Alejandro CabreraHay algo que cambió en Javier Milei cuando habla de Malvinas. No necesariamente en la reivindicación jurídica, porque incluso durante la campaña presidencial sostuvo que la Argentina debía recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía por medios diplomáticos, sino en el tono, la intensidad y el lugar que la cuestión comenzó a ocupar dentro de su construcción política. El candidato que en 2023 había defendido públicamente su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica que condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982, es hoy el Presidente que habla de Malvinas como una “causa sagrada”, acompaña gestos nacionalistas vinculados con las islas y presenta como una oportunidad histórica el hecho de que Donald Trump haya admitido que Estados Unidos revisa permanentemente sus posiciones internacionales. Esa transformación merece ser observada sin prejuicios: ni para descalificar cualquier movimiento del Gobierno simplemente porque proviene de Milei ni para convertir una declaración todavía ambigua de Washington en una recuperación diplomática que aún no ocurrió.
La relación inicial de Milei con la cuestión Malvinas siempre fue incómoda para una parte de la sociedad argentina. Durante el debate presidencial de 2023 reivindicó el liderazgo de Thatcher y explicó que reconocer su capacidad política no implicaba compartir lo que hizo contra la Argentina, del mismo modo que podía admirarse a un futbolista extranjero que hubiera derrotado a la Selección. La explicación tenía cierta lógica desde el punto de vista intelectual, pero inevitablemente chocaba con una sensibilidad histórica profunda: Thatcher no es para los argentinos una dirigente extranjera cualquiera, sino la jefa de Gobierno que condujo a las fuerzas británicas durante una guerra en la que murieron 649 argentinos. Ya en la Presidencia, Milei agregó otro elemento polémico cuando planteó que la Argentina debía convertirse en un país tan próspero que los habitantes de las islas terminaran prefiriendo voluntariamente vincularse con nuestro país, una concepción que introducía la idea del “voto con los pies” dentro de una disputa en la que la posición histórica argentina sostiene que no corresponde aplicar automáticamente el principio de autodeterminación a una población implantada luego de la ocupación británica de 1833.
El contraste con el presente es evidente. La primera señal fuerte apareció durante el Mundial, cuando futbolistas argentinos desplegaron después de eliminar a Inglaterra una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. El gesto generó críticas en Gran Bretaña, pedidos de intervención de la FIFA y un enorme impacto dentro de la Argentina. Milei decidió respaldarlo y consideró que expresaba legítimamente un sentimiento compartido por la sociedad. No era un detalle menor: el Presidente que había sido cuestionado durante años por mantener una aproximación demasiado distante de la tradición malvinera argentina comenzaba a apropiarse de un lenguaje mucho más próximo al nacionalismo histórico del país. Desde entonces, la palabra “soberanía”, casi ausente de buena parte del vocabulario libertario cuando se utiliza en otros terrenos, empezó a ocupar un lugar cada vez más frecuente en el discurso presidencial.
El verdadero salto ocurrió cuando Donald Trump afirmó que su administración revisa sus posiciones y dejó abierta, sin confirmarla, la posibilidad de reconsiderar la postura norteamericana sobre Malvinas. La declaración produjo una inmediata euforia dentro del Gobierno. Milei habló de la “causa más importante y sagrada” de los argentinos, Santiago Caputo celebró que Washington pudiera modificar una posición histórica y la Cancillería comenzó a presentar el episodio como parte de una oportunidad diplomática excepcional. Es lógico que la Argentina intente aprovechar cualquier fisura entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sería absurdo hacer lo contrario. Si el alineamiento personal y político entre Milei y Trump consiguiera que Washington adoptara por primera vez una posición más favorable a la reapertura de negociaciones de soberanía, sería un logro diplomático importante y debería ser reconocido como tal independientemente de quién ocupe la Casa Rosada. Pero también sería imprudente presentar como conquista una decisión que todavía no existe. Trump no reconoció la soberanía argentina, no le pidió al Reino Unido que negocie y no anunció un cambio formal de política exterior. Dijo que revisa posiciones. Entre una cosa y la otra existe una distancia enorme.
Ahí aparece el primer riesgo de esta nueva “malvinización” oficialista: confundir una causa de Estado con una coyuntura política favorable. Estados Unidos no desarrolla su política exterior por amistad, admiración ideológica o gratitud personal hacia un presidente extranjero. Defiende intereses. Si Washington considera que la cuestión Malvinas puede servir como instrumento de presión sobre Londres en medio de tensiones por la OTAN, Irán, comercio o gasto militar, puede utilizarla. Y si mañana esas tensiones desaparecen, también puede volver a privilegiar su alianza histórica con el Reino Unido. La Argentina debería aprovechar cualquier oportunidad sin construir su estrategia alrededor de la expectativa de que Trump se transforme en patrocinador permanente del reclamo argentino. La historia demuestra exactamente lo contrario: en 1982 la dictadura creyó inicialmente que su relación con Washington y su colaboración anticomunista podían impedir un alineamiento pleno de Ronald Reagan con Margaret Thatcher. El cálculo terminó siendo catastróficamente equivocado.
Por eso Malvinas necesita una política mucho más profunda que una declaración presidencial estadounidense. Significa sostener diplomacia durante décadas, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, desarrollar infraestructura patagónica, recuperar capacidad naval y aérea, proteger los recursos pesqueros, proyectar poder hacia la Antártida, construir consensos latinoamericanos e internacionales y mantener una política exterior que pueda sobrevivir al cambio de administraciones. La Constitución Nacional es suficientemente clara cuando define la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional. La palabra fundamental no es “Milei”, “peronismo”, “radicalismo” ni “liberalismo”. Es “pueblo argentino”. Malvinas pertenece al Estado y a la sociedad, no al gobierno que circunstancialmente consiga instalarse en la Casa Rosada.
Esto también obliga a reconocer algo que durante años quedó atrapado en discusiones partidarias absurdas. Reivindicar Malvinas no es ser militarista, nacionalista extremo, peronista, kirchnerista ni antioccidental. Se puede ser liberal y malvinero, conservador y malvinero, socialista y malvinero, radical y malvinero. Se puede tener una excelente relación con Estados Unidos y seguir sosteniendo que las islas forman parte del territorio argentino. Se puede buscar acuerdos comerciales con Gran Bretaña y mantener simultáneamente el reclamo de soberanía. El problema comienza cuando cada sector intenta transformar una causa que debería unir en una credencial de identidad propia y, todavía peor, cuando empieza a utilizarla para medir quién es suficientemente argentino y quién no.
Milei tiene derecho a corregir, profundizar o modificar su aproximación anterior a Malvinas. Los dirigentes políticos pueden cambiar y un Presidente incluso tiene la obligación de adaptar su discurso a la responsabilidad institucional que ocupa. No sería razonable exigirle que continúe atado eternamente a declaraciones realizadas antes de asumir. Lo que sí corresponde observar es si la nueva centralidad de Malvinas termina traducida en una estrategia concreta o queda absorbida por la lógica comunicacional que caracteriza buena parte de su gobierno: convertir un acontecimiento en épica, dividir inmediatamente entre patriotas y enemigos y utilizar el episodio para reforzar la identidad oficialista. La causa Malvinas es demasiado importante para servir como una nueva extensión de la batalla cultural.
La historia argentina ofrece el ejemplo más brutal de lo que sucede cuando un gobierno se apropia políticamente de Malvinas y confunde la legitimidad de la causa con la legitimidad de su propia conducción. Leopoldo Fortunato Galtieri no inventó el reclamo argentino. Malvinas era una causa nacional mucho antes de la dictadura. La Argentina reclamaba diplomáticamente por las islas desde el siglo XIX y Naciones Unidas había reconocido en 1965, mediante la Resolución 2065, la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y había llamado a ambos países a negociar. Esa legitimidad histórica fue utilizada en 1982 por un régimen que atravesaba una crisis económica, social y política cada vez más profunda y que necesitaba reconstruir apoyo interno. La Junta decidió ocupar las islas convencida de que podía transformar una causa compartida por millones de argentinos en una tabla de salvación para una dictadura desacreditada.
La decisión fue una locura estratégica. No porque la soberanía argentina fuera ilegítima, sino porque la conducción militar actuó con improvisación, voluntarismo y una lectura completamente equivocada del escenario internacional. El Informe Rattenbach expuso posteriormente enormes deficiencias de planificación y coordinación. Galtieri llegó a admitir que imaginaba la posibilidad de un enfrentamiento limitado que luego obligaría a negociar, como si una guerra entre dos Estados pudiera administrarse mediante un cálculo casi teatral de presión política. Mientras tanto, miles de jóvenes fueron enviados al Atlántico Sur con preparación, equipamiento y conducción insuficientes frente a una potencia militar que reaccionó con una fuerza que la Junta no había previsto correctamente. La guerra terminó después de 74 días, dejó 649 argentinos muertos y produjo una derrota que, paradójicamente, debilitó durante años la propia posición diplomática que la dictadura decía defender.
Recordar eso no significa desmalvinizar. Significa exactamente lo contrario. La mayor operación de desmalvinización de nuestra historia fue haber asociado durante demasiado tiempo una causa legítima con una guerra irresponsable conducida por una dictadura criminal. Defender Malvinas exige separar ambas cosas: la Argentina tenía y tiene un reclamo legítimo; Galtieri tomó una decisión desastrosa. Las dos afirmaciones pueden y deben convivir. El patriotismo no consiste en aplaudir cualquier acción realizada en nombre de la bandera, sino en evitar que esa bandera vuelva a utilizarse para justificar decisiones que perjudiquen los intereses nacionales.
La comparación con el presente no implica que Milei esté preparando una aventura militar ni que exista hoy una situación remotamente semejante a 1982. Sería absurdo plantearlo. El Presidente ha señalado reiteradamente que la recuperación debe ser diplomática y constitucional. La advertencia histórica apunta a otra cosa: ningún gobierno debería creer que el sentimiento legítimo que produce Malvinas puede ser utilizado como una fuente personal de legitimidad política. Cuando Milei habla de una “causa sagrada”, debe recordar que esa sacralidad no se transfiere automáticamente al Presidente que la pronuncia. Que la bandera sea indiscutiblemente argentina no vuelve indiscutible a quien la sostiene.
De hecho, el mejor camino para Milei sería exactamente el contrario de la apropiación partidaria. Si realmente considera que se abrió una oportunidad histórica, debería convocar a una política transversal que incluya a oficialismo, oposición, veteranos, especialistas, diplomáticos de carrera, universidades, gobernadores patagónicos y las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional. Debería construir una estrategia que pueda continuar aunque en 2027, 2031 o 2035 gobierne otro espacio político. Una política que dependa de la amistad de Milei con Trump desaparecerá cuando desaparezca esa relación. Una política argentina de Estado puede sobrevivir durante generaciones.
También sería saludable recuperar el concepto de soberanía en un sentido menos selectivo. Si el Gobierno sostiene que el control de Malvinas, el Atlántico Sur, los recursos marítimos y la Antártida constituyen cuestiones estratégicas, entonces deberá construir capacidades estatales para defender esos intereses. La soberanía no puede consistir solamente en pronunciar discursos o celebrar una eventual declaración favorable desde Washington. Requiere presupuesto de defensa, radares, patrullaje marítimo, ciencia, logística antártica, inteligencia, política pesquera y una política exterior que priorice consistentemente el Atlántico Sur. En ese terreno, incluso un gobierno profundamente liberal debe aceptar que existe una función estatal imposible de tercerizar: garantizar la integridad territorial y defender los intereses estratégicos nacionales.
La bandera que desplegaron los jugadores argentinos durante el Mundial probablemente tuvo tanta fuerza justamente porque no pertenecía a ningún partido. En una sociedad atravesada por una polarización permanente, consiguió generar durante unas horas un reconocimiento compartido. La podía celebrar un votante libertario, peronista, radical, de izquierda o alguien completamente alejado de la política. Esa transversalidad es el principal capital diplomático y cultural que tiene la Argentina alrededor de Malvinas. Convertirla ahora en una bandera del mileísmo sería reducirla, no fortalecerla.
Milei puede obtener un avance histórico si consigue que Estados Unidos modifique realmente su posición. Puede mejorar el respaldo internacional al llamado de Naciones Unidas para negociar. Puede fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y recomponer capacidades militares que durante décadas fueron degradadas. Incluso puede conseguir que sectores jóvenes que no vivieron la guerra vuelvan a interesarse por una cuestión que muchas veces quedó confinada a los actos del 2 de abril. Todo eso sería positivo y debería reconocerse sin mezquindad política. Pero precisamente porque Malvinas es una causa nacional, el éxito no debería medirse por cuánto rédito electoral consigue el Gobierno, sino por cuánto fortalece la posición argentina más allá de quién gobierne.
La Argentina necesita malvinizarse, sí, pero no en el sentido de recuperar la exaltación militar de 1982 ni de transformar la bandera en una herramienta partidaria. Necesita comprender por qué las islas importan estratégica, histórica, económica y territorialmente; enseñar la guerra sin ocultar la irresponsabilidad criminal de quienes la condujeron; honrar a los combatientes sin reivindicar a la dictadura; construir capacidad militar sin fantasear con una revancha bélica y sostener el reclamo diplomático sin depender de la simpatía circunstancial de ninguna potencia extranjera.
Malvinas debe estar por encima de Milei porque también estuvo por encima de Galtieri, de Alfonsín, de Menem, de los Kirchner, de Macri y de todos los gobiernos que vendrán. La legitimidad de la causa no depende de quién la levante. Y precisamente porque las Malvinas son argentinas, ningún presidente debería poder convertirlas en propias.
