Precarización en las sombras: casi nueve millones de argentinos trabajan sin derechos

La informalidad no es un dato aislado: es una estructura que crece y que pone en vilo los derechos más básicos. Hoy, según datos recientes, casi nueve millones de argentinos ocupados —el 42 % del total del mercado laboral— trabajan sin tener aportes previsionales, sin cobertura médica y sin estabilidad contractual. Es decir, viven con condiciones laborales por debajo del umbral de la dignidad, sin respaldo legal ni social.

Más de la mitad de esta masa está compuesta por trabajadores asalariados cuyo empleador no realiza aportes, y el resto piensa en cuentapropistas que ejercen sus oficios fuera del radar administrativo. Empleadas domésticas, vendedores ambulantes, feriantes y albañiles encarnan esa informalidad. La ciudad brilla con formalidad, el Norte Grande se asombra con su extensión: en provincias como Salta, Santiago del Estero o Tucumán, más de la mitad de los asalariados no está registrado. En cambio, en la Patagonia y en la Ciudad de Buenos Aires, donde la economía formal pesa más, los niveles bajan notablemente.

La informalidad refleja, además, una grieta social: en el sector público, menos del 10 % de los trabajadores están en negro; en el privado, esta cifra se dispara hacia el 50 %. Pero dentro del privado hay matices: ramas como el agro, la construcción, la gastronomía y los servicios domésticos se ubican más cerca del 60 %, mientras que industrias como petróleo, finanzas o minería muestran niveles mucho más bajos.

Este no es un fenómeno nuevo: arrastra décadas de desindustrialización, planes parciales y rescates económicos que illegítimamente eludieron la formalización. La historia laboral argentina muestra altibajos, con breve alivio en los 2000, pero la tendencia volvió a subir. Hoy, una parte fundamental de la economía vive en la informalidad sistémica. Y el contexto empeora: la inflación carcome los ingresos, mientras el empleo formal no alcanza a expandirse, y los derechos laborales quedan en un segundo plano.

Pero esta realidad tiene consecuencias humanas concretas: sin aportes previsionales, sin obra social, sin estabilidad. La informalidad es precariedad laboral, pero también física: hospitales desbordados, jubilaciones en riesgo, ausencia de emergencias cubiertas. Es vivir sin red, sujetado a la inestabilidad, al mañana incierto.

Este es el espejo donde mirar nuestra reconstrucción: sin trabajo decente, no hay bienestar. Y hoy, muchas provincias se quieren ver invisibles, bajo datos que exhiben abandono institucional. Frente a este mapa, cualquier política económica —desde decretos de desregulación hasta reformas sectoriales— necesita garantizar un piso de dignidad laboral. Porque el trabajo informal no puede ser la norma oculta, ni una estadística sin nombre. Es una urgencia estructural que exige respuestas integrales: formalización real, protección universal y un mercado de trabajo que sostenga derechos, no que los evite.