De hurgar la basura a pagar $900.000: la polémica medida del gobierno porteño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una resolución que endurece las sanciones económicas contra personas que revuelvan en contenedores de basura o ensucien el espacio público. Las nuevas multas pueden alcanzar hasta los $900.000, una cifra que representa un monto inusualmente elevado para este tipo de infracción. La medida busca ordenar el paisaje urbano, pero ya genera controversia por su impacto sobre los sectores más vulnerables.

La disposición contempla penalidades para quienes "revuelvan, manipulen o extraigan residuos" de los contenedores colocados en la vía pública. También alcanza a quienes arrojen desechos fuera del horario permitido o generen basura en lugares indebidos. La sanción se aplicará bajo el régimen del Código de Faltas porteño y podrá ser determinada por inspectores de la Ciudad o a través del sistema de cámaras de seguridad urbanas.

Según las autoridades, el objetivo es proteger el sistema de higiene urbana y desalentar conductas que, desde su perspectiva, deterioran la calidad del espacio público. Pero el anuncio no tardó en generar fuertes críticas desde organizaciones sociales, sectores políticos opositores y defensores de derechos humanos, que alertan sobre el castigo a personas en situación de pobreza extrema que recurren a la basura como último recurso para sobrevivir.

En los últimos años, el número de personas que hurga en los contenedores porteños ha crecido de manera visible, en paralelo con el aumento de la indigencia y el deterioro del poder adquisitivo. En barrios como Balvanera, Constitución o Flores, es habitual ver a personas revisando bolsas o cartones en busca de comida, reciclables o cualquier objeto con valor de reventa. En este contexto, la imposición de multas millonarias aparece como una respuesta punitiva a un problema de raíz social.

Desde el gobierno porteño sostienen que las multas no apuntan a los indigentes, sino a prácticas sistemáticas de ciertos grupos que generan desorden y residuos en la vía pública. Sin embargo, la letra de la norma no distingue entre realidades sociales y comportamientos, lo que genera incertidumbre sobre cómo se implementará en los hechos. La normativa también incluye sanciones a quienes rieguen veredas fuera de horario, coloquen residuos voluminosos sin coordinación o abandonen muebles en la calle.

En paralelo, la Ciudad ya ha desplegado patrullajes de control en puntos críticos y evalúa campañas de concientización para reforzar la limpieza urbana. No obstante, sectores académicos y sociales advierten que este tipo de políticas tienden a criminalizar la pobreza, en lugar de atacarla estructuralmente.

La medida llega en un contexto económico complejo, donde los niveles de desempleo e informalidad golpean especialmente a quienes viven en situación de calle. Muchos de ellos, lejos de contar con ingresos estables, dependen del reciclado informal o de la asistencia social esporádica. Para estas personas, una multa de cientos de miles de pesos no solo es impagable, sino que refuerza su exclusión del sistema.

El debate sigue abierto y se espera que en los próximos días se presenten pedidos de revisión de la normativa ante la Defensoría del Pueblo y la Legislatura porteña. Mientras tanto, la Ciudad avanza en su intento de mantener el orden urbano, aunque con una estrategia que, para muchos, parece apuntar contra los más débiles.