Alejandro CabreraEl salario promedio de los trabajadores privados registrados volvió a ubicarse en junio por debajo del nivel de noviembre de 2023, un dato que rompe con uno de los principales argumentos económicos utilizados por el Gobierno durante los últimos meses. Después de permanecer durante veinte meses por encima de aquel punto de comparación, la remuneración real retrocedió hasta quedar un 0,6% por debajo del comienzo de la gestión de Javier Milei.
La medición comprende aproximadamente a 6,1 millones de trabajadores y surge de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino. A diferencia de los salarios establecidos exclusivamente mediante convenios colectivos, esta estadística incorpora premios, bonos, adicionales, horas extras y sumas no remunerativas. Por eso había sido elegida por el propio Gobierno para mostrar que los ingresos se recuperaban con mayor rapidez que las paritarias.
En junio, sin embargo, esa misma serie registró una caída real mensual del 0,9%, después de haber descendido 2,9% durante mayo. El retroceso se produjo incluso con una inflación que había bajado al 1,9% mensual, lo que indica que la desaceleración de los precios dejó de ser suficiente para sostener por sí sola la recuperación de los ingresos.
Durante la primera parte del programa económico, el Gobierno apostó a que una caída rápida de la inflación permitiría recomponer los salarios aun sin grandes aumentos nominales. Esa dinámica funcionó parcialmente después del desplome registrado durante los primeros meses de 2024, cuando la devaluación y la aceleración de los precios redujeron con fuerza el poder de compra.
El escenario comenzó a cambiar durante el segundo trimestre de 2026. La inflación fue del 2,6% en abril, bajó al 2,1% en mayo y alcanzó el 1,9% en junio, pero los ajustes salariales también se hicieron más pequeños. En julio, los precios volvieron a aumentar 2,1%, lo que mantuvo la presión sobre ingresos que ya venían perdiendo terreno.
La situación es más delicada cuando se observan únicamente los salarios básicos pactados en los convenios colectivos. Los acuerdos correspondientes a 27 actividades, que alcanzan a unos 3,6 millones de empleados, acumulan una pérdida real cercana al 6,5% desde el comienzo de la actual administración.
Esto también explica por qué dos trabajadores registrados pueden atravesar realidades muy diferentes. Quien recibe bonos, comisiones, horas extras o premios puede mantener una remuneración total relativamente estable, mientras que quien depende casi exclusivamente del básico de convenio queda mucho más expuesto al retraso de las paritarias.
Algunos sectores lograron mantenerse por encima de la inflación durante el último año. Los encargados de edificios registraron una mejora real aproximada del 5,9%, mientras que los camioneros avanzaron 3,1%. La construcción y los empleados de farmacia obtuvieron incrementos cercanos al 2,5%.
También consiguieron variaciones positivas los trabajadores de entidades deportivas, aceiteros y empleados de seguros. En todos esos casos influyeron acuerdos específicos, adicionales particulares o mecanismos de actualización que no estuvieron disponibles en el resto de las actividades.
En el extremo opuesto aparecen sectores industriales y comerciales que combinaron salarios rezagados con menor actividad. Los textiles perdieron alrededor del 12,6% de su poder adquisitivo, los metalúrgicos retrocedieron 12,4%, los empleados de comercio quedaron 11% abajo y el calzado acumuló una contracción cercana al 10,5%.
Las diferencias sectoriales son importantes porque muestran que el problema no se limita al resultado de una paritaria. Las ramas más afectadas también enfrentan caída de ventas, competencia importada, suspensiones y reducción de turnos. En ese contexto, las empresas tienen menos margen para otorgar aumentos por encima de los acuerdos básicos.
El deterioro de los ingresos se combina con otra señal preocupante: desde el inicio de la gestión de Milei se perdieron aproximadamente 241.000 empleos privados registrados. La reducción del número de empresas empleadoras, la retracción industrial y los problemas de la construcción limitaron la capacidad de los trabajadores para cambiar de puesto o negociar mejores condiciones.
Un mercado laboral con menor demanda disminuye el poder de negociación salarial. Incluso quienes conservan un empleo estable pueden mostrarse más dispuestos a aceptar aumentos pequeños si perciben que existen menos oportunidades disponibles. Esa situación ayuda a entender por qué la baja de la inflación no se trasladó automáticamente a una mejora sostenida del poder adquisitivo.
El impacto se siente especialmente en el consumo cotidiano. Cuando los ingresos reales permanecen estancados, los hogares concentran sus gastos en alimentos, tarifas, transporte y vivienda. Las compras de indumentaria, equipamiento, recreación o bienes durables quedan postergadas, lo que a su vez reduce la recuperación de los sectores que dependen del mercado interno.
La evolución de los próximos meses dependerá de tres variables que comenzarán a moverse al mismo tiempo: la inflación, las nuevas revisiones paritarias y el nivel de empleo. Si los precios vuelven a acelerarse y los acuerdos salariales continúan limitados, el promedio privado podría profundizar su caída. Si la actividad logra recuperarse, en cambio, las empresas podrían volver a otorgar adicionales y recomponer parte de lo perdido sin depender exclusivamente de los convenios.
