J. Oyeniyi, detenido por la Policía de la Ciudad en Lanús, acusado de enviar droga en una encomienda a Nueva Zelanda, se suma a una larga lista de compatriotas. Australia, China y Tailandia son los destinos premium de un esquema que explota a migrantes prestanombres.
Policiales14 de abril de 2025
Alejandra Larrea
El negocio de la cocaína en Argentina tiene dos partes. El primero es el narcotráfico en el país. El segundo es el tráfico ilegal entre países. El segundo, el contrabando, es cuando la droga se manda al exterior y es más discreto. En el contrabando, todo depende de dónde se dirija el producto .
La cocaína ha sido siempre un producto ilegal y muy común, pero la crisis mundial del fentanilo y las drogas sintéticas -algo que nadie imaginaba en Argentina, un país que aún consume drogas como en el siglo XX- ha cambiado el enfoque del consumo en las calles. Así, se volvió un producto casi exclusivo. Los contrabandistas en Argentina tienen una ventaja única: trabajan al otro lado de la frontera, donde el kilo de productos cuesta mucho menos, alrededor de dos mil dólares en la selva de Bolivia, según expertos fiscales y fuentes locales del crimen organizado.
El contrabando hacia Asia, África y Oceanía es el másalquilable pero también el más peligroso. En países del mundo árabe y del sudeste asiático, los traficantes pueden recibir cadena perpetua o incluso la pena de muerte. En Australia, el tráfico de drogas puede llevar a una condena de hasta 25 años de prisión. Según un informe de la Policía Federal Australiana , el kilo de cocaína puede costar hasta 250 mil dólares estadounidenses. Los envíos se hacen en pequeños paquetes o encomiendas, con droga de muy alta pureza escondida dentro de juguetes y artesanías, entre otras cosas. Los acusados en estos casos son casi siempre migrantes, principalmente de Nigeria. J. Oyeniyi, un nigeriano de 42 años, combinaba ambos mundos, según la acusación: preparaba el paquete y lo enviaba. Oyeniyi fue arrestado el 21 de marzo por la División de Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad en una casa en Lanús donde vivía. El Juzgado en lo Penal Económico N°3, dirigido Solo hay que usar una calculadora y multiplicar.
El lugar al que se llega al final: Australia. Le quitaron cuatro celulares, que se podrán examinar. Oyeniyi no es el único que se sospecha de enviar polvo a Oceanía. Entre principios de 2022 y junio de 2023, según datos oficiales, la Aduana confiscó 92 paquetes con 125 kilos de polvo, la mayoría de muy alta pureza. Australia, con 18 envíos, fue el país más popular. España, un poco menos, 14 envíos. Estados Unidos, diez entregas. Hong Kong y India, 8 y 7 envíos. Nueva Zelanda y Tailandia, cuatro envíos. La lista incluye a Francia, Holanda, Arabia Saudita, Malasia y Pakistán. Se encontró un envío con medio kilo de droga que iba a Nueva Guinea, descubierto el 19 de septiembre de 2022, escondido en adornos de cerámica. Tampoco es el único ciudadano nigeriano en este negocio. La lista es mucho más antigua.
Los demás acusados
Bethrand A., originario de Ekulu, Nigeria, llegó a la Argentina tras obtener la ciudadanía venezolana: en 2019, el Tribunal N°3 lo condenó también a cuatro años y siete meses por esconder 369 gramos de droga con una pureza del 75% dentro de un viejo family game empacado por correo privado, con destino a Toronto, Canadá. El paquete había sido detectado en 2010; Amadi fue arrestado en 2017 en el aeropuerto de Barajas, España, cuando viajaba de Nigeria a Venezuela.
Michael N. no hablaba mucho y pasaba sus días en un pequeño hotel para familias y viajeros en la calle Guardia Vieja en Abasto. No se destacaba entre otros vendedores ambulantes de su país. Nació en 1968 en Nkerefi, dentro de Nigeria. Fue arrestado el 9 de noviembre de 2017 y terminó en la cárcel de Ezeiza después de enviar un paquete en la sucursal del Correo Argentino en la avenida Santa Fe al 2000 en Martínez. El destino: China. Michael fue investigado después por otros dos envíos a China y uno a Tailandia, con una pureza promedio del 85%. Por lo tanto, le dieron una pena igual a la de sus compatriotas en esta lista.
El 22 de febrero de 2019, el Tribunal Nº1 le dio a Martin C., quien vivía en Ramos Mejía, tres años de ejecución condicional. Fue acusado de enviar 200 gramos a Tailandia a otro nigeriano, escondidos en la base de un reloj de pared. Este envío, curiosamente, datos de 2011 según los registros. Martin usó un nombre real para enviar el paquete por el Correo Argentino, desde una sucursal de Bellavista: el de una mujer del área, que hoy tiene 60 años, y que nunca supo lo que ocurriría. Martin hizo la misma acción en 2013, dos años después, usando el nombre de una mujer de Bella Vista.
El caso de Sara y Olga: la red internacional y el factor migrante
No solo se trata de nigerianos, por otra parte. La maniobra de mover cocaína por correo hacia mercados dealer de alto precio se repite a lo largo de los tribunales en lo penal y económico. Sara H., nacida en Venezuela, con domicilio en Pilar y Olga M., colombiana, fueron condenadas en 2021 a casi cinco años de prisión cada una por una serie de encomiendas enviadas en 2019 vía Correo Argentino a la India, Nigeria, Uganda y Tailandia. Ambas terminaron presas en el penal de mujeres de Ezeiza.
Olga fue más precavida: insertó nombres falsos en los remitentes de los paquetes que el fiscal Gabriel Pérez Barberá le atribuyó. Sara, en cambio, se regaló. Puso su nombre verdadero en el paquete.
Los encargados de estos envíos suelen ser encontrados porque dejan un rastro fácil para la Justicia. Pero los fiscales acostumbrados a perseguir este tipo delitos difícilmente creen que estos imputados sean los dueños reales de la droga. Oyenidi, por ejemplo, estaba registrado como vendedor de ropa en la ex AFIP. La gran mayoría vive en pensiones, hoteles de pasajeros. Las investigaciones, en estos casos, se limitan a quienes despachan el paquete, y no a los contactos del otro lado del planeta y quiénes los controlan. ¿Cómo un hombre en una pensión de Montserrat o Lanús llega a un remitente del otro lado del mundo con cocaína de altísima pureza? “Es claro que hay una red internacional que lo facilita”, especula un alto funcionario en diálogo con Infobae.
Un caso reciente evidencia la maldición que cuelga sobre los pobres prestanombres. Juana M., vecina de la Villa 1-11-14, madre de tres hijos, víctima de violencia de género, beneficiaria de varios planes sociales, pedía comida en un comedor tres veces por semana. En 2022, recibió tres años en suspenso por tres envíos de droga a Oriente. Un informe socioambiental reveló su situación precaria, que sirvió como atenuante. Juana por otra parte, tampoco tiene antecedentes, lo que llevó al Tribunal en lo Penal Económico N°1 a optar por una pena más leve.
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