Alejandra Larrea
Milei firmó este miércoles su veto a la Ley de Financiamiento Universitario (Norma 27.795), recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso. La normativa establecía que los gastos de funcionamiento, salarios, infraestructura y becas de las universidades públicas se ajustaran automáticamente de acuerdo al índice inflacionario, además de reabrir las negociaciones paritarias para docentes y no docentes.
El Ejecutivo justificó el veto aduciendo que la ley implica un costo fiscal considerado insostenible para el presupuesto actual, que las fuentes de financiamiento planteadas son poco concretas y que podría comprometer el equilibrio fiscal. Además, señalaron que no se detallan los mecanismos de ejecución de los ajustes planteados, especialmente en contextos de tensión inflacionaria y contracción económica.
La ley había sido aprobada con amplio apoyo legislativo, especialmente en Diputados, pero no con mayoría calificada (dos tercios), lo que ahora obliga a la oposición a reunir ese umbral constitucional para poder insistir en la sanción pese al rechazo presidencial.
Tras conocerse el veto, la comunidad universitaria expresó su rechazo. Rectores, decanos, sindicatos docentes y estudiantes manifestaron su preocupación por el impacto que la medida tendrá en las condiciones laborales, la calidad educativa y el funcionamiento de las instituciones. Se espera que haya acciones de protesta y que se convoquen sesiones especiales en el Congreso para debatir la posibilidad de derogar el veto.
El veto se suma a otras leyes también vetadas recientemente —como la emergencia en pediatría o transferencias de ATN— generando tensiones crecientes entre el Gobierno y sectores que exigen mayores recursos para salud, educación y ciencia. El desenlace de este conflicto tendrá implicancias políticas importantes de cara a las elecciones, ya que pone en juego la capacidad del Ejecutivo para imponer su agenda económica bajo restricciones legislativas.
