Alejandra Larrea
Javier Milei firmó durante la tarde del jueves el decreto que veta la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recientemente sancionada por el Congreso. Esa norma establecía que los fondos ATN, que actualmente son discrecionales para el Ejecutivo, se repartirían automáticamente entre las provincias según criterios similares a los de la coparticipación. El decreto presidencial fue publicado en el Boletín Oficial en la madrugada siguiente.
El veto desató una nueva etapa de tensión federal. Gobernadores opositores y algunos aliados habían apoyado la ley en el Congreso reclamando que los ATN sean distribuidos con transparencia y sin dilaciones, especialmente en un contexto de emergencia económica donde varias provincias arrastran déficits financieros, deudas y falta de liquidez. El Ejecutivo, en cambio, sostiene que la medida comprometería el equilibrio fiscal y que la discrecionalidad de los fondos es necesaria para cubrir emergencias o situaciones imprevistas.
El bloque de oposición considera que el veto es contradictorio con las señales de apertura formal al diálogo que Milei había impulsado tras las elecciones bonaerenses, y lo perciben como un retroceso en su estrategia de recomposición de relaciones con los gobernadores. En esa línea, señalan que el presidente del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, estaban encargados de recomponer esos vínculos justo cuando el nuevo reglamento de ATN parecía una de las principales demandas provinciales.
Por estas horas, el futuro de la ley está en manos del Senado. Si la oposición logra reunir los dos tercios de los votos en la Cámara Alta, podrá rechazar el veto y revalidar la norma tal como la aprobó el Congreso. Algunos gobernadores ya anunciaron que movilizarán recursos legislativos para lograr ese resultado y restituir el reparto automático de ATN.
El veto a la ley de ATN se suma a una serie de decisiones presidenciales recientes en materia legislativa: vetos previos a leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, todos ellos con fuerte rechazo institucional. Cada una de esas acciones alimenta la percepción de que el Ejecutivo prioriza la contención del gasto sobre el cumplimiento de normativas promovidas por oposición y provincias.
