El país que quiso reinventar el dinero: cinco años después, el experimento de Bukele quedó irreconocible

Hubo un momento, no demasiado lejano, en el que Nayib Bukele parecía dispuesto a convertir a El Salvador en el gran laboratorio mundial de una revolución monetaria. Era septiembre de 2021 y el pequeño país centroamericano acababa de convertirse en el primero del planeta en reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente hablaba de soberanía financiera, inclusión de quienes estaban fuera del sistema bancario, reducción de los costos de las remesas y una nueva economía capaz de atraer inversiones tecnológicas de todo el mundo. Cinco años después, aquella imagen resulta difícil de reconciliar con la realidad. El Bitcoin continúa formando parte del patrimonio público salvadoreño y Bukele no ha renegado discursivamente de la criptomoneda, pero prácticamente todos los pilares que convertían el proyecto en una política monetaria estatal fueron desmontados. Primero desapareció la obligación de aceptar Bitcoin, después se prohibió utilizarlo para pagar impuestos, se limitó la intervención estatal y ahora el Gobierno transfirió la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo Wallet a un operador privado, al mismo tiempo que se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a no seguir acumulando criptomonedas con recursos públicos.

La aclaración temporal es fundamental porque el último capítulo puede generar una impresión equivocada: El Salvador no acaba de abandonar en 2026 al Bitcoin como moneda obligatoria. Ese retroceso ocurrió el año pasado. El 29 de enero de 2025, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas aprobó las modificaciones impulsadas por el propio Ejecutivo y cambió sustancialmente la legislación que Bukele había presentado cuatro años antes como una transformación histórica. Se eliminaron artículos fundamentales de la ley original, entre ellos los que obligaban a los agentes económicos a aceptar Bitcoin cuando un comprador quisiera utilizarlo y los que habilitaban al Estado a garantizar mecanismos de conversión. La aceptación pasó a ser voluntaria y las obligaciones tributarias quedaron exclusivamente vinculadas al dólar. La reforma fue publicada el 30 de enero y sus principales disposiciones entraron en vigor noventa días después. No fue un cambio ideológico repentino: formó parte de las condiciones negociadas para destrabar un programa de asistencia financiera de 1.400 millones de dólares con el FMI.

Lo que ocurrió ahora, en septiembre de 2026, completa aquella marcha atrás. El FMI anunció el 3 de septiembre que alcanzó un acuerdo técnico con El Salvador en la segunda y tercera revisión combinadas del programa y confirmó que la participación pública en Chivo fue “sustancialmente desmantelada”. La propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera pasaron a un operador privado, mientras el Estado conserva una participación minoritaria y determinadas responsabilidades de custodia sobre los activos de los usuarios. El organismo también aseguró que no se utilizaron recursos públicos para las acumulaciones de Bitcoin realizadas desde la revisión anterior y explicó que las autoridades presentaron documentación según la cual esos ingresos provinieron de donaciones privadas. A partir de ahora, el compromiso es todavía más claro: no se espera una nueva acumulación, salvo aquellas criptomonedas que eventualmente ingresen mediante donaciones debidamente documentadas.

Ese último punto, lejos de cerrar la discusión, abre una de las partes más delicadas de la historia. Porque durante meses existió una contradicción evidente entre lo que El Salvador había acordado con el Fondo y lo que mostraban las cuentas oficiales dedicadas al proyecto. Mientras el programa financiero exigía limitar las compras públicas y mantener sin crecimiento las tenencias estatales, la Oficina Nacional del Bitcoin continuó informando aumentos en las reservas. La explicación presentada posteriormente fue que esas monedas no habían sido compradas con dinero del Tesoro, sino recibidas a través de aportes privados. El FMI afirma haber recibido documentación que respalda esa versión, pero públicamente siguen sin conocerse aspectos esenciales: quién realizó esas donaciones, bajo qué condiciones fueron recibidas, cuál fue su origen y qué mecanismo institucional determinó que pasaran a engrosar una cartera administrada por el Estado. Según los datos recogidos esta semana, El Salvador mantenía más de 7.700 bitcoins, valorados en alrededor de 630 millones de dólares a precios actuales.

De la revolución financiera al acuerdo con Washington

Para entender la dimensión del retroceso hay que volver a 2021. Cuando Bukele lanzó el proyecto, la propuesta no consistía simplemente en permitir que los salvadoreños compraran o vendieran criptomonedas, algo posible en prácticamente cualquier país. El plan era mucho más ambicioso. La Ley Bitcoin establecía que todo agente económico debía aceptar la criptomoneda cuando un cliente quisiera pagar con ella, permitía expresar precios y realizar determinadas operaciones utilizando el activo digital y obligaba al Estado a desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento. Para sostener el sistema se creó un fideicomiso respaldado por fondos públicos, se lanzó Chivo Wallet, se instalaron cajeros especiales y cada ciudadano que descargara la aplicación recibía el equivalente a 30 dólares como incentivo inicial. La administración destinó un fideicomiso de 150 millones de dólares a garantizar la convertibilidad y realizó inversiones adicionales para desplegar toda la infraestructura tecnológica necesaria.

La idea tenía además una justificación económica concreta. El Salvador es una economía dolarizada desde 2001, depende de manera extraordinaria de las remesas que sus ciudadanos envían desde el exterior y arrastra históricamente bajos niveles de bancarización. Bukele sostenía que una billetera digital permitiría que millones de salvadoreños operaran sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional y, al mismo tiempo, reduciría las comisiones pagadas para recibir dinero desde Estados Unidos. Sobre el papel, la utilización de una red descentralizada podía parecer una herramienta capaz de resolver ambos problemas. Sin embargo, el salto entre la teoría y el comportamiento cotidiano de la población fue enorme. Estudios posteriormente analizados por el propio FMI encontraron que, incluso durante el momento de mayor impulso gubernamental, apenas alrededor del 20% de las empresas aceptaba Bitcoin y solamente el 4,9% de las ventas de esas compañías se efectuaba utilizando la criptomoneda. Tampoco apareció evidencia significativa de su utilización para pagar impuestos. Chivo tuvo millones de descargas, pero una parte importante se concentró alrededor del incentivo inicial de 30 dólares y no se convirtió en un uso cotidiano sostenido.

El verdadero problema del proyecto, sin embargo, nunca fue solamente si Bitcoin subía o bajaba de precio. De hecho, medir toda la experiencia únicamente a través de la cotización actual de las reservas estatales conduce a una discusión incompleta. Si el precio aumenta, el Gobierno puede exhibir una ganancia contable y reivindicar las compras realizadas durante las caídas del mercado; si se desploma, sus críticos pueden mostrar pérdidas temporales. Pero ninguna de esas dos situaciones responde las preguntas centrales sobre la calidad de una política pública. El Estado asumió riesgos financieros utilizando recursos de los contribuyentes, creó estructuras específicas para administrar esos activos y operó durante años con niveles de información que serían difíciles de aceptar para cualquier otra partida relevante del presupuesto nacional. El costo de compra de cada Bitcoin, las operaciones exactas, las comisiones, los movimientos entre billeteras y el estado consolidado de los fondos públicos no estuvieron disponibles durante buena parte del proceso con el grado de detalle que permitiría una auditoría ciudadana ordinaria.

Precisamente allí aparece el problema que sobrevivió al abandono de buena parte del modelo: la opacidad. El propio acuerdo firmado en 2025 con el FMI obligó al Gobierno a comprometerse a liquidar el fideicomiso Fidebitcoin, publicar sus auditorías y las realizadas por la Corte de Cuentas, presentar estados financieros auditados de Chivo, separar y proteger los dólares pertenecientes a sus clientes y crear un marco integral para la gestión de los bitcoins y demás criptoactivos propiedad del Estado. Que todas esas exigencias hayan tenido que figurar expresamente como compromisos dentro de un programa internacional muestra hasta qué punto la discusión excedía el valor de una criptomoneda. No se trataba solamente de preguntarse si Bukele había comprado barato o caro, sino de establecer cuáles eran exactamente los activos públicos, quién los controlaba, qué organismo tenía responsabilidad sobre ellos y qué reglas impedían que una decisión presidencial terminara sustituyendo a los procedimientos normales de administración patrimonial.

La propia transferencia de Chivo al sector privado vuelve a plantear interrogantes similares. El FMI confirmó que un operador privado controla ahora mayoritariamente la compañía, pero el anuncio público no identifica a ese operador ni desarrolla todas las condiciones económicas de la operación. Tampoco debe confundirse el traspaso de Chivo con una supuesta venta de todos los bitcoins propiedad del Estado: son cuestiones diferentes. El Salvador continúa teniendo una cartera pública de criptomonedas y el Fondo señala expresamente que se está trabajando para mejorar la transparencia sobre esas tenencias a través de las diferentes billeteras. El Gobierno, por su parte, conserva una participación minoritaria en Chivo y responsabilidades de custodia relacionadas con activos de los clientes. Lo que efectivamente desaparece es el modelo en el que el Estado era propietario y operador dominante de la plataforma creada para convertir al Bitcoin en un instrumento de uso masivo.

El precio político de aceptar lo que antes se rechazaba

Hay una paradoja difícil de ignorar. Durante años, Bukele construyó alrededor del Bitcoin una narrativa de independencia frente a los organismos financieros tradicionales. Las advertencias del FMI fueron presentadas implícita o explícitamente como la reacción de un viejo sistema frente a un país dispuesto a experimentar con una tecnología que desafiaba su poder. Sin embargo, cuando El Salvador necesitó cerrar un programa financiero capaz de mejorar sus reservas, reducir riesgos de refinanciación y facilitar su regreso a los mercados internacionales, terminó aceptando precisamente buena parte de las modificaciones que el Fondo venía reclamando desde el comienzo. El programa aprobado en febrero de 2025 contempla 1.400 millones de dólares del FMI y buscó además funcionar como catalizador para obtener financiamiento adicional de otros organismos multilaterales. A cambio, el Gobierno asumió compromisos fiscales, financieros, regulatorios y de transparencia entre los que el desarme del componente estatal del proyecto Bitcoin ocupa un lugar específico.

Eso tampoco significa que la economía salvadoreña esté atravesando necesariamente una crisis inmediata. El último informe del Fondo es, de hecho, bastante favorable respecto del desempeño macroeconómico reciente. El organismo calcula que el PIB real crecerá alrededor del 4,5% durante 2026, después de haber superado las expectativas en 2025, impulsado por la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y la entrada de capitales. El punto es otro: incluso en un escenario de crecimiento y con Bukele manteniendo un enorme predominio político interno, la administración decidió que conservar intacto el esquema Bitcoin de 2021 tenía un costo demasiado alto frente a los beneficios financieros de normalizar su relación con el FMI. No es el derrumbe económico que algunos de sus adversarios pronosticaron cuando se aprobó la ley, pero tampoco es la revolución monetaria que el propio Gobierno prometió.

El resultado final es un proyecto mucho más pequeño que el anunciado cinco años atrás. Los comercios ya no están obligados a recibir Bitcoin, el fisco no cobra impuestos en la criptomoneda, el Estado no debe seguir utilizando dinero público para comprarla, Chivo dejó de estar bajo control mayoritariamente estatal y las autoridades aceptaron fortalecer la regulación y supervisión de los activos digitales. Lo que permanece es una reserva considerable de bitcoins, una estructura institucional creada durante aquellos años y la voluntad política de Bukele de no reconocer públicamente el proceso como una derrota. Desde ese punto de vista, puede sostener que El Salvador mantiene exposición al activo y que la apreciación de las monedas compradas constituye una apuesta rentable. Pero esa defensa cambia el objeto original del proyecto: poseer Bitcoin como reserva de inversión es algo completamente distinto de transformar al Bitcoin en una moneda de uso cotidiano capaz de convivir con el dólar y modificar el funcionamiento de toda una economía.

Y es probablemente ahí donde está la historia más importante de este quinto aniversario. El experimento salvadoreño no terminó porque Bitcoin haya desaparecido ni porque Bukele haya anunciado que dejó de creer en él. Terminó, en los hechos, porque casi todos los elementos que hacían de aquella apuesta una política monetaria excepcional fueron retirados uno detrás de otro. Lo que nació como una demostración de autonomía frente al sistema financiero internacional terminó reformado como condición para recibir financiamiento de su institución más emblemática. Y mientras el Gobierno intenta conservar el relato de una apuesta visionaria, permanece abierta una cuestión mucho menos tecnológica y mucho más clásica: cómo se administró el dinero público durante estos años. El FMI consiguió documentación suficiente para seguir adelante con su programa y asegura que las últimas incorporaciones provinieron de donaciones privadas, pero para una sociedad la rendición de cuentas debería requerir algo más que satisfacer a un acreedor. Debería permitir conocer con precisión quién puso el dinero, quién tomó cada decisión, qué patrimonio quedó en manos del Estado y qué ocurrió con cada dólar utilizado en uno de los experimentos económicos más promocionados de América Latina.