El Grupo Indalo expresó su rechazo a las denuncias contra Jorge Rial y Mauro Federico, interpretándolas como un intento de intimidación que atenta contra el periodismo independiente.
Política02 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
En medio de una crisis política marcada por filtraciones y filtraciones de audios que involucran a Karina Milei, el Grupo Indalo salió al paso con un fuerte comunicado. La empresa —propietaria de medios como C5N y Radio 10— denunció que el Gobierno, en lugar de responder institucionalmente a las presuntas irregularidades, está minando la raíz fundamental de la democracia: el derecho a informar.
El escrito del conglomerado empresarial calificó como “amedrentamiento” las acciones judiciales impulsadas contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron los polémicos audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. Indalo Media afirmó que esas denuncias, impulsadas desde el Poder Ejecutivo, buscan silenciar y censurar la labor periodística. A su vez, señaló que frenar la publicación de información de interés público no solo lastima el derecho a la información, sino que debilita los pilares del Estado de derecho.
La postura del grupo mediático incluyó una crítica directa al accionar judicial, cuestionando que aceptar estas medidas represivas arroja una sombra sobre el rol del periodismo, comprometiendo su función de control frente al poder. Indalo reafirmó su compromiso con un periodismo responsable y de calidad, y se ofreció a colaborar en un eventual proceso judicial dentro del debido marco de garantías.
El respaldo de Indalo a Rial y Federico traza una línea clara de defensa de la libertad de prensa. En un momento donde la campaña política tensiona las fronteras entre Estado y medios, este gesto simboliza la resistencia de quienes consideran que silenciar no es una opción. La decisión abre una nueva etapa de confrontación democrática: ¿más transparencia o silencio institucional?
La vicepresidenta fue recibida en una planta de neumáticos por sindicalistas que criticaron al Gobierno por su política de erosión de empleos.
El expresidente Mauricio Macri permanece ausente de la campaña local justo cuando escalan los escándalos de corrupción y la violencia contra la comitiva presidencial.
Gabriel Katopodis, candidato y ministro bonaerense, recibió el pedido de retirarse mientras distribuía folletos en la estación de tren Caseros. El hecho generó repudio en redes y sospechas sobre injerencia política.
El periodista Eduardo Preve, desde Uruguay, anunció que difundirá nuevos audios relacionados con el escándalo de presuntas coimas, a pesar del fallo judicial argentino que prohíbe su difusión.
Diversos referentes opositores rechazaron enérgicamente el fallo del juez Maraniello, al considerar que quebranta la libertad de prensa con una medida que no tiene fecha de vencimiento.
La cartera de Seguridad presentó una denuncia penal contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por su rol en la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Ambos salieron a responder con indignación: calificaron la medida de amenaza y atentado a la libertad de prensa.
La violencia simbólica precede a la violencia física, dijo Pierre Bourdieu. Lamentablemente, gran parte del siglo XXI en nuestro país ha sido la confirmación de lo que el sociólogo francés advirtió a fines del siglo XX.
Las denuncias por coimas en la ANDIS, la trama con la droguería Suizo Argentina y los audios filtrados salpican al oficialismo. En paralelo, Macri mueve fichas en el PRO y Cristina reaparece en un gesto simbólico, mientras la figura presidencial enfrenta su momento más crítico.
Los remanentes del tifón Kajiki desataron lluvias intensas que provocaron inundaciones relámpago en varias provincias del norte de Tailandia, dejando al menos una víctima fatal y más de medio millar de personas afectadas por deslizamientos, viviendas anegadas y daños agrícolas.
Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán durante la noche del domingo y dejó más de 800 muertos y miles de heridos. Equipos de rescate, residentes y fuerzas de seguridad trabajan sin pausa para salvar vidas entre los escombros y atender a los damnificados.
La Casa Rosada presentó una denuncia criminal por una “operación de inteligencia ilegal” que habría grabado conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios. Un juez ya ordenó suspender la difusión de esos audios, tildados como parte de una campaña desplegada en plena campaña electoral.