Tras el escándalo por fraude en la evaluación nacional, el Gobierno decidió que a partir de 2026 cada provincia organizará y financiará sus propios exámenes para el ingreso a residencias médicas. El cambio promete más control local, pero también abre un nuevo desafío.
Actualidad12 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El tablero de la formación médica en Argentina se reconfigura por completo. El sistema unificado de evaluación para residencias, que durante más de una década centralizó la selección de profesionales en un único examen nacional, dejará de existir.
La decisión, tomada en un contexto de fuerte polémica, implica que cada provincia asumirá desde 2026 la responsabilidad total del proceso: diseñar la prueba, fijar sus requisitos y hacerse cargo del pago de las becas. Un paso que para algunos fortalece el federalismo sanitario, y para otros amenaza con fragmentar los estándares de calidad.
El nuevo esquema se plantea como una respuesta directa a las fallas evidenciadas en la última edición del examen único. La filtración de contenidos y los resultados llamativamente altos en un grupo reducido de postulantes derivaron en una crisis de credibilidad. Ante este escenario, el Ministerio de Salud impulsó la descentralización total del proceso, dándole a cada jurisdicción la potestad para administrar su propio concurso.
Bajo esta modalidad, las provincias deberán establecer criterios adaptados a sus necesidades epidemiológicas y geográficas. Algunas ya adelantaron que priorizarán especialidades críticas como medicina general y pediatría en zonas rurales; otras, en cambio, apuntarán a reforzar la alta complejidad en hospitales de referencia. La estrategia busca que la formación médica responda de forma más directa a las demandas del territorio.
Sin embargo, la medida no está exenta de desafíos. La disparidad de recursos entre provincias podría derivar en diferencias marcadas en la calidad de los exámenes y en la formación de los residentes. Mientras las jurisdicciones con mayor infraestructura podrán organizar pruebas más completas y competitivas, aquellas con menos presupuesto podrían enfrentar dificultades para garantizar procesos rigurosos.
El cambio también impactará en el financiamiento. Las becas, que antes eran cubiertas de manera parcial o total por la Nación, pasarán a ser responsabilidad exclusiva de cada provincia. Esto obliga a los gobiernos locales a destinar fondos adicionales y podría modificar la cantidad de vacantes disponibles en algunas especialidades.
La descentralización, además, reabre un debate de fondo: si el federalismo en salud implica fortalecer las capacidades provinciales o si, por el contrario, la falta de un estándar nacional uniforme debilita la calidad general del sistema. Los próximos meses serán clave para que las jurisdicciones definan cómo y cuándo pondrán en marcha sus nuevos mecanismos de selección.
Con el calendario en cuenta regresiva hacia 2026, la formación médica argentina se encamina hacia un modelo fragmentado, en el que cada provincia escribirá sus propias reglas. La apuesta es grande: recuperar la confianza y garantizar que los futuros especialistas respondan a las realidades locales sin perder el nivel de excelencia que la salud pública demanda.
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