Alejandra Larrea
En un acontecimiento sin precedentes, la Justicia Federal de Formosa dictó condenas por matar, carnear y exhibir públicamente a un yaguareté —especie declarada Monumento Natural Nacional— en un juicio que ya se considera histórico.
Tres de los implicados recibieron una pena de dos años de prisión efectiva, que cumplirán con arresto domiciliario y autorización para trabajar. El cuarto, en una posición diferente en el juicio abreviado, fue condenado a dos años de prisión en suspenso, por haber permanecido siempre a derecho. El acuerdo fue alcanzado entre los acusados, el Ministerio Público Fiscal, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Red Yaguareté, que actuó como querellante.
El suceso tuvo lugar en julio del año pasado, cuando el propietario de una vaca pedida como sustento pidió ayuda a tres trabajadores para dar con el animal perdido. Durante la búsqueda, encontraron el yaguareté junto a la vaca fallecida: los acusados, según relataron, dispararon al felino tras un episodio que involucró a perros. Posteriormente lo carnearon, se fotografiaron con su cuerpo y difundieron las imágenes en sus redes, lo que desató indignación pública y motivó una causa penal.
El juez federal a cargo, Pablo Morán, enfatizó la magnitud simbólica del fallo: por primera vez se impone prisión efectiva en Argentina por la muerte de un yaguareté y se abre un camino para fortalecer la protección de especies vulnerables. El caso sensibilizó al país, no sólo por el crimen ambiental en sí, sino también por la actitud de exposición pública de los acusados y el impacto mediático resultante.
La sentencia marca una ruptura legal relevante: la caza de fauna silvestre protegida, que hasta hoy normalmente era penada con multas o probation, recibió una respuesta judicial ejemplar. Para Red Yaguareté, esto constituye un avance esencial, aunque también llamó a revisar la ley nacional de fauna, vigente desde hace casi medio siglo, para ajustar las sanciones que se encuentren obsoletas frente a las amenazas actuales de extinción.
Este fallo podría sentar jurisprudencia y generar un cambio estructural en cómo se abordan los delitos ambientales en el país. En medio de una crisis silenciosa de biodiversidad, esta condena representa una señal clara de que el Estado puede actuar con firmeza para preservar el patrimonio natural.
