La Casa Rosada formalizó la Ley de Emergencia en Discapacidad y, al mismo tiempo, dejó su aplicación en suspenso hasta que el Congreso defina cómo financiarla. El Ejecutivo movió piezas presupuestarias para reforzar a la ANDIS y atender, desde octubre, reclamos de prestadores mientras la norma no corre plenamente.
Política22 de septiembre de 2025
Alejandra Larrea
La señal política quedó clara: el Gobierno acató la insistencia del Congreso y promulgó la Emergencia en Discapacidad, pero estableció que no habrá implementación hasta que se incorporen los fondos específicos en el Presupuesto. En paralelo, ejecutó una readecuación de partidas para dar oxígeno inmediato a áreas críticas del sistema.
El doble movimiento —promulgación con freno y giro de recursos de corto plazo— ordena el tablero: la ley existe, pero su despliegue operativo depende de la discusión presupuestaria. En el medio, el Ejecutivo busca atenuar el conflicto con prestadores y garantizar servicios esenciales a personas con discapacidad sin perforar su ancla fiscal.
La norma declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y rediseña piezas sensibles del sistema: crea la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, unifica criterios de aranceles y actualizaciones, y prevé una compensación extraordinaria a prestadores por la brecha entre aumentos de 2023/24 y la inflación. También ordena auditorías con debido proceso y accesibilidad, y la publicación anual de datos de ejecución y beneficiarios.
El punto neurálgico es el financiamiento. El Gobierno dejó asentado que los costos proyectados —entre cobertura médica de titulares de pensiones, la compensación de emergencia y la nueva pensión— exigen créditos adicionales y fuentes explícitas. Sin partidas votadas, la ejecución queda suspendida por norma presupuestaria: la pelota vuelve al Congreso en el marco del debate del Presupuesto.
La ingeniería administrativa de corto plazo apareció por otra vía: una decisión de Jefatura de Gabinete que incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y compensa con una reducción en Obligaciones del Tesoro. El objetivo operativo es atender, desde el 1° de octubre, la actualización reclamada por prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, mientras la ley aguarda su llave de financiamiento.
En términos técnicos, la ley ordena que los aranceles del sistema sean iguales para todas las entidades obligadas y que su actualización mensual siga el índice de movilidad vigente. Para el Gobierno, cumplir esa manda sin un refuerzo presupuestario integral implicaría desfinanciar otras funciones estatales; por eso empuja a que el capítulo de discapacidad se negocie dentro de la ley de leyes.
Otra pieza que introduce la norma es la transformación automática de las pensiones no contributivas otorgadas por la ANDIS al nuevo régimen de Protección Social, con la agencia como autoridad de aplicación y la obligación de simplificar trámites y facilitar el acceso al Certificado Único de Discapacidad. El rediseño busca achicar cuellos de botella administrativos y dar previsibilidad al circuito de pagos.
El contexto político importa: el veto presidencial fue revertido por mayorías especiales en Diputados y Senado. Esa secuencia obligó a promulgar; pero el Ejecutivo se apoya en la letra presupuestaria para postergar la ejecución. Así, el cumplimiento formal convive con un condicionante fiscal que traslada el conflicto a la discusión presupuestaria y a la búsqueda de fuentes.
¿Qué cambia mañana para las familias y prestadores? En lo inmediato, la señal es presupuestaria: habrá refuerzo de ANDIS y actualización para prestadores a partir de octubre. Lo estructural —nueva pensión, compensación de emergencia completa y aranceles con movilidad— quedará supeditado a la sanción de partidas específicas. Hasta entonces, rigen los programas vigentes y las readecuaciones parciales.
El calendario marca la cancha: el Congreso tiene sobre la mesa el proyecto de Presupuesto y, dentro de ese expediente, deberá definir las fuentes para la ejecución de la emergencia. Si esas partidas se incorporan y aprueban, la ley queda habilitada; si no, el esquema seguirá en stand by y con parches administrativos.
En el mientras tanto, los ministerios y la ANDIS deberán traducir la readecuación de créditos en mejoras concretas de cobertura y pagos, con foco en regularizar atrasos y sostener prestaciones esenciales. La implementación efectiva del nuevo andamiaje legal —con pensiones, compensaciones y movilidad plena— dependerá de una decisión política medible en la planilla presupuestaria.
El desenlace se jugará, entonces, en dos planos: el técnico (partidas, fuentes y ejecución) y el político (capacidad de tejer los votos para blindar el capítulo discapacidad en el Presupuesto). La emergencia está promulgada; su vida real empieza cuando aparezcan los recursos.
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