La Casa Rosada presentó una denuncia criminal por una “operación de inteligencia ilegal” que habría grabado conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios. Un juez ya ordenó suspender la difusión de esos audios, tildados como parte de una campaña desplegada en plena campaña electoral.
Política01 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
El Ejecutivo realizó una denuncia ante la Justicia Federal contra una maniobra que calificó como “espionaje ilegal con fines de desestabilización en campaña”. Según el portavoz Manuel Adorni, lo publicado no fue una filtración sino un ataque planificado, que implicó grabaciones clandestinas dentro de la Casa Rosada y manipulación de los contenidos para condicionar al Gobierno. Esa presentación judicial desencadenó una medida cautelar: un juez civil y comercial ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios. Aun así, circulaban desde el viernes pasado a través de una plataforma de streaming.
Según relataron desde el Ejecutivo, el objetivo de la maniobra no fue otra cosa que interferir en el proceso electoral, generando desinformación y debilitando la imagen presidencial. Entre los señalados como posibles responsables están periodistas, operadores judiciales y personas vinculadas al espionaje, aunque faltan pruebas concretas.
La filtración aparece en medio del escándalo por otras grabaciones previas, vinculadas a supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. En aquella ocasión, los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo implicaban a Karina Milei en negociaciones irregulares, lo que ya provocó allanamientos e investigaciones.
El Gobierno decidió tomar la iniciativa sobre el escándalo. Al denunciar un operativo de inteligencia ilegal e impedir la circulación de los audios, busca cambiar la narrativa, pasarse de víctima política y controlar el daño en un momento crucial de la campaña. Queda claro que algo más que una filtración: esto se parece a un mensaje con propósito.
El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
El gobernador bonaerense consiguió los votos necesarios para avanzar con el endeudamiento tras ceder espacios en organismos provinciales y habilitar la ampliación del directorio del Banco Provincia. Los nombres que suenan para ocupar los cargos explican cómo se destrabó un acuerdo político que dejó expuesta la fragilidad legislativa del oficialismo.
La asunción de los nuevos diputados agrupó escenas de tensión, confrontaciones simbólicas, gestos polémicos y un clima de choque entre bloques. Los libertarios celebraron su surgimiento como primera minoría mientras referentes de la oposición cuestionaron la falta de respeto y alertaron sobre el deterioro del clima institucional. La jura fue más que un acto protocolar: expuso las grietas políticas del país.
El incremento de fondos destinados a los organismos de inteligencia generó una nueva polémica en el Congreso. Mientras el Ejecutivo afirma que busca modernizar capacidades y fortalecer la seguridad nacional, legisladores opositores y expertos advierten sobre los riesgos de discrecionalidad, opacidad y uso político de la inteligencia. El tema vuelve a exponer una deuda histórica: la falta de controles reales sobre el sistema.
El gobernador bonaerense volvió a exigir el aval legislativo para contraer deuda y refinanciar vencimientos críticos. Aseguró que la provincia enfrenta un ahogo financiero deliberado y que sin la autorización peligra el pago a proveedores, municipios y áreas esenciales. La oposición plantea dudas, reclama transparencia y acusa al mandatario de intentar blindarse políticamente.
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