La Corte Suprema rechazó una demanda colectiva por jubilaciones tras 16 años y pidió al Congreso designar al Defensor del Pueblo

La Corte Suprema de Justicia puso fin a una demanda colectiva que llevaba más de 16 años y que reclamaba mejoras en los haberes jubilatorios. El fallo del tribunal consideró inadmisible la acción en ausencia del Defensor del Pueblo, una figura que permanece vacante desde 2009. En paralelo, exhortó al Congreso a designar a la autoridad correspondiente para garantizar la representación de los ciudadanos en causas de interés general.

La causa había sido presentada en 2009 y buscaba que se reconociera un aumento generalizado en los haberes jubilatorios a partir de distintos índices de actualización. Sin embargo, la Corte entendió que las acciones colectivas en temas previsionales requieren la intervención del Defensor del Pueblo para tener validez, algo que no ocurre desde hace más de una década debido a la falta de designación política.

El tribunal enfatizó que la omisión del Congreso en cubrir el cargo impide canalizar adecuadamente reclamos masivos y deja a millones de jubilados sin representación institucional frente a planteos de esta magnitud. Además, remarcó que la multiplicidad de juicios individuales no puede sustituir la necesidad de un mecanismo colectivo eficaz.

El fallo no desconoce la existencia de litigios previsionales, pero recalca que sin una figura legitimada para representar al conjunto de jubilados, el proceso colectivo carece de validez jurídica. La Corte también hizo un llamado explícito a los legisladores para que cumplan con la obligación constitucional de designar al Defensor del Pueblo, cargo que debería garantizar la defensa de derechos en temas sensibles como tarifas, medio ambiente y previsión social.

El rechazo de la demanda deja sin efecto el planteo colectivo, aunque no afecta los reclamos individuales ya iniciados por jubilados en distintas jurisdicciones. Sin embargo, el mensaje político del tribunal apunta a la necesidad urgente de recomponer el sistema de representación institucional.

Con este fallo, la Corte Suprema cerró una demanda histórica sobre jubilaciones y volvió a poner en evidencia una deuda política: la falta de un Defensor del Pueblo que represente a los ciudadanos. La exhortación al Congreso resalta la importancia de cubrir un cargo estratégico que permanece vacante desde hace 16 años y cuya ausencia debilita la defensa de derechos colectivos en la Argentina.