La Justicia detuvo a cinco sospechosos, entre ellos cuatro hermanos, como los principales responsables. Estiman que podría haber hasta 30 mil damnificados.
Policiales28 de abril de 2025
Alejandra Larrea
La Justicia en la provincia de Córdoba sigue adelante con la investigación de la empresa constructora Márquez y Asociados por supuestas estafas que podrían afectar a hasta 30 mil personas. Por ahora, se ha ordenado la detención de cuatro hermanos que son dueños de la empresa que ofrecían una “casa llave en mano”.
El fiscal Enrique Gavier es un cargo del caso. En una charla con la prensa local, comentó que ya se han recibido “alrededor de 1.350 denuncias” después de que el Ministerio Público Fiscal abrió un formulario en línea para que las personas afectadas pudieran presentar su denuncia.
"Es una causa cuya magnitud nos ha desbordado y hemos tenido que echar mano a este mecanismo porque se colapsaron rápidamente todas las bocas de recepción de denuncias“, remarcó Gavier.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la empresa prometía la construcción de “casas llave en mano”, es decir, que el comprador debía recibir una propiedad completamente terminada y lista para habitar, sin necesidad de realizar reformas o trabajos adicionales.
Sin embargo, la firma sólo habría cumplido con la entrega de 2.500 unidades.
Gavier señaló que actualmente son cinco los detenidos, entre los que están los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, y también el contador Ramiro Nieva. Se los acusa del delito de asociación ilícita y estafa.
“La hipótesis es que, más allá de los conocidos incumplimientos inevitables, continuaban las ventas indiscriminadamente a las distintas personas con la falsa promesa de acceder a la vivienda propia”, expresó el fiscal.
Los investigadores creen que las denuncias podrían seguir aumentando, ya que se encontraron registros de cerca de 30 mil contratos firmados. Si bien no es propiamente un esquema piramidal, lo cierto es que la firma se manejaba con la misma lógica: “Se realiza algún cumplimiento parcial de las prestaciones, pero solo para traer nuevos aportantes”.
Además, ahora el foco está puesto en el destino del dinero que entregaban las víctimas. Según confirmó el propio Gavier, están investigando los vínculos de los detenidos con cuentas en el extranjero y empresas offshore.
“La fiscalía ha dispuesto la inmovilización de todo el patrimonio particular y societario de esta gente y las empresas vinculadas. Se ha logrado incautar un cúmulo de bienes e inmuebles importante, pero no podemos decir si esto va a ser suficiente para satisfacer las eventuales pretenciones de los damnificados”, completó el fiscal.
En la cuenta de Instagram de la empresa, la última publicación que tiene es del pasado 3 de abril, cuando estalló el escándalo de la megaestafa. Allí se publicó un video con presuntos clientes que seguían la consigna de “elijo creer, elijo Márquez”. Sin embargo, no hay más actividad registrada y se cerraron los comentarios para todas las publicaciones.
En tanto, también entraron bajo la investigación otras empresas que eran propiedad de los mismos dueños de Márquez y Asociados. Una de estas firmas, era Márquez Salud, donde la Justicia también incautó bienes e inmuebles para continuar con las pericias.
Investigan cómo funcionaba la megaestafa
De acuerdo a la denuncia, los clientes y los representantes de la empresa acordaban la construcción de un tipo de vivienda. La firma en su página web cuenta con un muestrario de diferentes modelos que los clientes podían elegir la construcción.
Una vez que se acordaba el precio, se pedía un esquema de financiación híbrido: se pagaban cuotas fijas más un porcentaje en efectivo del valor nominal, según se acordaba previamente en el contrato. Al momento de hacer la denuncia, el particular damnificado había abonado cerca del 75% de la construcción y no había indicios de que la obra fuese a comenzar.
“Desde el momento de la firma, comencé a cumplir puntualmente con los pagos mensuales acordados. Sin embargo, y a pesar de mis reiteradas solicitudes, la empresa jamás fijó una fecha cierta para la firma del Anexo de financiación y gestión administrativa de planos, condición necesaria para iniciar la programación y posterior ejecución de la obra”, señala la denuncia.
Según el relató de la víctima, esto “no se presenta como un hecho aislado, sino como parte de una maniobra sistemática y reiterada: se hacía firmar a los comitentes anexos al contrato original que prorrogaban constantemente el comienzo de la obra, bajo pretextos administrativos o de reestructuración interna, mientras continuaban percibiendo los pagos”.
“Este incumplimiento no solo ha generado un importante perjuicio económico, sino también angustia, frustración y desesperanza en mi grupo familiar, al ver vulnerado el sueño de acceder a nuestra vivienda única, proyectada como un esfuerzo de vida”, agregó el mismo damnificado.
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