Coimas por las SIRA: el fiscal apunta a un exfuncionario de Comercio y reconstruye una trama de dólares oficiales, gestores y lujos

La investigación por presuntas coimas para destrabar permisos de importación durante el gobierno de Alberto Fernández sumó un capítulo clave: el fiscal Franco Picardi ya habría identificado a empresarios que pagaron sobornos y ahora busca cerrar nuevas pruebas antes de avanzar sobre un exfuncionario de la Secretaría de Comercio. El caso expone cómo, en pleno cepo, el acceso al dólar oficial pudo haberse convertido en un negocio paralelo para operadores, financistas y contactos dentro del Estado.

La causa por las presuntas coimas vinculadas al sistema SIRA volvió a escalar y empieza a acercarse a exfuncionarios de la Secretaría de Comercio durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. El fiscal Franco Picardi ya tendría identificados a dos de los cuatro empresarios que habrían pagado sobornos para conseguir permisos de importación y espera el resultado de nuevas medidas de prueba antes de imputar a un exfuncionario cuyo nombre, por ahora, se mantiene bajo reserva judicial.

El expediente investiga una posible red de pagos ilegales para acelerar o destrabar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina, conocido como SIRA, que funcionó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. Ese sistema regulaba el acceso de empresas importadoras al dólar oficial en medio del cepo cambiario y de la escasez de divisas. En la práctica, obtener una SIRA aprobada podía definir si una compañía importaba insumos, maquinaria, repuestos o mercadería; y, al mismo tiempo, podía marcar la diferencia entre comprar dólares baratos al tipo de cambio oficial o quedar atrapada en la falta de autorización.

La sospecha judicial apunta a que, alrededor de ese cuello de botella, habría funcionado una especie de gestoría paralela. Empresarios que necesitaban importar habrían pagado retornos de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones para conseguir aprobaciones en tiempos mucho más cortos que los habituales. Mientras algunas empresas esperaban 90 o 120 días, otras podían lograr avances en una semana o diez días si ingresaban al circuito informal.

El caso tiene una dimensión política evidente porque ocurrió bajo la gestión económica de Sergio Massa y en un área sensible como la Secretaría de Comercio, que durante ese período tuvo un rol central en el control de importaciones. La investigación no solo mira a empresarios y gestores privados, sino también a posibles contactos dentro del Estado que habrían permitido que determinadas operaciones avanzaran por fuera de los canales normales.

El fiscal Picardi y el avance sobre Comercio

Franco Picardi ya había impulsado medidas de prueba fuertes, entre ellas más de 30 allanamientos, secuestro de computadoras, celulares y documentación. Ahora, según la información judicial conocida, el fiscal busca terminar de confirmar el circuito de pagos, las fechas de las operaciones y la correspondencia entre audios, mensajes y permisos efectivamente aprobados.

El punto clave es que los audios del financista Martín Migueles habrían coincidido con fechas de emisión de permisos de importación. Esa coincidencia es central para la investigación: si los mensajes hablaban de trámites, pagos o contactos y luego las SIRA salían aprobadas en plazos compatibles con esas conversaciones, el expediente gana densidad probatoria.

El exfuncionario de Comercio bajo la mira todavía no fue imputado formalmente. Picardi esperaría nuevas pruebas antes de avanzar, precisamente para evitar una acusación prematura. Lo que sí aparece en la causa es que ese funcionario habría sido uno de los contactos de Migueles o de su entorno dentro del sistema que manejaba las autorizaciones.

Durante ese período, la Secretaría de Comercio estuvo conducida por Matías Tombolini, mientras que Germán Cervantes se desempeñó como subsecretario de Política y Gestión Comercial, un área de peso en la administración de importaciones. El nombre del funcionario apuntado no fue confirmado oficialmente en la imputación, por lo que cualquier mención debe leerse dentro del marco de una investigación en curso y no como una responsabilidad penal ya definida.

La causa intenta determinar si existía una estructura coordinada entre empresarios que necesitaban dólares oficiales, financistas que ofrecían el acceso, gestores que actuaban como intermediarios y funcionarios o empleados estatales que podían acelerar los trámites. Esa es la pregunta de fondo: si el cepo creó un mercado de privilegios donde el acceso al dólar oficial se vendía como un favor administrativo.

Qué eran las SIRA y por qué se volvieron tan valiosas

Para entender el caso hay que entender qué eran las SIRA. El sistema fue creado para ordenar las importaciones en un contexto de falta de reservas, presión cambiaria y brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros o informales. En teoría, permitía evaluar qué empresas podían acceder a divisas al tipo de cambio oficial para pagar importaciones.

En la práctica, se convirtió en una herramienta de enorme poder discrecional. Una empresa con SIRA aprobada podía importar con acceso al dólar oficial. Una empresa sin autorización podía quedar paralizada, perder proveedores, cortar producción o tener que buscar alternativas más caras. En sectores dependientes de insumos importados, esa aprobación era vital.

La brecha cambiaria amplificaba el incentivo. Si el dólar oficial estaba muy por debajo del dólar blue o de los dólares financieros, acceder a divisas oficiales no era solo una necesidad productiva: podía convertirse en un negocio enorme. La diferencia entre ambos valores abría oportunidades para maniobras, sobrefacturación, triangulaciones, rulos financieros y pagos ilegales.

Por eso el sistema SIRA fue mucho más que un trámite administrativo. En un país con cepo, inflación y escasez de dólares, una autorización de importación podía valer millones. Y cuando un trámite estatal tiene ese valor económico, el riesgo de corrupción crece si no hay controles transparentes, criterios objetivos y trazabilidad clara.

La investigación judicial apunta precisamente a esa zona oscura: quién decidía, con qué criterios, a qué velocidad, por qué algunas operaciones salían antes que otras y si hubo pagos ilegales para torcer el proceso.

Migueles, Piccirillo y los financistas bajo la lupa

Uno de los nombres centrales del expediente es Martín Migueles, un financista que aparece en audios, videos y comunicaciones analizadas por la Justicia. Su figura ganó notoriedad pública también por su vínculo con el ambiente mediático, pero en la causa interesa por otro motivo: habría sido parte de la trama que ofrecía soluciones para conseguir autorizaciones o beneficios vinculados al acceso al dólar oficial.

También aparece Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, investigado por operaciones cambiarias y financieras durante ese período. La Justicia analiza si casas de cambio, operadores y sociedades vinculadas al circuito aprovecharon el acceso a dólares oficiales para luego obtener ganancias extraordinarias en otros mercados.

El expediente no se limita a una maniobra aislada. Lo que se investiga es un entramado de empresarios, intermediarios y operadores que habrían usado la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo para generar ganancias fuera de escala. Las SIRA serían una parte de esa estructura: el punto de entrada al dólar barato.

En el requerimiento de instrucción, Picardi incorporó audios y videos que muestran el nivel de vida de algunos de los investigados: autos de lujo, relojes de altísimo valor, propiedades en zonas exclusivas y celebraciones en las que se hacía referencia a la brecha cambiaria. Esa exhibición de riqueza no prueba por sí sola un delito, pero para la fiscalía funciona como indicio contextual de ganancias incompatibles o difíciles de justificar si se las vincula con las maniobras investigadas.

El “Coco Bongo”, los lujos y la brecha cambiaria como negocio

La referencia al Coco Bongo aparece como símbolo de una vida de excesos y celebración alrededor de la ganancia financiera. En los videos incorporados al expediente, Migueles aparece vinculado a fiestas, cumbia, autos de alta gama, relojes caros y una casa en el Yacht Club de Nordelta. Esa estética de lujo contrasta con el contexto económico del país en 2022 y 2023: empresas sin insumos, importadores demorados, hospitales y sectores productivos reclamando autorizaciones, inflación alta y reservas escasas.

La causa muestra una paradoja brutal. Mientras muchas compañías no podían importar productos necesarios para producir, otros actores habrían encontrado en ese mismo sistema un mecanismo para enriquecerse. Cuanto mayor era la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, mayor era la ganancia potencial del circuito. La escasez, que para una parte de la economía era un problema, para otra podía convertirse en oportunidad.

Entre los bienes mencionados en la investigación aparecen relojes de marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex y Hublot, además de vehículos como un Porsche y una Ford Raptor. También se menciona una propiedad en Nordelta. Son datos que la fiscalía usa para reconstruir el perfil económico de los involucrados y contrastarlo con las operaciones bajo análisis.

El punto político es sensible: el mismo Estado que restringía importaciones en nombre de la falta de dólares pudo haber generado, a través de la discrecionalidad, un mercado paralelo de favores. Y ese mercado, según la hipótesis judicial, habría beneficiado a empresarios dispuestos a pagar y a operadores capaces de prometer acceso privilegiado.

Empresarios, gestores y el circuito paralelo

La investigación ya habría identificado a dos empresarios que pagaron sobornos y busca confirmar los nombres de otros dos. La hipótesis es que esos empresarios necesitaban obtener permisos de importación y recurrieron a intermediarios para acelerar trámites. A cambio, habrían pagado un porcentaje del valor de las operaciones.

Ese esquema no necesariamente requería que todos los actores conocieran toda la estructura. En muchos casos, las redes de corrupción funcionan por capas: el empresario paga a un gestor; el gestor habla con un operador; el operador dice tener llegada a funcionarios; y el funcionario, si existe esa conexión, habilita o acelera el trámite. La Justicia debe probar cada eslabón, porque no alcanza con demostrar que hubo pagos: hay que demostrar para qué fueron, quién los recibió y qué efecto tuvieron sobre decisiones estatales.

También aparecen bajo análisis comunicaciones de WhatsApp, teléfonos secuestrados, documentos comerciales y fechas de aprobación de SIRA. La comparación entre esos elementos puede ser decisiva. Si los chats muestran pedidos de “liberar” trámites y luego las autorizaciones se emiten en tiempos anómalos, la causa gana fuerza. Si además aparecen transferencias, facturas falsas o movimientos de dinero, el expediente puede avanzar hacia imputaciones más graves.

La figura de una “secretaría paralela” es especialmente delicada. Implica que, por fuera de los canales formales del Estado, habría existido un sistema informal capaz de influir en decisiones oficiales. No se trataría solo de un gestor que prometía contactos, sino de una estructura que podía producir resultados concretos.

El impacto político para el kirchnerismo y el massismo

El caso golpea directamente sobre un período muy sensible: el tramo final del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía y con un cepo cada vez más restrictivo. En esos meses, el Gobierno intentaba cuidar reservas, administrar importaciones y evitar una devaluación brusca. Pero el control estricto del dólar oficial también generó zonas de discrecionalidad muy difíciles de auditar.

Para el kirchnerismo y el massismo, la causa puede convertirse en un problema político de alto impacto si avanza sobre funcionarios de Comercio o del Banco Central. No porque todos los que administraron el sistema sean responsables de delito, sino porque el expediente apunta al corazón de una política pública: quién accedía a dólares baratos, quién quedaba afuera y qué condiciones informales podían destrabar operaciones.

El sistema SIRA fue defendido en su momento como una herramienta para ordenar importaciones y priorizar sectores estratégicos. Pero si la Justicia comprueba que se cobraban coimas para aprobar permisos, el argumento técnico quedará atravesado por una sospecha estructural: que la administración de la escasez se transformó en negocio para algunos.

También hay una lectura más amplia. En la Argentina, cada cepo cambiario crea un mercado de intermediación. Cuando hay múltiples tipos de cambio, restricciones y autorizaciones estatales, aparecen gestores, consultores, favores, contactos y zonas grises. La diferencia de precios genera incentivos enormes para buscar atajos. El caso SIRA parece condensar todos esos elementos.

La causa que puede crecer

El expediente todavía está en desarrollo. El fiscal Picardi busca cerrar pruebas antes de avanzar sobre el exfuncionario de Comercio y sobre el resto de los empresarios. El juez Ariel Lijo tiene en sus manos una investigación que puede expandirse si los teléfonos, computadoras y documentación secuestrada permiten reconstruir un circuito más amplio.

La clave será determinar si hubo una asociación estable para cobrar coimas, si los pagos fueron aislados o sistemáticos, si participaron funcionarios públicos, si hubo lavado de dinero y si las ganancias obtenidas fueron volcadas luego a bienes de lujo, autos, relojes, inmuebles o estructuras societarias.

También será importante saber qué rol tuvieron organismos como la Secretaría de Comercio, la Aduana, la AFIP y el Banco Central en la aprobación de operaciones. El sistema SIRA cruzaba información entre varias áreas, por lo que cualquier maniobra relevante podía requerir conocimiento técnico, acceso administrativo y capacidad de intervención.

El caso recién empieza a mostrar su dimensión. Ya hay audios, videos, allanamientos, empresarios bajo la lupa, financistas señalados y un exfuncionario en la mira. Pero falta todavía la parte más importante: las imputaciones formales, los procesamientos, las indagatorias y la prueba judicial que determine responsabilidades concretas.

Mientras tanto, la causa deja una foto incómoda de aquellos años. Un país con cepo, empresas esperando permisos, reservas bajo presión y una brecha cambiaria que convertía cada autorización estatal en una oportunidad millonaria. En ese contexto, la sospecha de coimas por las SIRA no es solo un expediente judicial: es una ventana al modo en que la escasez de dólares pudo haber sido administrada como poder, como privilegio y como negocio.