Alejandra Larrea
El Ejecutivo lanzó un operativo postal sin precedentes: licitó el envío de 720.000 cartas documento en todo el país para notificar a beneficiarios de pensiones por discapacidad laboral que deberán presentar documentación para justificar la continuidad del beneficio, o enfrentar su suspensión. Esta etapa forma parte de una auditoría en curso impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde febrero, con coordinación técnica del PAMI.
Esta medida se suma a las suspensiones ya confirmadas de más de 110.500 pensiones, algunas por irregularidades en los requisitos, otras por fallecimiento o renuncia voluntaria. Las notificaciones deberán entregarse en un plazo máximo de 48 horas habil y contar con un segundo intento si no se concreta la entrega. Tras cinco días sin respuesta, las cartas serán devueltas al remitente.
Esta estrategia apunta a depurar un sistema que, según datos oficiales, creció de forma exponencial: desde mediados de los 2000, las pensiones por invalidez laboral pasaron de 80.000 a más de un millón en 2015. Hoy se evalúa que buena parte de esos beneficios podría haber sido otorgada sin los requisitos suficientes.
El Estado estima que el costo anual por pagos irregulares podría superar 1.000 millones de dólares. En tanto, el ahorro mensual derivado de las suspensiones ya aplicadas alcanzaría 35.000 millones de pesos. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos logísticos: un 60 % de los beneficiarios aún no presentó la documentación solicitada y muchos domicilios no pudieron ser verificados.
Este operativo se encuentra en plena tensión pública y política, en paralelo al rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que proponía actualizaciones en aranceles y una reforma estructural del sistema con vigencia hasta 2027.
