Alejandro CabreraLo ocurrido en la Escuela ORT no debería analizarse como una extravagancia presidencial más, una frase salida de tono ni uno de esos episodios que permanecen durante 24 horas en X y después desaparecen sepultados por la siguiente polémica. Fue, en realidad, la culminación perfectamente coherente de dos semanas en las que Javier Milei volvió a convertir la agresión en el centro de su comunicación política y en las que la frontera entre discutir ideas, descalificar adversarios y utilizar el poder presidencial para señalar enemigos quedó cada vez más desdibujada.
No hace falta especular sobre la salud mental del Presidente, como hicieron irresponsablemente algunos dirigentes y usuarios en redes. Tampoco corresponde diagnosticar a distancia a una persona por su comportamiento público. El problema que enfrenta la Argentina no necesita ninguna explicación clínica: es estrictamente político e institucional. Basta observar qué hace el Presidente, qué escribe, a quiénes señala y qué comportamientos intenta legitimar desde la posición de mayor poder del Estado.
Entre el lunes 17 y el domingo 23 de agosto, un relevamiento sobre la cuenta de Milei registró 335 publicaciones ajenas reproducidas contra la prensa y otros 26 mensajes escritos por él mismo. Son 361 intervenciones en siete días. Durante sus discursos y entrevistas de esos mismos días, además, realizó otras 21 alusiones despectivas al periodismo. No es una respuesta ocasional a una información incorrecta. Es una campaña sostenida de comunicación presidencial.
El martes siguiente volvió a empezar. Durante unas ocho horas, Milei utilizó su cuenta para reproducir ataques y escribir insultos contra medios y periodistas. Habló de “mierdas humanas mentirosas”, “mierdas mentirosas con micrófono”, “soretes” y “amontonamiento de mierda”. En otro mensaje, al discutir las estadísticas sobre morosidad, sostuvo que quienes habían informado sobre el deterioro crediticio eran “imbéciles con déficit de IQ” o personas deliberadamente mentirosas.
El problema nunca puede ser que un presidente critique al periodismo. Los periodistas nos equivocamos, exageramos, tenemos líneas editoriales, podemos utilizar malas fuentes y, como cualquier actividad humana, también estamos atravesados por intereses. Un Gobierno tiene todo el derecho a desmentir una nota, señalar un error metodológico, publicar información oficial que contradiga una versión e incluso recurrir a la Justicia cuando entiende que se produjo un daño jurídicamente reparable.
El límite comienza a correrse cuando el Presidente deja de discutir la información y convierte a quien la publica en una categoría moralmente despreciable.
“Mierda humana” no es un argumento. “Sorete” no refuta una estadística. “Sicario con micrófono” no corrige una base de datos. Y el lema que Milei viene amplificando desde hace tiempo —“no odiamos lo suficiente a los periodistas”— contiene un verbo demasiado concreto como para seguir tratándolo como una simple provocación humorística.
La gravedad tampoco consiste exclusivamente en las palabras. Un usuario anónimo puede insultar a un periodista y probablemente su mensaje termine perdido entre millones de publicaciones. Cuando lo hace el Presidente de la Nación, detrás de ese posteo existen millones de seguidores, funcionarios, legisladores, militantes digitales y una enorme capacidad para convertir a una persona identificada con nombre y apellido en blanco de una campaña de hostigamiento.
La asimetría es evidente.
Un periodista investiga al poder. El Presidente es el poder.
Lo sucedido durante estas últimas dos semanas permite observar algo que comienza a ser más importante que cada insulto individual: la agresividad dejó de funcionar solamente como una característica de personalidad o un recurso electoral y se convirtió en un método para ordenar la interpretación de la realidad.
Cuando una noticia coincide con el relato oficial, aparece la “masterclass”. Cuando contradice al Gobierno, comienza la búsqueda del enemigo.
Ocurrió con la morosidad. Los indicadores oficiales del Banco Central muestran un deterioro significativo de la capacidad de pago de los hogares. Puede discutirse su magnitud, sus causas, cuánto corresponde a la expansión del crédito, cuánto a préstamos mal otorgados, cuánto al debilitamiento del ingreso disponible y cuánto a decisiones individuales. Todo eso forma parte de una discusión económica legítima.
Pero Milei eligió convertir el debate en otro “mercado repugnante” supuestamente construido contra el Gobierno y atacar a quienes venían informando sobre el problema.
Lo mismo ocurrió con Fernando Cerimedo. Cuando el antiguo asesor libertario fue detenido en Bolivia y comenzaron a aparecer preguntas sobre sus antiguas relaciones con el oficialismo, el Presidente primero reprodujo posteos que ponían en duda aspectos del ataque sufrido por Nadia Beller y hablaban de una posible “opereta”. Después incorporó a Marcela Pagano, Franco Bindi, Evo Morales, Lula da Silva y el “castrochavismo” dentro de un mismo supuesto entramado. No presentó pruebas públicas que permitan establecer esa conexión.
La explicación del mundo empieza siempre a parecerse: de un lado están quienes comprenden, producen, dicen la verdad y defienden la libertad; del otro aparecen periodistas, opositores, socialistas, economistas críticos, dirigentes extranjeros o cualquier actor que contradiga la interpretación presidencial. Los primeros pueden equivocarse pero pertenecen al campo moralmente correcto. Los segundos no están simplemente equivocados: son corruptos, imbéciles, ladrones, mentirosos o directamente malvados.
Esa lógica también explica por qué el episodio de Luis Caputo es mucho más preocupante que un insulto.
El ministro de Economía sostuvo que “no es razonable” que alguien publique algo sin sustento y no tenga consecuencias y planteó la necesidad de una ley que castigue ese tipo de publicaciones. Milei acompañó el planteo mientras continuaba atacando periodistas.
La pregunta elemental es quién determinaría cuál información merece castigo.
Si una investigación periodística afirma algo que luego un ministro niega, ¿decide el Gobierno qué versión es verdadera? ¿Un fiscal? ¿Un juez? ¿Una nueva autoridad administrativa? ¿Y qué ocurre con una noticia que parece equivocada cuando se publica pero termina demostrando ser cierta meses después?
La democracia liberal que Milei dice defender construyó durante siglos una respuesta a ese dilema: frente al discurso que incomoda al poder, la regla debe ser más libertad de expresión y no menos. El Estado puede responder, aportar documentos y demandar si existe un delito concreto. Lo que no puede hacer es convertirse en árbitro general de las noticias aceptables.
Lo curioso es que una parte de la militancia libertaria parece aceptar rápidamente restricciones cuando el sujeto que debe soportar la libertad ajena es el propio Gobierno.
La libertad de expresión resulta magnífica para insultar a un periodista desde la Presidencia. Se vuelve mucho menos atractiva cuando ese periodista investiga al Presidente.
La contradicción llegó esta semana a un escenario todavía más delicado: una escuela.
Milei fue invitado a la sede de Almagro de ORT para participar de los festejos por los 90 años de la institución y hablar ante alumnos de cuarto y quinto año sobre “Ética como política de Estado”. La sola presencia del Presidente en una escuela no constituye adoctrinamiento. Sería absurdo sostener semejante cosa. Los estudiantes deberían poder escuchar a Milei, a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri, a Axel Kicillof, a dirigentes de izquierda, empresarios, sindicalistas, científicos y referentes de las corrientes intelectuales más diversas.
Una escuela plural no es aquella donde la política está prohibida.
Es aquella donde las ideas pueden entrar sin que una sola de ellas sea presentada como verdad obligatoria y las restantes como degeneraciones morales.
Y ahí es donde la charla del jueves cambió de naturaleza.
Milei comenzó atacando a sus adversarios políticos. Sostuvo que llamarlos “adversarios” incluso podía otorgarles una “estatura moral que no tienen” y los calificó de “sucios”. Después trasladó a los estudiantes la discusión electoral sobre la morosidad y denunció una campaña destinada a perjudicar al Gobierno. Terminó esa parte señalando que la decisión quedaría finalmente “en manos de los argentinos”, en una intervención con un contenido político evidente.
Luego llevó la exposición hacia una interpretación religiosa de la economía.
“El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley”, leyó de su próximo libro. El orden capitalista, según su explicación, no habría sido inventado por el hombre sino descubierto mediante la obediencia al orden moral establecido por el Creador.
Ese planteo puede discutirse. Milei tiene derecho a creerlo, escribirlo y defenderlo.
El problema apareció cuando dejó de presentarlo como una concepción filosófica y pasó a estructurar el universo político alrededor de una elección entre el bien y el mal.
“No hay tercer camino”, les dijo a los alumnos. De un lado ubicó “la vida y el bien”; del otro, “la muerte y el mal”. Después presentó al marxismo como el programa opuesto al de Dios y afirmó directamente que Karl Marx “era satanista”.
La afirmación histórica es, como mínimo, extraordinariamente discutible. La tesis de un Marx satanista proviene fundamentalmente de lecturas posteriores de poemas y de Oulanem, una obra dramática escrita durante su juventud. Incluso autores provenientes de tradiciones fuertemente antimarxistas reconocen que no existe evidencia real de que Marx perteneciera a un culto satánico. La conocida biografía de Francis Wheen trata precisamente esa acusación como una construcción sin pruebas.
Se puede cuestionar al marxismo por sus errores económicos, discutir su concepción de la propiedad, estudiar sus consecuencias históricas o debatir la experiencia de los regímenes comunistas. Material sobra.
Presentarlo ante adolescentes como una doctrina satánica ya pertenece a otra categoría.
Y entonces llegó la escena que terminó de explicar todo.
Milei estaba hablando del mandamiento “no robarás”, la propiedad privada y su crítica al Estado redistributivo cuando interrumpió la lectura y agregó: “Esto le vendría bien a los periodistas”.
Algunos estudiantes reaccionaron con silbidos.
El Presidente podría haber seguido con su conferencia. Podría incluso haber pedido respeto por quienes estaban trabajando allí.
Hizo exactamente lo contrario.
“Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”, dijo.
El auditorio respondió con un abucheo más intenso. Milei sonrió.
Ahí la discusión deja de ser abstracta.
El Presidente de la Nación, después de pasar cientos de publicaciones señalando periodistas desde X, llegó a una escuela secundaria y celebró que adolescentes abuchearan a una profesión que él mismo viene describiendo como integrada por ladrones, corruptos y “mierdas humanas”.
Eso no es enseñar pensamiento crítico.
Es entrenar una reacción.
Hay una ironía particularmente difícil de esquivar: pocos gobiernos argentinos hicieron del combate al adoctrinamiento educativo una bandera tan explícita como el de Javier Milei.
En abril de 2024, la Casa Rosada anunció que impulsaría una reforma de la Ley de Educación Nacional para “penar el adoctrinamiento en las escuelas” y que se habilitaría un canal para que padres y estudiantes denunciaran “actividad política que no respete la libertad de expresión”. No era una interpretación opositora: fue un anuncio oficial de la Presidencia.
En diciembre de ese año, Milei firmó el Decreto 1086/2024. Su texto incorporó a la reglamentación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes una definición explícita: la imposición de una manera de pensar o actuar político-partidaria, especialmente dentro del ámbito educativo, vulnera la dignidad, la educación, la libertad y la libertad de conciencia de los menores.
El Ministerio de Capital Humano continuó después con esa política. La línea nacional de Convivencia Escolar recibe actualmente denuncias vinculadas con “imposición ideológica”, “propaganda político-partidaria” y “adoctrinamiento”. Y en noviembre de 2025 el propio Ministerio afirmó que rechazaba el tratamiento inadecuado de contenidos político-partidarios en instituciones educativas y reclamó entornos abiertos al diálogo y al pensamiento crítico.
La pregunta resulta inevitable:
¿El estándar vale también cuando quien baja línea es Javier Milei?
La diputada libertaria Sabrina Ajmechet salió a defender al Presidente y sostuvo que no existió adoctrinamiento porque, según su definición, adoctrinar implica inculcar una idea “a la fuerza”.
Es una defensa que merece ser considerada.
Los alumnos no fueron llevados encadenados a escuchar al Presidente. Milei fue invitado por una institución privada. Los adolescentes de cuarto y quinto año no son criaturas incapaces de formar una opinión y, de hecho, muchos seguramente tengan suficiente autonomía intelectual para aceptar, rechazar o burlarse de lo que escucharon.
Por eso no afirmaría que Milei haya cometido automáticamente una infracción legal al decreto que él mismo firmó. La norma habla de imposición, y probar jurídicamente que una conferencia presidencial constituye una imposición requeriría bastante más que mostrar un discurso ideológico.
Pero reducir el problema a la existencia de coerción física es construir una definición de adoctrinamiento tan estrecha que vuelve inútil toda la campaña que el propio Gobierno desarrolló durante dos años.
Si un profesor kirchnerista se parara frente a alumnos secundarios, explicara que el peronismo representa la justicia social ordenada por principios superiores, presentara al liberalismo como moralmente perverso, dijera que los libertarios carecen de estatura moral y celebrara que el auditorio abucheara a economistas liberales, cuesta imaginar a La Libertad Avanza explicando al día siguiente que no hubo adoctrinamiento porque nadie obligó a los estudiantes a aplaudir.
Probablemente estaríamos viendo cadenas de posteos, denuncias al 0800 y comunicados de Capital Humano.
Ese doble estándar es el corazón de la polémica.
No se trata de pedir una escuela aséptica. Lo contrario: una buena educación debería poder poner a un adolescente frente a Marx y Hayek, Keynes y Friedman, Perón y Alberdi, Milei y Kicillof, y enseñarle a encontrar fortalezas, contradicciones y errores en cada uno.
El problema aparece cuando el Presidente entra a una escuela no para introducir una discusión sino para cerrar la discusión.
“No hay tercer camino.”
Capitalismo y Dios de un lado.
Marxismo, satanismo y el mal del otro.
Sus políticas como expresión de lo correcto.
Sus adversarios sin “estatura moral”.
Los periodistas merecedores del abucheo.
Eso se parece demasiado a aquello que el propio Gobierno describió durante años como bajada de línea.
La reacción interna en ORT tampoco fue inexistente. La institución evitó pronunciarse públicamente durante las primeras horas, pero LA NACION recogió malestar de padres y exalumnos. Adrián Moscovich, quien dirigió ORT durante dos décadas y dijo haber votado a Milei, fue particularmente claro: sostuvo que la escuela no era el lugar para tratar de satánico a quien piensa diferente ni para convocar al abucheo de periodistas.
Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, incluso utilizó el mecanismo de convivencia escolar para presentar una denuncia contra Milei. Que esa denuncia prospere o no es otra discusión. Lo importante es la paradoja que expone: una herramienta pensada por el propio universo oficial para perseguir el adoctrinamiento terminó siendo utilizada contra el Presidente.
El episodio permite además observar algo todavía más inquietante.
La furia digital empezó a salir de la pantalla.
Durante años, Milei construyó una enorme eficacia política mediante la lógica de X: seleccionar un enemigo, asignarle un calificativo, amplificar cuentas aliadas, ridiculizarlo, elevar la intensidad y convertir el enfrentamiento en contenido. Esa estrategia fue extraordinariamente exitosa para construir identidad política.
Pero gobernar no es administrar una cuenta de Twitter.
El Presidente no solamente representa a quienes lo votaron. Tampoco puede actuar como si la mitad del país fuera una comunidad enemiga con la cual sólo existe una relación posible de derrota moral.
Hay una diferencia fundamental entre polarización democrática y deshumanización.
La democracia vive del conflicto. Gobierno y oposición deben enfrentarse. Periodistas y funcionarios deben discutir. Economistas deben destrozar los argumentos de otros economistas. La política sin conflicto no existe.
Pero para que ese sistema funcione hace falta algo elemental: reconocer que el adversario sigue perteneciendo a la misma comunidad democrática.
Puede estar equivocado sin ser un imbécil.
Puede ser socialista sin ser satánico.
Puede ser periodista sin ser un ladrón.
Puede cuestionar al Gobierno sin formar parte de una conspiración.
Puede informar que creció la morosidad sin querer destruir la Argentina.
Cuando desaparece esa distinción, todo cuestionamiento se transforma en traición y toda diferencia pasa a ser un defecto moral.
Ese es el peligro de estas dos semanas.
No los insultos individualmente considerados. Argentina sobrevivió a presidentes malhablados antes y sobrevivirá a otros.
El problema es la construcción deliberada de un clima donde la agresión funciona como prueba de autenticidad, la moderación es presentada como cobardía y el odio contra determinados sectores se convierte en una virtud identitaria.
Y la escena de la ORT debería funcionar como una alarma incluso para quienes apoyan a Milei.
Porque un Presidente tiene derecho a decirles a adolescentes por qué cree que el capitalismo funciona mejor que el socialismo.
Tiene derecho a contarles por qué considera equivocadas determinadas políticas.
Tiene derecho a hablar de judaísmo, cristianismo, propiedad privada, Hayek, Mises o de cualquier autor que forme parte de su cosmovisión.
Lo que un Presidente democrático no debería necesitar es enseñarles a abuchear al que pregunta.
Ahí ya no está formando pensamiento crítico.
Está formando tribuna.
Y una escuela debería ser exactamente el lugar donde aprendemos a no convertirnos en una tribuna.
