La contracción del empleo formal en el sector privado alcanzó en julio su séptimo mes consecutivo, consolidando una pérdida de más de 169.000 puestos desde la asunción del nuevo gobierno. La falta de inversión, la recesión y la caída del consumo son los principales factores detrás de una dinámica que amenaza con prolongarse.
Economía15 de octubre de 2025
Alejandro Cabrera
Desde el primer mes de la nueva gestión, se observaron señales de enfriamiento. Las empresas comenzaron a reducir su personal ante la caída de la actividad y la incertidumbre cambiaria, junto a la suspensión de obras públicas, la restricción del crédito y la caída del consumo interno. Durante el primer semestre, esta tendencia se reafirmó y, en julio, las estadísticas confirmaron lo que los sindicatos habían advertido: el empleo privado sigue cayendo.
La pérdida acumulada de 169.300 puestos de trabajo formal representa más del 2% de los empleos registrados en el país, un dato alarmante considerando que el número total de asalariados privados es de aproximadamente ocho millones. Lo más inquietante es que esta tendencia no parece haberse detenido. Las proyecciones de agosto indican nuevas caídas en sectores clave como el comercio y la manufactura, afectados por la disminución del consumo y las importaciones.
Este retroceso laboral también sugiere un cambio en las estrategias de las empresas. Muchas que en 2023 decidieron mantener su plantilla ante la crisis ahora están ajustando costos para sobrevivir. Algunas pymes han cerrado, otras han recortado turnos o han trasladado empleados a modalidades de medio tiempo. Los despidos no están limitados a un solo sector, afectando a industrias como la metalmecánica, textil, alimentaria, tecnológica y de servicios profesionales.
Existen múltiples causas detrás de este deterioro que interactúan y se retroalimentan. En primer lugar, la recesión económica en curso, con un PBI que se estima ha caído cerca del 4% anual. Esto agrava la pérdida de poder adquisitivo del salario real, lo que restringe la demanda y reduce las ventas. Frente a ingresos decrecientes y costos crecientes, los empresarios optan por ajustar su personal.
Además, la falta de inversión productiva también es un factor clave. El crédito privado sigue siendo limitado y, aunque las tasas de interés reales son más bajas que en 2024, siguen siendo elevadas. Sin un marco de previsibilidad, muchas empresas han pospuesto proyectos de expansión y han restringido contrataciones.
A esto se suma un componente político e institucional. Las reformas económicas propuestas, centradas en la reducción del gasto público y la desregulación de ciertos sectores, han tenido un impacto inmediato en la obra pública y en las transferencias a provincias. La paralización de proyectos de infraestructura ha dejado a miles sin empleo directo o indirecto en la construcción, uno de los sectores más intensivos en mano de obra.
Por último, las reformas normativas, como la eliminación de indemnizaciones tradicionales o la flexibilización de convenios, generan incertidumbre en el mercado laboral. Los empresarios esperan definiciones, mientras que los sindicatos se oponen a medidas que consideran que "legalizan la precariedad". En este limbo, las decisiones de contratación permanecen estancadas.
La caída del empleo privado no se distribuye de manera equitativa. Tres sectores son los más afectados: construcción, industria y comercio.
La construcción fue la primera en sufrir. La abrupta parada de la obra pública dejó a decenas de miles de trabajadores sin empleo. Esto se agravó con la caída en la demanda de materiales y el aumento de costos. Según estimaciones del sector, se han perdido más de 60.000 empleos formales desde diciembre.
La situación en la industria es más variada, pero igualmente negativa. Las fábricas automotrices han reducido su producción, muchas empresas de textiles han cerrado, y la industria metalmecánica se ha visto afectada por la falta de insumos y crédito. La producción industrial ha caído más del 5% en comparación con el año anterior, lo que ha impactado directamente en las nóminas.
En el comercio, la situación es igualmente sombría. Las grandes cadenas están reduciendo personal mediante retiros voluntarios, mientras que los pequeños comercios cierran sus puertas. La caída del consumo, que supera el 10% interanual en varios rubros, ha dejado un entorno desolador en los centros urbanos y comerciales.
A medida que disminuye el empleo asalariado formal, aumentan también los registros de trabajadores independientes, monotributistas y freelancers. Este fenómeno tiene dos lecturas: por un lado, refleja la capacidad de adaptación de las personas en búsqueda de ingresos alternativos; por otro, evidencia el deterioro estructural de la calidad del empleo.
Muchos de estos nuevos monotributistas eran anteriormente asalariados que se han "reconvertido" para facturar como prestadores o mantener un ingreso mínimo. Otros se han integrado al circuito de trabajos por aplicaciones. Este nuevo panorama laboral ofrece flexibilidad, pero también precariedad: carece de aguinaldo, vacaciones y aportes jubilatorios.
La informalidad va en aumento; se estima que cerca del 38% de los trabajadores argentinos se encuentra fuera del sistema formal, lo que implica menor recaudación y protección social, creando un círculo vicioso difícil de revertir.
Los sindicatos observan la situación con creciente preocupación. La CGT adopta una postura expectante, aunque ya ha advertido que la pérdida de empleo "cruza líneas rojas". En sectores como la construcción y la industria textil, los sindicatos han denunciado despidos masivos y suspensiones, mientras las negociaciones paritarias se ven desbordadas por la inflación acumulada.
El Gobierno, por su parte, busca transmitir calma afirmando que la economía ha tocado fondo y que los primeros signos de recuperación se verán en el último trimestre del año, impulsados por la estabilización cambiaria, la reducción de la inflación y la recuperación del crédito. No obstante, analistas independientes opinan que, de materializarse ese repunte, no se traducirá de inmediato en la creación de empleo formal.
El impacto social es inminente. Cada disminución mensual en el empleo formal se traduce en menor poder adquisitivo y mayor presión sobre la asistencia pública. En barrios populares y ciudades medianas, la pérdida de empleos en la industria y la construcción se siente con fuerza, resultando en una mayor cantidad de trabajadores pobres, más economías de subsistencia y menos movilidad social.
La administración enfrenta un dilema complicado. Su programa económico se basa en el ajuste del gasto, la disciplina fiscal y la estabilización monetaria. Sin embargo, estas mismas medidas, necesarias para frenar la inflación, generan un efecto contractivo en la actividad y el empleo. La esperanza oficial es que, una vez logrado el orden macroeconómico, el sector privado comience a absorber mano de obra y crear nuevos puestos.
No obstante, para que esto ocurra se requieren condiciones que actualmente no existen: crédito accesible, certidumbre jurídica, recuperación del consumo y un clima político estable. La confianza de los inversores depende tanto de los resultados económicos como de la gobernabilidad. A pesar de que los mercados celebran la reducción del déficit, los costos sociales del ajuste podrían erosionar la base de apoyo político.
En este marco, el empleo se convierte en la variable más sensible. La caída de puestos formales afecta la recaudación, complica las finanzas de la seguridad social y tensa las relaciones laborales. La gran incógnita es si el país podrá sostener un ajuste prolongado sin desestabilizar el tejido productivo.
El desempleo no afecta de igual manera a todas las provincias. Aquellas con fuerte presencia industrial o que dependen de la obra pública, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, son las más impactadas. En contraste, regiones con economías basadas en la producción primaria, como el norte patagónico o ciertas áreas agrícolas del Litoral, resisten mejor gracias al impulso exportador.
Esta desigualdad territorial también genera tensiones políticas. Gobernadores y legisladores presionan para reactivar programas de empleo y subsidios a sectores afectados. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido mantener su línea de austeridad, con el lema: primero el equilibrio, luego el crecimiento.
Este no es el primer proceso de destrucción de empleo privado que atraviesa Argentina tras un cambio de gobierno. En 2016 sucedió algo similar con despidos en la administración pública y una caída inicial en el empleo formal que luego se contuvo. Sin embargo, hoy la recesión es más profunda y carecemos de amortiguadores externos.
A diferencia de aquel entonces, Argentina no cuenta actualmente con financiamiento internacional abundante ni un ciclo de commodities en alza. El margen de maniobra es menor y la recuperación depende en gran medida de un rebote interno. Por ello, cada puesto de trabajo perdido requerirá más tiempo y recursos para ser recuperado.
Los economistas alertan que, incluso si la economía creciera en 2026, la recuperación del empleo formal podría demorar entre 12 y 18 meses. El reto es cómo mantener la estabilidad política y social hasta entonces.
El proceso actual puede caracterizarse como un "ajuste asimétrico": los costos sociales se manifiestan más rápidamente que los beneficios económicos. Aunque la inflación muestra signos de desaceleración, el desempleo sigue en aumento. Mientras las reservas incrementan y el tipo de cambio se estabiliza, la actividad interna se enfría. La consolidación fiscal, apoyada por los mercados, viene acompañada de un debilitamiento del tejido productivo.
Los analistas coinciden en que el próximo semestre será crucial. Si el Gobierno logra estabilizar la inflación y exhibir un crecimiento sostenido, la recuperación del empleo podría iniciarse a mediados del año siguiente. Sin embargo, si la recesión persiste y el consumo no repunta, la presión social se tornará insostenible.
La dinámica del empleo será un termómetro del éxito o fracaso del programa económico. Más allá de las cifras fiscales o del tipo de cambio, lo que define la percepción pública es la capacidad de conseguir y mantener un empleo.
En los próximos meses, el Gobierno tiene planes para anunciar incentivos fiscales destinados a la contratación de jóvenes y beneficios para pymes que integren personal registrado. Estas medidas pueden aliviar el impacto, pero no revertirán la tendencia por sí solas. La recuperación, si se produce, dependerá de un cambio más amplio en las expectativas: confianza, crédito y un aumento en el consumo interno.
Por el momento, los 169.300 empleos perdidos representan una señal de alarma que afecta a todos los sectores. No se trata solo de números: detrás de cada cifra hay una familia que ha perdido sus ingresos, una empresa que ha cerrado y un país que sigue buscando ese equilibrio entre estabilidad y empleo.
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