El gobierno bonaerense advirtió que la apertura comercial acordada entre Argentina y Estados Unidos impactará directamente en el empleo industrial provincial. La respuesta llegó horas después del anuncio oficial y expuso un nuevo frente de tensión entre Axel Kicillof y la Casa Rosada.
Economía14 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
La reacción del gobierno de Axel Kicillof fue inmediata. Apenas el Ejecutivo nacional confirmó el nuevo esquema de apertura comercial con Estados Unidos, desde La Plata acusaron recibo: el acuerdo “pega de lleno en la Provincia” y anticipa un reacomodamiento profundo en sectores industriales estratégicos, especialmente aquellos que dependen de niveles altos de protección para competir con productos norteamericanos.
En el entorno del gobernador venían siguiendo con preocupación los avances en el vínculo bilateral. La señal del anuncio fue suficiente para encender las alarmas. La advertencia de Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense, no solo buscó dimensionar el impacto económico: también marcó una posición política clara frente a un acuerdo que la Provincia considera inconsulto, apresurado y riesgoso.
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La Provincia de Buenos Aires representa más del 50% de la producción industrial del país, con miles de pequeñas y medianas empresas que dan empleo a cientos de miles de trabajadores. Por eso, cualquier modificación sustancial en el esquema comercial nacional repercute de manera directa en los niveles de actividad, inversión y empleo del territorio bonaerense. En esta ocasión, la preocupación se focaliza en dos puntos concretos: la apertura a productos industriales estadounidenses y la falta de mecanismos transitorios de protección.
En la visión de La Plata, el acuerdo apunta a eliminar barreras no arancelarias, simplificar certificaciones y permitir el ingreso de bienes industriales y tecnológicos norteamericanos sin los controles y requisitos exigidos hasta ahora. Para la administración de Milei, esto significa atraer inversiones, reducir costos y favorecer la competitividad. Para la Provincia, en cambio, implica una pérdida súbita de terreno para empresas locales que no podrían igualar escalas de producción, financiamiento ni tecnología.
El mensaje de Costa fue explícito: la medida puede provocar una “destrucción de empleo” en ramas como metalmecánica, autopartes, química, farmacéutica y equipamiento eléctrico, todas con fuerte presencia en el conurbano y en los polos industriales del interior provincial. La inquietud incluye también a los encadenamientos productivos: menos producción industrial significa menos transporte, menos logística, menos servicios complementarios y menor consumo interno.
La gobernación también cuestionó el modo en que se avanzó. Aseguran que las provincias productoras —particularmente Buenos Aires— no fueron consultadas de manera formal antes de anunciar los lineamientos del pacto. La crítica encierra una disputa política de fondo: Kicillof considera que decisiones estratégicas de comercio exterior deben discutirse con los territorios que absorben las consecuencias directas de esos cambios.
Otro punto sensible es la apertura recíproca en materia agroindustrial. La habilitación para que ciertos productos alimentarios y animales estadounidenses entren al país podría modificar precios relativos y desplazar segmentos de la producción local. Aunque los detalles finales del acuerdo todavía no fueron publicados, las señales enviadas desde Washington y Buenos Aires permiten inferir un escenario de liberalización acelerada.
La lectura política en el peronismo bonaerense es clara: el acuerdo es coherente con la estrategia del Gobierno nacional de avanzar hacia una economía más abierta, menos regulada y con presencia estatal reducida. En ese marco, la Provincia interpreta que las medidas no contemplan amortiguadores ni políticas activas para sostener la transición.
En paralelo, desde el Gobierno nacional sostienen que el pacto generará oportunidades para sectores como la carne, el litio, la energía y ciertas manufacturas que podrían ingresar al mercado estadounidense con menos cargas y certificaciones. La ambición oficial es reposicionar a la Argentina como un proveedor confiable en cadenas globales de valor lideradas por Washington.
El contraste entre ambas visiones revela una tensión estructural que se repite en la política argentina: los intereses divergentes entre un modelo de apertura rápida y una estructura industrial históricamente protegida. El acuerdo con Estados Unidos reactualiza ese dilema en un momento en el que la economía provincial ya está golpeada por recesión, caída del consumo y contracción del empleo.
Algunas cámaras empresarias del cordón industrial ya manifestaron preocupación por la falta de detalles y la velocidad del anuncio. La incertidumbre complica planes de inversión, planificación de precios, compras de insumos y compromisos de exportación. El empresariado reclama previsibilidad, mientras que los sindicatos observan un riesgo inmediato para los puestos de trabajo.
En términos políticos, el capítulo abre un frente adicional en la relación entre Kicillof y Milei. La Provincia avanza con su propia agenda de recuperación productiva mientras la Nación profundiza una estrategia de apertura externa. Este desfasaje agranda la distancia entre ambas gestiones y anticipa nuevos cortocircuitos en temas fiscales, regulatorios y laborales.
Hacia adelante, el efecto concreto del acuerdo dependerá del texto final, de las excepciones sectoriales y de la implementación gradual o inmediata. La Provincia presiona por salvaguardas y plazos de adecuación para sectores sensibles. El Gobierno nacional, en cambio, muestra determinación para consolidar un alineamiento estratégico con Washington y acelerar los cambios sin dilaciones.
El impacto real se medirá en los próximos meses, cuando las empresas comiencen a ajustar costos, redefinir estructuras y repensar mercados. En el mapa político y económico, Buenos Aires aparece como el territorio donde primero se verán las consecuencias del nuevo esquema comercial.
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