En plena tensión institucional, la oposición busca tratar en Diputados una serie de iniciativas que implican fuerte gasto público, desafiando los vetos del Ejecutivo y el control oficialista.
Política06 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Una pulseada legislativa se apodera de la Cámara de Diputados mientras importantes proyectos de gasto, impulsados por gobernadores y bloques opositores, se preparan para llegar al recinto. El oficialismo se enfrenta a una movilización coordinada de sectores legislativos que buscan consolidar medidas fiscalmente expansivas bajo la lupa del ajuste impuesto por el Gobierno.
En este contexto, la oposición tiene en la mira la convocatoria de una sesión “mega” para el próximo 20 de agosto, destinada a tratar no solo los vetos presidenciales sobre jubilaciones y discapacidad, sino también una batería de decretos delegados que desregulan sectores estratégicos de la administración pública.
Comienzan los movimientos en circuito cerrado
En los pasillos de la Casa Rosada, se intensificaron las conversaciones con diputados provinciales y provinciales opositores para evitar que la sesión opositoria encuentre quórum. El oficialismo busca impedir el tratamiento de los proyectos al aducir inviabilidad fiscal, pero la oposición presiona para que los vetos fueran revertidos mediante insistencia parlamentaria.
La estrategia opositora consiste en unir en una misma sesión el rechazo al veto presidencial junto con el tratamiento de proyectos de alto impacto financiero impulsados por gobernadores, especialmente aquellos vinculados a adelantos del Tesoro, fondos de infraestructura y fideicomisos de obra pública.
La oposición busca ampararse en la fuerza de los gobernadores
La semana pasada, legisladores opositores definieron que los proyectos gubernamentales fueran remitidos a las comisiones de Presupuesto y de Energía, encabezadas por integrantes de La Libertad Avanza. La oposición sospecha que el oficialismo demorará cualquier dictamen favorable, lo que obligaría a emplazar desde el recinto para forzar el tratamiento.
El plan implica ejercer presión al convocar a la sesión, reunir quórum y obligar a dictámenes de comisiones bloqueadas, aprovechando el desgaste interno y la división entre los gobernadores aliados del Ejecutivo.
Los vetos que tensan el tablero político
Recientemente, el presidente Milei vetó dos leyes aprobadas por el Congreso: un aumento del 7,2 % en pensiones junto a un bono de $110.000, y una ley de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo justificó su decisión señalando que ambas medidas “no detallaban la fuente de financiamiento” y ponían en riesgo el superávit fiscal, bandera central de su gestión.
La oposición ahora busca invalidar esos vetos mediante insistencia legislativa, lo que requerirá contar con los dos tercios de los votos en Diputados. La ausencia de mayoría de Cambiemos o La Libertad Avanza refleja la necesidad de acuerdos con bloque opositor mayoritario para lograr tal objetivo.
Tensiones cruzadas con los gobernadores
El veto presidencial llegó acompañado de una reactivación del debate con los gobernadores, muchos de los cuales ven en los proyectos una manera de recuperar recursos para infraestructura y asistencia social. El Gobierno, en paralelo, estudia mecanismos alternativos para reasegurar liquidez a las provincias, pero no logra desactivar el impulso opositor.
En medio de esta disputa, la oposición prevé que los mandatarios provinciales queden expuestos ante sus propias bancadas si apoyan el veto al aumentar la tensión entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos distritales.
La unidad opositora en el Congreso
Un bloque opositor transversal, integrado por Unión por la Patria, radicales y otros sectores, se muestra decidido a avanzar con el tratamiento conjunto en Diputados. El objetivo es no solo lograr el rechazo a los tres vetos presidenciales, sino también aprobar directamente proyectos que habiliten nuevos gastos y empujen cambios normativos de fondo.
La convocatoria a una sesión única permitiría maximizar rédito político, forzar a la oposición interna del oficialismo a una definición y enviar un mensaje claro sobre prioridades legislativas en plena temporada electoral.
Implicancias institucionales y políticas
Para el Gobierno, el desafío es doble: evitar que se consolide un paquete de normas que violen su doctrina fiscal y mantener cohesionado a su bloque dentro del Congreso, en un contexto de desgaste por falta de mayoría. Para la oposición, se trata de una oportunidad para resaltar su capacidad de acción y poner en jaque el relato oficial sobre austeridad responsable.
La expectativa está puesta en el resultado parcial: incluso si los vetos no se revierten, lograr que se trate el debate marcará una victoria formal y política para los opositores. Por otro lado, una derrota contundente del oficialismo podría acelerar fracturas internas y debilitar su narrativa de control económico.
Proyección a corto plazo
Queda por ver si el oficialismo logra amedrentar a gobernadores aliados o fragmenta la convocatoria a la sesión. En caso contrario, la oposición podría consolidar un frente legislativo que incluya no solo rechazos a vetos, sino también nuevos proyectos de gasto y modificación del régimen de DNU vigente, incluida la Ley de Bases.
La sesión prevista el 20 de agosto será un test clave: allí se definirá si la oposición logra imponer su agenda y obligar al oficialismo a ceder o bien si el control político oficial se mantiene intacto mediante bloqueos parlamentarios y reclamos legales.
La oposición plantea un test legislativo de alto riesgo fiscal y político para el Gobierno. Busca, con mayoría fragmentada pero disciplinada, forzar una sesión estratégica que incluya tanto el rechazo a los vetos como el tratamiento de proyectos con capacidad de gasto. El oficialismo responde con bloqueos, negociación con gobernadores y advertencias sobre el impacto fiscal. El resultado de esta pulseada legislativa marcará el tono institucional de los meses previos a octubre.
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