Alejandra Larrea
El acuerdo firmado por Hugo Moyano establece una suba escalonada para el período de septiembre a febrero de 2026: 1,2 % en septiembre, 1,1 % en octubre y 1 % mensual en noviembre, diciembre, enero y febrero. En total, los salarios del sector crecerán un 3,3 % en medio año, en un escenario donde la inflación acumulada supera ampliamente esa cifra.
Desde el Ejecutivo se presentó el entendimiento como una señal de estabilidad y responsabilidad sindical, destacando que el gremio camionero se alineó a la estrategia oficial de contención de costos y moderación de demandas salariales. El Gobierno lo interpreta como un gesto político en medio de la tensión con otros sectores sindicales y tras el rechazo de distintos gremios a los vetos presidenciales recientes.
Dentro del sindicato, la paritaria generó ruido. Aunque algunos dirigentes la defendieron como una apuesta a la gobernabilidad, muchos trabajadores plantearon que el acuerdo no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada y que la caída del salario real se profundizará si los precios continúan por encima de lo pautado.
Moyano, que históricamente se mostró como un dirigente confrontativo, optó por una estrategia más pragmática, acercándose al Gobierno en un momento de debilidad política para el oficialismo. Este cambio de tono fue interpretado por analistas como un movimiento táctico: ganar espacio de negociación futura a cambio de un gesto de buena voluntad en el corto plazo.
La firma de la paritaria camionera se convirtió en uno de los hechos políticos de la semana, no solo por lo salarial, sino por el impacto simbólico en la relación entre el sindicalismo y la Casa Rosada.
