Alejandra Larrea
Las inundaciones que azotaron a Bahía Blanca en marzo dejaron un saldo devastador: barrios enteros bajo el agua, familias evacuadas y pérdidas materiales que aún no pudieron ser compensadas. En aquel momento, el Congreso reaccionó sancionando una ley de emergencia que preveía un fondo extraordinario de 200.000 millones de pesos para atender la situación con medidas concretas. Ese paquete incluía subsidios directos, créditos blandos para comerciantes y productores, exenciones impositivas, y la ejecución de obras de infraestructura para mitigar futuras catástrofes.
La decisión del Ejecutivo fue rechazar esa iniciativa. El presidente vetó la norma argumentando que ya existía un instrumento legal que contemplaba medidas de asistencia: el programa denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). Según la explicación oficial, duplicar fondos en paralelo carecía de sentido y podía comprometer el equilibrio presupuestario.
Sin embargo, el contraste más fuerte surge en los números. Mientras la ley preveía 200.000 millones de pesos, el Ejecutivo admitió que hasta el momento se han transferido apenas 100.000 millones, la mitad del monto previsto originalmente. Esa diferencia reavivó el malestar en los barrios afectados, donde muchas familias denuncian que aún no recibieron ayuda o que los subsidios fueron insuficientes para reparar viviendas y recuperar enseres básicos.
La polémica también escaló a nivel político. Intendentes y legisladores opositores cuestionaron el veto presidencial, advirtiendo que las medidas incluidas en el decreto no alcanzan a cubrir la magnitud de los daños ni contemplan los beneficios fiscales previstos en la ley vetada. Para ellos, la decisión implica una señal de ajuste en un contexto donde los damnificados siguen sin respuestas concretas.
En paralelo, técnicos de la municipalidad remarcaron que las obras de infraestructura previstas —desde la limpieza y ampliación de canales hasta la construcción de defensas— siguen demoradas y carecen de financiamiento claro. La falta de avances aumenta el riesgo de que nuevas lluvias intensas vuelvan a generar inundaciones similares.
El gobierno, por su parte, sostiene que la ayuda continúa en marcha y que las transferencias ya realizadas alcanzaron a miles de familias, aunque admite que la liberación de fondos depende de cuestiones administrativas y de disponibilidad fiscal. El Ejecutivo insiste en que el SUR es un mecanismo suficiente y que duplicar partidas mediante otra ley hubiera sido innecesario y riesgoso.
La tensión refleja la brecha entre las expectativas generadas por la sanción legislativa y la política de control del gasto aplicada por el Ejecutivo. En el medio, la comunidad de Bahía Blanca y localidades vecinas sigue a la espera de una asistencia más amplia y de obras que den garantías frente a nuevas emergencias.
Por ahora, la reconstrucción avanza a ritmo lento, con ayuda parcial y reclamos que se acumulan en cada barrio. Lo que quedó en evidencia es que, más allá de los anuncios, el Estado decidió reducir a la mitad el esfuerzo económico previsto para una de las catástrofes más graves que sufrió la región en los últimos años.
