Alejandro CabreraJavier Milei encontró este viernes en Puerto Iguazú una frase perfecta para explicar cómo quiere llegar a las elecciones presidenciales de 2027. Frente a empresarios y ejecutivos reunidos en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, descartó utilizar el calendario electoral como excusa para aflojar el ajuste fiscal o expandir la política monetaria y aseguró que no llegó a la Presidencia para administrar la coyuntura sino para transformar estructuralmente la economía. Dijo que “yo acá entré por el bronce” y, después de recordar que llevaba años defendiendo las mismas ideas, lanzó la sentencia que sintetizó todo el mensaje: “No voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”. En lo estrictamente referido al equilibrio fiscal y a su obsesión con derrotar la inflación, hay una continuidad evidente: Milei insiste en que no expandirá el gasto para buscar votos y mantiene una política monetaria contractiva pese a los reclamos de diferentes sectores. El problema aparece cuando esa frase deja de describir una decisión económica puntual y empieza a utilizarse para construir la imagen de un Presidente que jamás modifica aquello que prometió. Porque eso, simplemente, no resiste el archivo.
El discurso tuvo además una fuerte dimensión electoral. Milei afirmó que, si La Libertad Avanza repite en 2027 un resultado semejante al conseguido en las legislativas de 2025, quedaría cerca de dominar ambas cámaras y podría acelerar todavía más las reformas. También volvió a presentar la elección como una confrontación entre su programa y un regreso al pasado, sostuvo que no cree que los argentinos quieran retroceder y relacionó el crecimiento exportador con la posibilidad de que el país gane peso geopolítico, incluso para fortalecer el reclamo sobre Malvinas. El Presidente volvió así a una idea que viene repitiendo durante toda la semana: la estabilidad fiscal no es simplemente una herramienta económica, sino la condición sobre la que pretende construir una nueva arquitectura política argentina.
Hasta ahí puede existir una discusión legítima sobre si semejante dureza monetaria es correcta, cuánto tarda en llegar a la economía cotidiana o qué costos produce. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es la pretensión de convertir la inmutabilidad en una característica distintiva de Milei. Su gobierno está lleno de decisiones que contradijeron declaraciones categóricas anteriores. Algunas fueron rectificaciones obligadas por la realidad, otras negociaciones políticas, otras simples cambios de opinión y varias probablemente hayan sido necesarias para gobernar. Eso no constituye necesariamente un defecto: un presidente incapaz de revisar absolutamente nada sería mucho más peligroso que uno dispuesto a corregirse. Pero entonces la virtud debería ser reconocer que gobernar exige pragmatismo, no asegurar que nunca se borró con el codo.
El caso más evidente está en el Banco Central. Durante la campaña de 2023 no hubo demasiados matices. Milei convirtió su cierre y la dolarización en dos de las imágenes más poderosas de su candidatura. Presentó a Emilio Ocampo como el hombre encargado de liquidar la autoridad monetaria y llegó a pedirle públicamente: “Emilio, cerralo por favor”. Ocampo iba a presidir el BCRA precisamente para hacerlo desaparecer y reemplazar al peso mediante un esquema de dolarización. Después de ganar el balotaje, Milei descartó aquel diseño, Ocampo quedó afuera y Santiago Bausili asumió la conducción de una institución que siguió operando. Lo verdaderamente llamativo llegó en 2026: el Gobierno ya no propone cerrarla, sino modificar su Carta Orgánica para fortalecer su independencia, preservar el valor del peso y blindarla frente al financiamiento político del Tesoro. El organismo que debía terminar reducido a escombros ahora merece una estructura institucional destinada a sobrevivir a futuros gobiernos. Puede ser una excelente reforma. Lo que no puede llamarse es continuidad con el proyecto de 2023.
Hay un cambio todavía más fácil de medir porque se expresa directamente en el bolsillo: los impuestos. Antes de asumir, Milei había convertido en símbolo de su identidad política la promesa de que antes de aumentar un tributo prefería cortarse un brazo. Ya como Presidente, durante los primeros días de gestión, el impuesto PAIS aplicado a determinadas importaciones pasó del 7,5% al 17,5%. Es cierto que aquel incremento fue presentado como transitorio, después volvió al 7,5% y finalmente el impuesto desapareció a fines de 2024. Pero la promesa no había sido “no subiré impuestos permanentemente”: había sido no subirlos. Y los subió cuando consideró que la emergencia fiscal lo requería.
Ganancias es incluso más difícil de explicar. Como diputado, en septiembre de 2023, Milei votó junto con Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría. Durante aquella sesión calificó al impuesto sobre el salario como “inmundo” y defendió que el problema fiscal debía resolverse reduciendo gasto y no aumentando impuestos. Menos de un año después, su propio Gobierno impulsó la restitución de la cuarta categoría, que terminó incorporada al paquete fiscal y volvió a alcanzar a cientos de miles de trabajadores en relación de dependencia. No estamos hablando de una interpretación sobre una vieja entrevista: Milei votó una norma y luego, desde la Presidencia, impulsó prácticamente el movimiento contrario. Si existe una imagen literal de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, pocas son más nítidas que ésta.
La explicación oficial fue que las circunstancias habían cambiado, que era necesario reconstruir el equilibrio fiscal heredado y que, una vez saneadas las cuentas públicas, los impuestos podrían comenzar a bajar. Es una justificación económicamente discutible pero perfectamente coherente con el pragmatismo gubernamental. El problema aparece cuando Milei convierte ahora la negativa a cambiar en una superioridad moral respecto de todos los demás políticos. Porque cuando la restricción fiscal lo obligó a abandonar una posición anterior, no solamente cambió: defendió la nueva decisión con la misma contundencia con la que anteriormente había defendido la contraria.
China constituye otra tachadura enorme. Durante la campaña de 2023 Milei afirmó que no haría negocios con China ni con gobiernos comunistas porque su política internacional quedaría alineada con Estados Unidos, Israel y las democracias liberales. Apenas un año después describió al gigante asiático como un “socio comercial muy interesante”, el Gobierno negoció y renovó un tramo del swap de monedas, Karina Milei profundizó contactos diplomáticos y el propio Presidente terminó reuniéndose con Xi Jinping. La explicación es bastante sencilla: China es uno de los mayores socios comerciales de la Argentina, compra soja, carne, minerales y otros productos, y además el swap era demasiado importante para las reservas como para sacrificarlo en nombre de la pureza ideológica. Fue probablemente sensato corregirse. Pero fue una corrección de 180 grados.
Y justamente este viernes Milei explicó que el aumento de las exportaciones permite a la Argentina “jugar” geopolíticamente. Esa afirmación contiene, sin querer, una reivindicación del mismo pragmatismo que antes condenaba: un país necesita relaciones con Estados que no comparten necesariamente su ideología porque la política exterior no es una reunión de amigos sino una defensa de intereses nacionales. Milei terminó aplicando con China una política considerablemente más tradicional de la que prometió. El Presidente que decía que no comerciaría con comunistas descubrió desde la Casa Rosada algo que la diplomacia argentina sabía desde hacía décadas: romper voluntariamente con uno de los principales compradores del país habría tenido un costo enorme.
También está Luis Caputo. Antes de llegar al gobierno, Milei había sido feroz respecto de su paso por el Banco Central durante la administración de Mauricio Macri. Lo responsabilizó por haber utilizado alrededor de US$15.000 millones de reservas de manera irresponsable y por dejar un problema con las Leliq. Años después lo nombró ministro de Economía, construyó alrededor suyo una confianza política extraordinaria y terminó presentándolo reiteradamente como uno de los mejores —cuando no el mejor— ministros de Economía de la historia argentina. Una persona puede revisar su evaluación sobre otra, naturalmente. Pero la distancia entre responsabilizar a alguien por uno de los principales desastres monetarios de un gobierno y convertirlo en el arquitecto de la propia estabilización económica es demasiado grande como para sostener seriamente que no hubo ninguna tachadura en el camino.
Patricia Bullrich ofrece un ejemplo todavía más extraordinario porque no involucró solamente diferencias técnicas. En plena campaña, Milei la acusó de haber sido una “montonera tirabombas”, llegó a atribuirle la colocación de explosivos en jardines de infantes y la vinculó personalmente con terrorismo. LA NACION consultó entonces a investigadores y fuentes documentales y señaló que no existían constancias que respaldaran aquella acusación específica. Bullrich anunció acciones judiciales. Pocas semanas después, tras quedar tercera en las elecciones, ambos se reconciliaron; ella apoyó a Milei en el balotaje, luego fue designada ministra de Seguridad y terminó convirtiéndose en una de las figuras centrales del nuevo oficialismo. En 2026 ya encabeza el bloque libertario en el Senado. En ese caso no cambió una alícuota o un instrumento monetario: cambió la consideración moral completa sobre una dirigente a la que había acusado públicamente de terrorismo.
Con el papa Francisco ocurrió algo parecido. Milei había llegado a definir a Jorge Bergoglio como representante del mal en la Tierra, lo acusó de impulsar el comunismo y lo atacó durante años por su defensa de la justicia social. Después de asumir, lo visitó en el Vaticano, moderó drásticamente su discurso y, tras la muerte de Francisco en 2025, lo definió como “el argentino más importante de la historia”. También reconoció que había pedido perdón por sus ataques anteriores. El cambio en sí mismo puede incluso ser valorado como una rectificación de un enfrentamiento innecesariamente violento. Pero vuelve a demostrar el problema de la sentencia utilizada en Iguazú: Milei sí reescribe evaluaciones anteriores cuando las circunstancias políticas, personales o institucionales cambian.
La medicina prepaga mostró otro giro, esta vez estrictamente gubernamental. El DNU 70/2023 eliminó controles sobre las cuotas y dejó que las empresas definieran sus precios después de años de regulación. Cuando los aumentos llegaron hasta alrededor del 165% y el conflicto golpeó directamente a la clase media, el Gobierno intervino: ordenó a siete compañías retrotraer parcialmente los incrementos y estableció como límite la evolución del IPC mientras avanzaba una investigación por posible cartelización. La Casa Rosada defendió la decisión argumentando que no estaba aplicando control de precios sino utilizando herramientas de defensa de la competencia frente a una presunta colusión. Esa distinción jurídica es relevante y debe reconocerse, pero en términos políticos la secuencia fue evidente: primero desreguló completamente los precios y apenas cuatro meses después necesitó intervenir para limitar el resultado que aquella desregulación había permitido.
Algo similar puede decirse de la promesa de que el ajuste recaería sobre “la casta”. Milei efectivamente redujo cargos, organismos, transferencias discrecionales y distintos componentes del gasto público, y sería incorrecto afirmar que ningún sector estatal fue alcanzado. También fortaleció significativamente la AUH. Pero cuando se observa dónde cayó el grueso del ajuste de 2024, la imagen es bastante diferente de aquella consigna electoral. Según un análisis de Chequeado basado en datos oficiales, alrededor del 66% de la reducción tuvo impacto directo sobre el sector privado, principalmente mediante jubilaciones y pensiones, obra pública y subsidios económicos. Las jubilaciones aportaron una parte sustancial del ahorro fiscal y la mínima perdió poder adquisitivo durante aquel primer año, mientras el bono permaneció congelado. La motosierra no pasó solamente por despachos de funcionarios o privilegios políticos: también atravesó prestaciones y gastos que llegan directamente a hogares.
Incluso Malvinas, convertida esta semana en una nueva bandera central del Gobierno, exhibe un cambio de enfoque. Milei nunca renunció formalmente al reclamo argentino y durante la campaña sostuvo que la recuperación debía producirse diplomáticamente, por lo que sería injusto decir que pasó de abandonar las islas a reclamarlas. Pero sí modificó de manera muy visible su lenguaje. Defendió públicamente su admiración por Margaret Thatcher, mantuvo esa posición incluso después de asumir y en abril de 2025 habló de lograr que los isleños eligieran a la Argentina mediante el “voto con los pies”, una formulación interpretada entonces como una concesión a la voluntad de los habitantes. En la cadena nacional del jueves afirmó categóricamente que, por tratarse de una población implantada tras la ocupación británica, no corresponde reconocerles un derecho de autodeterminación. Esa última formulación es mucho más cercana a la posición histórica de la Cancillería argentina que algunos de los planteos que marcaron sus primeros años. Otra vez: corregirse puede ser positivo. Pretender que nunca hubo un desplazamiento es otra cosa.
La contradicción central de la intervención de Iguazú no está entonces en que Milei haya cambiado. Está en que, después de haber gobernado durante casi tres años modificando varias de sus posiciones más categóricas, quiera convertir el hecho de no cambiar jamás en prueba de superioridad frente a la política tradicional. Los gobiernos cambian porque aparece información nueva, porque no tienen los votos, porque las reservas no alcanzan, porque el contexto internacional cambia, porque una política falla o sencillamente porque administrar un Estado obliga a enfrentarse con restricciones que desde un estudio de televisión no existen. La dolarización chocó con la realidad financiera y política; romper con China chocó con el comercio exterior; la eliminación de Ganancias chocó con las necesidades fiscales; la desregulación de las prepagas chocó con el impacto social; Bullrich dejó de ser una enemiga cuando Milei necesitó construir una mayoría para el balotaje. En todas esas situaciones, el pragmatismo terminó derrotando a la pureza original.
Eso no convierte automáticamente cada giro en una traición. Al contrario: algunas de esas rectificaciones probablemente evitaron errores mayores. Mantener relaciones comerciales con China es mucho más racional que romperlas por motivos ideológicos. Crear un Banco Central institucionalmente independiente puede resultar más serio que dinamitarlo. Investigar una posible cartelización es una función legítima del Estado incluso dentro de una economía de mercado. Reconciliarse con adversarios políticos puede ser necesario en cualquier democracia. El problema es que Milei no suele presentar esos movimientos como aprendizajes. Con frecuencia reconstruye el relato hasta convertir la nueva posición en la única que supuestamente siempre tuvo.
El discurso del IAEF dejó además dos afirmaciones que requieren una lectura cuidadosa. Milei habló de aproximadamente US$200.000 millones vinculados con inversiones y relacionó esa masa de capital con el salto exportador y la futura capacidad geopolítica argentina. Pero hasta mediados de agosto el RIGI reunía 44 iniciativas por casi US$200.000 millones, mientras los proyectos efectivamente aprobados representaban cerca de US$50.000 millones y otros 23 todavía esperaban autorización. No es lo mismo una cartera de proyectos presentados o anunciados que US$200.000 millones ya desembolsados en la economía. El potencial es enorme y varios proyectos aprobados tienen obras concretas, pero presentar toda la carpeta como inversión materializada aumenta considerablemente el tamaño de la realidad disponible hoy.
También volvió sobre la morosidad. Milei sostuvo que el deterioro de los créditos no necesariamente refleja una menor responsabilidad de los argentinos, sino que parte del aumento se explica porque personas y pymes anteriormente excluidas pudieron acceder finalmente a financiamiento. El argumento puede explicar una porción del fenómeno: ampliar el universo de prestatarios hacia perfiles de mayor riesgo naturalmente eleva la mora. Pero no alcanza por sí solo para cerrar la discusión. La irregularidad de los préstamos a hogares volvió a aumentar en julio, del 12,77% al 12,94%, al mismo tiempo que el saldo real del financiamiento volvió a caer. Es decir, no estamos observando únicamente una gigantesca expansión del crédito cuyo efecto estadístico natural sea sumar deudores morosos. Existe un deterioro que merece ser analizado también junto con ingresos, tasas, endeudamiento y capacidad de pago.
Donde Milei sí conserva una continuidad mucho más clara es en el corazón de su actual programa fiscal. Desde el comienzo del gobierno convirtió el equilibrio presupuestario en una condición innegociable y, después de los cambios tributarios iniciales que permitieron alcanzar la meta, sostuvo esa orientación. También mantuvo una política monetaria restrictiva y hace meses insiste en que no la relajará hasta que la inflación sea derrotada. Por eso la frase del codo tiene sentido si se restringe exclusivamente a lo que Milei está prometiendo ahora: que no va a prender la máquina de emitir ni abrir el gasto público para mejorar artificialmente la economía antes de las elecciones. Eso deberá comprobarse durante 2027 y, si lo cumple, tendrá derecho a reivindicarlo.
Lo que no puede hacer es convertir esa promesa hacia adelante en una reescritura de todo lo ocurrido hacia atrás. Porque el propio recorrido de su gobierno demuestra que Javier Milei también negocia, cambia, posterga, rectifica y abandona posiciones cuando el poder lo obliga. Lo hizo con el Banco Central, con la dolarización, con Ganancias, con el impuesto PAIS, con China, con Caputo, con Bullrich, con las prepagas y hasta con su valoración del papa Francisco. Y ahora está atravesando una evolución semejante en Malvinas.
Tal vez la enseñanza sea incluso más interesante que la frase elegida en Iguazú. Milei llegó a la política prometiendo que sería diferente porque no iba a comportarse como un político. Casi tres años después, la Presidencia le demostró que gobernar consiste precisamente en algo bastante más complejo: elegir qué principios mantener, qué instrumentos modificar y qué errores corregir.
No hay necesariamente una vergüenza en eso.
La contradicción aparece cuando el Presidente que más veces convirtió sus opiniones en sentencias definitivas pretende ahora presentarse como el hombre que nunca tuvo que borrar una palabra.
Porque, en realidad, el codo de Milei ya trabajó bastante.
