Es un terreno de alrededor de 2000 metros cerca de José Ignacio que los rematadores creen que se venderá por 400.000 dólares. Fue confiscado por la justicia de ese país junto con el campo "El Entrevero", el cual fue comprado hace dos semanas por el empresario Eduardo Constantini.
Actualidad21 de enero de 2025
Alejandro Cabrera
Casi dos semanas después de que el empresario Eduardo Constantini comprara El Entrevero en una subasta millonaria –un campo que pertenecía a Lázaro Baez hasta que fue confiscado en 2018–, la Justicia de Uruguay se prepara para recibir ofertas por otra propiedad del empresario patagónico en el país. Esta propiedad es un terreno de casi 2000 metros, ubicado a menos de 5 kilómetros de San Ignacio, y según una fuente del sector inmobiliario de Uruguay, su precio de venta podría superar los 400.000 dólares. “Eso no es tan importante”, dice, en comparación con el terreno de 150 hectáreas que Constantini compró por 11.200.000 dólares hace unos días.
Como El Entrevero hasta su venta, este terreno fue confiscado en 2018 por un fallo judicial y ha estado bajo control de la Justicia uruguaya desde entonces. La Asociación Nacional de Rematadores y Tasadores quería vender las propiedades a ambas el 8 de enero. Sin embargo, el proceso de la documentación de las propiedades no iba a tiempo y seguía caminos diferentes. "Se va a hacer de todas formas", dicen las fuentes consultadas.
Este terreno está aún más cerca que el área de la rotonda de entrada a la ciudad uruguaya de José Ignacio, a poco más de 30 kilómetros de Punta del Este. La fecha del remate se decidirá solo cuando la entidad dirigida por Pablo Ponce de León reciba la notificación oficial de Presidencia para llevarlo a cabo. Según las fuentes, a partir de ese momento serán unos 40 o 50 días.
El terreno sigue perteneciendo al Fondo de Bienes decomisados, bajo la supervisión de la Junta Nacional de Drogas, que está asociada con el Poder Ejecutivo de Uruguay. El diario uruguayo El País informó que la Presidencia ya dio permiso para la subasta.
Los legisladores argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña pidieron que se investigue a los directores y accionistas de varias empresas por el posible delito de lavado de activos. Además de Austral Construcciones, que es la principal empresa del grupo de Baez, también estaban Relway Company SA, Badial Sociedad Anónima, Teegan Incorporater, SGI Argentina SA, SGI Bursátil Sociedad de Bolsa SA y ATC Argentine Trust Company SA.
“Logramos lo que queríamos al hacer la denuncia en Uruguay: que los hechos no quedaran sin castigo. "La corrupción no tiene fronteras, así que la respuesta debe incluir a todos los países que participan en actos ilegales", dijo Garrido a LA NACION.
En la denuncia de abril de 2013, basada también en una investigación de LA NACION, se mencionaba: De acuerdo con lo que dijo el Sr. Federico Elaskar, a principios de 2011, el Sr. [Leonardo] Fariña se comunicó con él, que en ese momento era dueño de S.G.I. Argentina S.A., para hacer varias operaciones en nombre del Sr. Lázaro Báez, a quien se refería como "su cliente." Estas acciones consistían en crear una estructura de empresa y banco en el extranjero para reutilizar el dinero "negro", es decir, ilegal, del Sr. Báez. Se habrían creado entre 40 y 45 empresas offshore.
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