
Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner
Alejandra Larrea
Después de más de un año y medio de audiencias, el Tribunal Oral Federal N.º 6 de Comodoro Py dio a conocer la sentencia por el intento de asesinato de la expresidenta y entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
El tribunal —integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari— resolvió condenar a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y a Brenda Uliarte a 8 años como partícipe necesaria del delito. En tanto, Nicolás Carrizo, señalado como presunto instigador, fue absuelto por falta de pruebas suficientes.
La lectura del fallo se realizó en una audiencia breve pero de alto impacto político y mediático. Los jueces consideraron acreditado que Sabag Montiel fue quien apuntó y gatilló un arma de fuego calibre .32 Bersa Thunder contra Fernández de Kirchner, aunque el proyectil no salió. Uliarte, según la sentencia, participó de la planificación previa y acompañó a su pareja en los preparativos del ataque.
Un juicio seguido paso a paso
El proceso judicial comenzó a principios de 2024, con más de 80 testigos, decenas de peritajes y pericias técnicas sobre el arma, los teléfonos celulares incautados y las grabaciones de seguridad del lugar.
Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que Sabag Montiel y Uliarte actuaron motivados por odio político y en un contexto de radicalización creciente. En su defensa, ambos intentaron desligarse de los hechos y aseguraron no haber tenido intención de matar.
Las pruebas técnicas —entre ellas las pericias balísticas y los mensajes recuperados de los celulares— resultaron determinantes. El tribunal destacó que existió “planificación y voluntad inequívoca de matar”, aunque el atentado fracasó por un desperfecto en el arma.
La reacción política y social
Tras conocerse la sentencia, el clima político se tensó nuevamente. Dirigentes de distintos espacios valoraron la decisión del tribunal como una señal institucional en favor del Estado de Derecho, mientras que sectores afines a los condenados insistieron en que el proceso tuvo sesgos políticos.
El fallo llega en un momento de fuerte polarización, y el caso fue seguido con atención internacional por su carga simbólica: un intento de magnicidio en democracia.
Cristina Fernández de Kirchner no asistió a la audiencia, pero su entorno aseguró que fue notificada del veredicto. Desde el kirchnerismo se subrayó que la condena “ratifica la existencia de un hecho que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta y alteró el clima político nacional”.
El futuro judicial del caso
Los fundamentos del fallo se conocerán el 9 de diciembre, fecha a partir de la cual las defensas podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Tanto los abogados de Sabag Montiel como los de Uliarte anticiparon que recurrirán la sentencia, por lo que el proceso judicial aún no está cerrado.
El tribunal ordenó que ambos condenados continúen detenidos en establecimientos federales, mientras se tramitan las apelaciones.
Por su parte, Nicolás Carrizo —el tercer imputado y jefe del grupo conocido como “los copitos”— quedó en libertad al ser absuelto de todos los cargos.
Un episodio que marcó la historia reciente
El atentado frustrado contra Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los hechos más conmocionantes desde el retorno de la democracia en 1983.
El episodio ocurrió cuando la entonces vicepresidenta saludaba a militantes frente a su domicilio, y Sabag Montiel apuntó el arma a pocos centímetros de su rostro. El disparo no salió, lo que evitó una tragedia.
Las imágenes del ataque recorrieron el mundo y derivaron en una causa judicial que expuso debates sobre discurso de odio, violencia política y los límites de la convivencia democrática.
Con la sentencia de hoy, el Poder Judicial da por probado el intento de asesinato, aunque el caso seguirá su recorrido procesal por las apelaciones que seguramente se presentarán en los próximos meses.


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