Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, fue procesado sin prisión preventiva por obstrucción de la Justicia, encubrimiento y desobediencia tras demorar el ingreso policial al country durante allanamientos en el marco de una causa por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Política01 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
La justicia avanzó con firmeza: ayer, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vincentis por haber supuestamente facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, en los primeros días de la investigación que apunta a un entramado de corrupción entre el Gobierno y proveedores. El hecho golpea el corazón de un caso que ya sacude al oficialismo y deja al descubierto la red de protección que habría rodeado a los sospechosos.
El procesamiento recayó sobre De Vincentis bajo tres cargos: desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. Según la Justicia, cuando la Policía de la Ciudad llegó a Nordelta con una orden de allanamiento, el jefe de seguridad demoró intencionalmente la entrada al complejo. Esta maniobra habría permitido que Jonathan Kovalivker escapara de su residencia, mientras que su hermano Emmanuel era interceptado con millones de pesos en efectivo. El procedimiento fue clave para preservar la impunidad en los primeros momentos de la causa.
La acusación se sustenta en registros de los accesos y cámaras de seguridad del country, que muestran una sincronización inusual entre la demora en permitir la entrada policial y el momento exacto en que Kovalivker salió del barrio. Según consta en las imágenes, pocos minutos después de conocido el operativo, su auto era avistado abandonando el lugar.
Ante el juez, De Vincentis dijo haber actuado “por celo profesional” a pesar de estar de vacaciones, solicitando la verificación de las órdenes judiciales y confirmando que se trataba de policías. También entregó voluntariamente dos celulares con sus respectivas claves para facilitar las pericias.
El juez Casanello además impuso un embargo sobre los bienes de De Vincentis por valor de dos millones de pesos y admitió que remitiría la causa a un tribunal competente para la jurisdicción de Nordelta, ya que el country queda fuera de su jurisdicción directa.
Este procesamiento marca un antes y un después en la investigación por coimas en la ANDIS. La figura del jefe de seguridad, leída hasta ahora como un simple observador, queda ahora entrometido en la trama. Su actuación cuestionada frente al operativo expone la presencia de un sistema de contención dentro de las estructuras de poder. Ahora, la causa avanza y cada pieza parece mostrar que esta rama de la Justicia busca llegar hasta donde hoy todavía da sombra.
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