Leonardo Scatturice, mucho más que Flybondi: valijas sin control, contratos millonarios con el Estado y una causa por su vínculo con la SIDE

Leonardo Scatturice pasó en pocos años de ser un empresario conocido fundamentalmente dentro de los mundos de la tecnología, la inteligencia privada y el lobby estadounidense a convertirse en uno de los hombres de negocios con mayor exposición política durante la administración de Javier Milei. Su nombre aparece actualmente detrás de Flybondi, OCA, OCP Tech, Tactic Global y COC Global Enterprise, mientras mantiene relaciones con dirigentes cercanos a Donald Trump y un vínculo particularmente estrecho con Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales.

La crisis de Flybondi volvió a colocar su figura en el centro de la escena, pero la aerolínea representa solamente una parte de una historia mucho más amplia. Scatturice quedó involucrado durante los últimos dos años en discusiones sobre contratos públicos, inteligencia, lobby internacional, controles aduaneros y posibles conflictos de interés. Ninguno de esos episodios permite afirmar por sí mismo que haya cometido un delito y en varios casos las investigaciones continúan abiertas sin imputaciones definitivas. Lo que sí puede comprobarse es una superposición cada vez mayor entre sus negocios privados y áreas sensibles del Estado argentino.

De la tecnología y la inteligencia al círculo de poder libertario

Scatturice está radicado desde hace años en Estados Unidos y construyó allí vínculos con sectores del Partido Republicano y de la Conservative Political Action Conference, la CPAC, uno de los principales foros internacionales donde Milei consolidó su relación con la derecha estadounidense. Entre sus contactos aparece Barry Bennett, consultor republicano que trabajó en el universo político de Donald Trump y posteriormente integró Tactic Global, una empresa controlada por Scatturice.

Antes de esa etapa, el empresario ya tenía antecedentes vinculados con seguridad e inteligencia. Fue responsable de C3 Consulting, una firma privada que apareció mencionada en investigaciones sobre estructuras de inteligencia durante años anteriores. Fuentes de su entorno han negado que Scatturice haya desempeñado formalmente tareas como agente de inteligencia o que haya sido personalmente investigado por hechos delictivos en aquellas causas. Aun así, su trayectoria profesional siempre estuvo muy relacionada con tecnología, seguridad y contactos dentro de los servicios.

Con la llegada de Milei a la Presidencia, esa red comenzó a adquirir una dimensión política mucho mayor. LA NACION describió a Scatturice como uno de los nexos entre el Gobierno argentino y sectores cercanos a Trump y señaló su influencia alrededor de áreas sensibles como la SIDE, ARCA y la UIF gracias a su relación con Santiago Caputo. El empresario también fue señalado como una figura relevante en la llegada de Andrés Vázquez a la conducción tributaria. Esas descripciones corresponden a reconstrucciones periodísticas y no implican que Scatturice ocupe un cargo formal dentro del Gobierno.

Al mismo tiempo, sus empresas ampliaron considerablemente su presencia económica. COC Global Enterprise tomó el control de Flybondi en 2025 y posteriormente de OCA, mientras continuó expandiendo negocios tecnológicos y de consultoría. En febrero de 2026, Flybondi y OCA incluso firmaron un acuerdo conjunto por US$400.000 para patrocinar a Gimnasia y Esgrima La Plata, una muestra de la diversificación de su grupo empresario.

El avión y las valijas que ingresaron sin pasar por el escáner

La primera gran controversia pública de Scatturice durante el gobierno libertario estalló por un avión privado de su propiedad. El 26 de febrero de 2025, un Bombardier Global 5000 con matrícula estadounidense N18RU aterrizó en Aeroparque proveniente de Estados Unidos. La pasajera era Laura Belén Arrieta, empleada de OCP Tech y exintegrante de la organización de la CPAC en Buenos Aires, acompañada por dos tripulantes también vinculados con la empresa.

El episodio adquirió relevancia cuando una investigación judicial determinó que el equipaje había atravesado un procedimiento distinto al aplicado al resto de los pasajeros. Las imágenes incorporadas al expediente mostraron que Arrieta y los tripulantes fueron conducidos por un carril especial y que los bultos no pasaron por los escáneres aduaneros disponibles. Los fiscales concluyeron que aquella excepción no respondió a una congestión del aeropuerto ni a un mecanismo aleatorio, sino a una decisión expresa del personal de Aduana.

La cantidad de equipaje también produjo contradicciones. Un formulario declaraba cinco valijas, mientras las imágenes permitían observar más de diez bultos. Reconstrucciones posteriores de la causa llegaron a mencionar hasta 15 piezas vinculadas con la aeronave. Parte de ellas fue posteriormente atribuida por el piloto a objetos personales y materiales propios, pero el expediente nunca consiguió cerrar completamente la pregunta sobre por qué se permitió atravesar el control sin escaneo.

El episodio tuvo además una particularidad. Según el expediente, Arrieta descendió con un teléfono celular y se lo entregó o mostró a una funcionaria aduanera, quien posteriormente realizó una llamada y dio una señal de aprobación antes de que se habilitara el procedimiento excepcional. Hasta mediados de 2026 el juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico, no había conseguido identificar quién estaba del otro lado de esa comunicación.

La investigación también cuenta con intervención del fiscal Claudio Navas Rial y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La principal hipótesis que todavía intenta resolverse es si existió una orden externa para permitir el ingreso sin control normal. El expediente no determinó hasta ahora que el contenido de los bultos fuera ilegal, ni probó que Scatturice personalmente hubiera impartido instrucciones a Aduana.

Precisamente por eso el denominado caso de las valijas mantiene una diferencia importante entre lo comprobado y lo sospechado. Está documentado que existió un tratamiento excepcional y que determinadas piezas de equipaje no fueron escaneadas. Lo que todavía no está probado es quién ordenó esa excepción, qué motivación tuvo y si los bultos contenían algo que debiera haber sido declarado o retenido.

El Gobierno primero negó la irregularidad

La polémica también dejó expuesta una contradicción en la reacción oficial. Cuando el episodio comenzó a conocerse, Manuel Adorni aseguró que era “fácticamente imposible” que el equipaje hubiera ingresado sin los controles correspondientes y afirmó que Arrieta había llegado solamente con un carry on y una mochila. Milei también relativizó públicamente las denuncias.

Meses después, las imágenes y el dictamen del Ministerio Público mostraron que la situación había sido considerablemente más compleja. Las autoridades de ARCA modificaron entonces la explicación y señalaron que el escaneo del equipaje constituye una facultad selectiva del personal aduanero y que no todas las valijas que ingresan al país necesariamente pasan por un escáner.

La Justicia, sin embargo, consideró significativo que el grupo del vuelo de Scatturice recibiera un tratamiento diferente al resto de los pasajeros que se encontraban entrando en el mismo momento. El interrogante continúa abierto más de un año después.

OCP Tech y un contrato de US$78,65 millones con Educ.ar

El segundo gran foco de controversia se encuentra en los contratos de OCP Tech con organismos estatales. La empresa tecnológica de Scatturice ya era proveedora del Estado antes de que Milei asumiera, pero su presencia aumentó durante la administración libertaria. Un relevamiento de LA NACION contabilizó al menos 21 contratos millonarios adjudicados a compañías vinculadas con Scatturice desde la elección de Milei, con organismos como ARCA, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Ministerio Público Fiscal y Trenes Argentinos entre sus clientes.

El acuerdo que más controversia generó fue firmado con Educ.ar para renovar 223.828 licencias de soporte de Cisco Meraki utilizadas en redes wifi de escuelas estatales. OCP Tech presentó una propuesta por US$78,65 millones y el proceso terminó resolviéndose mediante una contratación directa por exclusividad, apoyada en documentación de Cisco que identificaba a la empresa como canal autorizado para proporcionar la solución.

La contratación comenzó a gestarse durante 2024. Educ.ar había sido intervenida en julio y el proceso para renovar las licencias debía resolverse antes de que venciera el soporte de una infraestructura instalada años antes en decenas de miles de establecimientos educativos. El contrato fue firmado en octubre y posteriormente ratificado por una nueva intervención.

Los cuestionamientos surgieron dentro de la propia empresa pública. Síndicos de Educ.ar habían recomendado revisar o dejar sin efecto el acuerdo y avanzar mediante una licitación pública, mientras otros informes cuestionaron el precio y la metodología utilizada para comparar propuestas. Posteriormente, la conducción de Educ.ar revisó los dictámenes técnicos, administrativos y jurídicos y decidió ratificar el procedimiento.

La comparación con la contratación anterior también alimentó el debate. En 2021, la renovación de licencias había sido adjudicada mediante licitación por aproximadamente US$16,86 millones. El contrato de OCP Tech es considerablemente mayor, aunque no corresponde comparar automáticamente las dos cifras sin considerar diferencias en cantidad de licencias, duración, condiciones tecnológicas y contexto comercial.

La polémica creció todavía más cuando el Presupuesto 2026 asignó aproximadamente $100.000 millones a Educ.ar para equipamiento tecnológico y conectividad escolar. Una parte relevante de esos fondos permite sostener compromisos asumidos en moneda extranjera, entre ellos el contrato con OCP Tech. El Gobierno también prorrogó durante 2026 la intervención de la compañía pública.

Ninguna de estas circunstancias demuestra por sí misma una adjudicación ilegal. El Gobierno y Educ.ar sostienen que la continuidad tecnológica requería mantener el ecosistema existente y que OCP Tech estaba habilitada para proveer el servicio. Los cuestionamientos se concentran principalmente en la contratación directa, las advertencias internas, la diferencia con procesos anteriores y la cercanía política del empresario con personas influyentes del Gobierno.

Tactic Global, la SIDE y la discusión sobre una “embajada paralela”

El tercer frente conecta directamente los negocios privados de Scatturice con el sistema de inteligencia argentino. El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un contrato con Tactic Global, consultora estadounidense vinculada con Scatturice y Barry Bennett. El acuerdo fue registrado en Estados Unidos bajo las normas que regulan a representantes de actores extranjeros.

Según la documentación conocida, Tactic debía funcionar como enlace entre la Presidencia argentina y funcionarios estadounidenses, coordinar reuniones y brindar asesoramiento estratégico a la Secretaría de Inteligencia en temas vinculados con comercio, inversiones y relaciones bilaterales. La remuneración prevista rondaba los US$10.000 mensuales.

La contratación generó un cuestionamiento institucional inmediato: por qué la principal agencia de inteligencia argentina necesitaba contratar una empresa privada estadounidense para realizar actividades que podían parecer más próximas a la diplomacia o al lobby que a tareas de inteligencia estratégica. Ese argumento fue utilizado por sectores opositores para hablar de una posible “embajada paralela” por fuera de Cancillería y de las representaciones diplomáticas formales.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera María Eugenia Talerico llevó el tema a la Justicia federal a finales de 2025. Su denuncia pidió investigar a Santiago Caputo, Scatturice, el exjefe de la SIDE Sergio Neiffert y Barry Bennett por posibles delitos vinculados con tráfico de influencias, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y eventuales violaciones a la Ley de Inteligencia. El expediente quedó radicado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

Como ocurre con el caso de las valijas, una denuncia judicial no equivale a una condena. La Justicia debe determinar si existió alguna irregularidad penal y cuál fue el rol concreto de cada involucrado.

La novedad durante agosto de 2026 es que Tactic Global rompió finalmente el contrato con la SIDE y aseguró que nunca recibió dinero por esas tareas. La relación contractual terminó, pero la investigación judicial iniciada alrededor del acuerdo permanece como uno de los antecedentes más sensibles del vínculo entre Scatturice y la estructura de inteligencia del Gobierno.

Santiago Caputo, Trump y una relación que atraviesa todas las polémicas

La figura que conecta buena parte de estas historias es Santiago Caputo. Scatturice mantiene una relación estrecha con el asesor presidencial y en distintas investigaciones periodísticas aparece como intermediario entre sectores del Gobierno argentino y dirigentes estadounidenses vinculados con Trump.

Ese vínculo no constituye ningún delito. La actividad de lobby y las relaciones políticas internacionales son legales cuando se desarrollan dentro de las normas correspondientes. El interrogante aparece cuando la misma persona que mantiene acceso privilegiado a funcionarios de enorme influencia recibe simultáneamente contratos de organismos públicos o participa en estructuras privadas contratadas por el propio Estado.

Ese posible conflicto entre influencia política y negocios es precisamente lo que busca analizar la denuncia de Talerico.

La relación con Estados Unidos fue especialmente valiosa para el mileísmo durante los primeros años de Gobierno, cuando la Casa Rosada buscaba construir un vínculo directo con el nuevo entorno de Donald Trump. Scatturice y Bennett aparecieron durante ese período como articuladores informales capaces de abrir puertas dentro del universo republicano y de la CPAC.

Con el fortalecimiento posterior de las relaciones diplomáticas oficiales, ese rol informal perdió parte de su importancia. La ruptura del contrato de Tactic con la SIDE durante 2026 puede leerse también dentro de esa nueva etapa.

Flybondi y OCA ampliaron todavía más su presencia económica

A esos negocios se agregó durante 2025 el control de dos empresas de enorme visibilidad pública. COC Global Enterprise se convirtió primero en accionista mayoritario de Flybondi y posteriormente tomó el control de OCA, uno de los principales operadores postales privados de Argentina.

Flybondi es actualmente su mayor problema empresarial. La aerolínea atraviesa una profunda crisis operativa y financiera, con salarios y aguinaldos adeudados, cientos de exempleados reclamando indemnizaciones, pedidos de quiebra, proveedores que exigen pagos adelantados y una flota reducida a apenas dos aeronaves operativas. En Brasil, las autoridades aeronáuticas restringieron incluso la venta de determinados pasajes ante los elevados niveles de cancelación.

La situación resulta particularmente llamativa porque cuando el grupo de Scatturice ingresó en la compañía prometió un ambicioso proceso de expansión de la flota y nuevas inversiones.

OCA, por ahora, no enfrenta una crisis pública comparable, pero amplió el tamaño y la exposición económica del conglomerado. El grupo de Scatturice también comenzó a utilizar ambas compañías para acuerdos comerciales conjuntos, como el patrocinio de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Un empresario entre negocios privados y áreas estratégicas del Estado

Lo que vuelve particularmente relevante a Leonardo Scatturice no es cada episodio considerado de manera aislada, sino la acumulación.

Una de sus empresas recibió uno de los contratos tecnológicos más importantes de Educ.ar. Otra fue contratada directamente por la SIDE para funcionar como enlace con Estados Unidos. Un avión de su propiedad protagonizó un expediente por equipaje que atravesó Aduana mediante un procedimiento excepcional. Su grupo adquirió Flybondi y OCA. Y simultáneamente mantiene una relación estrecha con Santiago Caputo y con dirigentes vinculados al trumpismo.

Eso no permite concluir que exista una única trama ilegal detrás de todas esas situaciones. Cada caso tiene naturaleza diferente y debe analizarse por separado.

En el expediente del avión, la Justicia todavía intenta identificar quién permitió el tratamiento excepcional del equipaje y no ha probado que Scatturice ordenara el procedimiento ni que existiera contrabando. En Educ.ar, existe un contrato administrativo efectivamente aprobado y posteriormente ratificado, aunque acompañado por fuertes cuestionamientos sobre su modalidad y costo. En la SIDE, lo que existe es una denuncia penal que debe determinar si la contratación de Tactic Global violó alguna norma o respondió a tráfico de influencias.

Pero sí existe una pregunta política legítima sobre la transparencia y los conflictos de interés.

Scatturice no es solamente un empresario que vende productos o servicios al Estado. También es un actor con acceso a dirigentes importantes, vínculos con servicios de inteligencia, capacidad de lobby en Washington y participación en áreas económicas estratégicas.

Por eso cada uno de sus negocios genera una atención mayor que la de un proveedor convencional.

De las valijas a Flybondi: por qué Scatturice seguirá bajo la lupa

La crisis de Flybondi volvió a exponer a Scatturice porque una de las compañías más importantes de su grupo enfrenta ahora una posible reestructuración judicial y dudas concretas sobre su capacidad de continuar operando normalmente.

Pero el verdadero perfil del empresario excede ampliamente a la aerolínea.

Scatturice representa una figura poco habitual dentro del empresariado argentino: combina tecnología, vuelos privados, inteligencia, lobby internacional, vínculos políticos, contratos estatales y control de compañías de transporte y logística.

Sus defensores sostienen que esas relaciones explican simplemente la capacidad de un empresario que construyó una red internacional y aprovechó oportunidades de inversión en sectores donde otros actores se retiraban. Sus críticos consideran que la cercanía con sectores decisivos del Gobierno exige controles mucho más estrictos cada vez que alguna de sus empresas recibe dinero o contratos públicos.

La Justicia todavía debe responder las preguntas más delicadas.

Quién ordenó que el equipaje del Bombardier atravesara Aeroparque sin el control habitual. Si el contrato entre la SIDE y Tactic Global respetó la legislación sobre inteligencia y contrataciones públicas. Y si existió algún tipo de influencia indebida en los negocios obtenidos por compañías vinculadas con Scatturice.

Hasta que esas respuestas aparezcan, Flybondi seguirá siendo solamente el capítulo más reciente de una historia mucho más extensa.

Leonardo Scatturice ya no es únicamente el empresario que controla una aerolínea en crisis: es uno de los hombres de negocios que mejor sintetizan la frontera cada vez más difusa entre poder político, inteligencia, lobby internacional y contratos con el Estado durante la era Milei.