Alejandro Cabrera
La presentación del Presupuesto 2026 dejó una doble lectura: por un lado, Javier Milei aseguró que sectores como la educación, la salud, las jubilaciones y la discapacidad serían prioridades, con aumentos “reales” por encima de la inflación. Por otro, los números oficiales y las estimaciones del propio Congreso y especialistas muestran que, más allá del discurso, los montos proyectados se quedan cortos frente a lo que exige la ley o a lo que los distintos sistemas necesitan para recuperar el terreno perdido.
En su discurso del lunes, Milei habló de un incremento real del 8 % en educación, del 17 % en salud, y del 5 % en jubilaciones y pensiones por discapacidad. Además, prometió fondos específicos para las universidades nacionales y defendió la disciplina fiscal como condición imprescindible para el crecimiento. Pero la comparación con las cifras efectivas del proyecto y las demandas sociales expone una brecha que abre una nueva polémica.
En el caso de la educación, el aumento anunciado del 8 % es insuficiente para alcanzar el piso histórico del 6 % del PBI que fija la Ley de Financiamiento Educativo. Según estimaciones, con el presupuesto proyectado el gasto en el área apenas rondaría el 0,75 % del PBI, muy lejos de lo exigido por la norma. Además, las universidades recibirían 4,8 billones de pesos, cuando los rectores calculan que necesitan al menos 7,3 billones para garantizar un funcionamiento normal. En este punto, la contradicción entre el discurso presidencial y la letra del presupuesto es evidente.
En salud, Milei destacó que el presupuesto crecerá un 17 % por encima de la inflación. Esa cifra, de cumplirse, sería significativa. Sin embargo, los vetos recientes a leyes de financiamiento hospitalario como la emergencia pediátrica o el Garrahan despiertan dudas sobre la ejecución real de esos recursos. Los hospitales públicos arrastran déficits de infraestructura y personal que no se resuelven solo con un incremento nominal en las partidas.
En el capítulo de jubilaciones, el 5 % de aumento real parece insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo. Si bien el Gobierno defiende que se trata de un avance en línea con el equilibrio fiscal, lo cierto es que la inflación proyectada y los ajustes previos dejan a los adultos mayores en una situación delicada. Sin recomposición plena de lo perdido en años anteriores, la promesa de prioridad se diluye en la práctica.
En cuanto a la discapacidad, el proyecto contempla un aumento también del 5 % para las pensiones. Pero el dato clave es que el número de beneficiarios se reduciría a partir de auditorías y verificaciones. Así, aunque quienes mantengan la pensión recibirán algo más, muchos otros podrían perder el beneficio, con un recorte neto del sistema en términos de cobertura.
El caso de las universidades merece un párrafo aparte. El Gobierno asigna 4,8 billones de pesos, lo que representa un aumento nominal de alrededor del 13 %. Sin embargo, las autoridades universitarias advierten que se necesita al menos un 40 % más para sostener la enseñanza, la investigación y los salarios docentes. Aquí, la diferencia entre lo prometido y lo proyectado alimenta el conflicto político y social, en un sector que ya viene movilizado en defensa de sus recursos.
La estrategia del oficialismo combina mensajes de sensibilidad social con la defensa del déficit cero. Milei insiste en que “no habrá crecimiento sin equilibrio fiscal”, pero el costo de esa prioridad parece recaer sobre áreas que, según sus propios dichos, deberían ser intocables. El Congreso y la calle ya mostraron resistencia: la insistencia legislativa en reponer fondos para el Garrahan y las universidades refleja que la disputa trasciende lo técnico y se convierte en un choque político de fondo.
En definitiva, el Presupuesto 2026 revela una contradicción estructural: Milei declara que educación, salud, jubilaciones y discapacidad son prioridad, pero los números y las proyecciones muestran que el ajuste sigue estando por encima de esas promesas. La discusión parlamentaria, sumada a la presión social, marcará si esas prioridades se convierten en hechos o quedan como slogans de campaña en medio de la motosierra fiscal.
