Alejandra Larrea
En respuesta a la denuncia formulada por Facundo Manes, Martín Menem aseguró que las acusaciones son “falsas” y negó haber proferido amenazas en ningún pasillo del Congreso. Caracterizó el reclamo de su colega como un acto con intención mediática: “Le gusta la cámara”, afirmó, al tiempo que exigió que la acusación se pruebe en sede judicial.
Menem sostuvo que en el intercambio entre ambos hubo diferencias políticas, pero que en ningún momento existió intimidación. También pidió que el foco no se desvíe hacia turbulencias personales y que la actividad parlamentaria retome su cauce normal con respeto institucional.
La réplica ocurrió en el recinto: aliados de Manes salieron al cruce reclamando garantías de funcionamiento y apelando a una interna de cortesía que, según ellos, el episodio quebrantó. Varios diputados propusieron convocar a la Comisión de Disciplina parlamentaria para evaluar responsabilidades en el Congreso.
Esta nueva versión del episodio abre un dilema institucional: si las declaraciones de ambos se reducen a versiones contrapuestas, la disputa quedará en manos del Poder Judicial y del Senado como cámara revisora de posibles sanciones internas.
El hecho no es menor: cuando actores institucionales cruzan acusaciones graves, no solo se tensiona la agenda política, sino que también se pone en juego la dignidad del debate parlamentario. Este episodio hunde raíces en un clima ya marcado por la fragmentación política y agrava la dificultad para consensos dentro del poder legislativo.
