que se revoque el mandato judicial de entrega de comunicaciones privadas.
Política06 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El juicio en curso sobre la expropiación de YPF puso a la Argentina ante un nuevo giro internacional y legal: la jueza Loretta Preska había ordenado la entrega de correos electrónicos y chats privados de los dos últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, como parte del proceso conocido como “discovery”. Ese material es clave para los fondos demandantes que buscan demostrar la figura del “alter ego” entre el Estado y la petrolera.
Ante esa medida, el Gobierno argentino presentó un escrito formal solicitando la reconsideración de esa orden. Argumentó que no tiene posesión ni control sobre los dispositivos personales desde donde se originarían esas comunicaciones, ya que son de propiedad individual de los funcionarios, protegidos bajo normas de privacidad en Argentina.
Rechazo técnico y jurídico del Gobierno
La Procuración del Tesoro sostuvo que la orden incumple con una premisa legal básica prevista tanto en Estados Unidos como en Argentina: solo pueden exigirse documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido. En este caso, los dispositivos solicitados pertenecen a los funcionarios y no al Estado, por lo que no pueden ser entregados ni retenidos.
Además, el Gobierno enfatizó que bajo la legislación nacional esas herramientas tecnológicas son propiedad inviolable de sus titulares, y que no existe disposición legal que autorice su acceso por parte del empleador público.
Estrategia legal y pasos siguientes
El escrito incluye el pedido de una audiencia preliminar ante el tribunal para exponer la objeción de forma detallada y solicitar oficialmente la revocación de la orden. Además, se advirtió que se evaluarán todos los recursos judiciales posibles ante tribunales de apelación en EE.UU.
Este planteo se presenta junto a otras apelaciones del Estado argentino en torno al tema central de la causa: una sentencia que obliga al país a pagar más de USD 16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park por la estatización de YPF en 2012.
El contexto del fallo de Preska
La jueza Preska dictaminó originalmente que Argentina debía proporcionar evidencia que facilite el esclarecimiento de si YPF y otros organismos estatales actuaron como extensiones directas del Estado—una estrategia legal que permitiría a los demandantes embargar activos soberanos. Entre esos pedidos figuran no solo los chats de Caputo y Massa, sino también comunicaciones de otros funcionarios de distintas gestiones.
El Gobierno objetó la medida por considerarla una intromisión sin precedentes en la privacidad de autoridades públicas y por violar principios de inmunidad soberana del Estado.
Repercusiones y desafíos políticos
El país enfrenta múltiples riesgos: por un lado, la exigencia podría convertirse en un precedente internacionalmente peligroso sobre la privacidad y autonomía de los funcionarios. Por otro, si la orden persiste y no se cumple, Argentina podría quedar en desacato con consecuencias legales y financieras graves.
El caso ya escaló políticamente, generando tensiones entre el prerrogativa institucional de soberanía, el resguardo de datos personales y la estrategia legal del Poder Ejecutivo frente a litigaciones multimillonarias.
Con este nuevo escrito, Argentina busca frenar el avance judicial sobre sus ministros actuales y anteriores, alegando falta de control legal sobre sus dispositivos personales. La petición marca una apuesta por preservar los límites de la soberanía y rechazar intromisiones legales sin fundamento en los principios del derecho internacional y nacional.
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