La casta vs la transparencia

El próximo miércoles, la Cámara de Diputados se reunirá para constituir la comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que tuvo al presidente Javier Milei como su primer promotor y que ahora es investigado en los tribunales de Argentina, Estados Unidos y España. En tal sentido, la cámara baja busca enviar una señal política de transparencia a la sociedad.

Lo llamativo es que, en su conformación, la comisión estará integrada por sectores opositores que, durante veinte años, se hicieron los distraídos ante la corrupción. Por ello, las fuerzas políticas que la integren deberán llevar adelante un trabajo que permita dilucidar la verdad, más allá de toda crítica al gobierno. Toda comisión se integra por representantes de todos los sectores políticos, permitiendo escuchar todas las voces, evitar cualquier parcialidad y posibilitar que también la ciudadanía conozca los hechos y saque sus propias conclusiones.

El Congreso Federal tiene la facultad de controlar, herramienta esencial para el correcto funcionamiento de la República, y esta atribución se encuentra establecida en el inciso 32 del artículo 75 de nuestra Constitución. Por lo tanto, el Congreso está plenamente facultado para crear comisiones investigadoras. Estas comisiones poseen un rol relevante, ya que examinan y analizan cuestiones específicas y, en algunos casos, delimitan responsabilidades políticas. Están dotadas de facultades especiales, circunscritas a su finalidad, ejerciendo competencias propias, siempre respetando la división de poderes y sin inmiscuirse en las atribuciones del Poder Judicial.

Escuchar argumentos contra la conformación de la comisión resulta extraño, ya que negar la existencia o importancia de estas herramientas es desconocer nuestra propia historia. Hemos tenido sobrados ejemplos de su uso, y tal vez el caso más emblemático fue en 1935, cuando una comisión investigadora del Senado de la Nación, presidida por el senador Lisandro de la Torre, presentó un informe que concluía en el perjuicio que producía al país el comercio de carnes con Inglaterra. Además, acusó de fraude y evasión a varios frigoríficos y aportó pruebas sobre las responsabilidades políticas de ministros del presidente Agustín P. Justo.

Sin necesidad de ir tan atrás en el tiempo, solamente en estos 40 años de democracia se crearon 44 comisiones investigadoras (unicamerales o bicamerales), que abordaron casos como “El atentado a la sede de la AMIA”, “Contrataciones del Estado Argentino – IBM”, “Presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva”, “Entidades financieras” y “La desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino ARA San Juan”, entre otros.

En los Estados Unidos, las comisiones de investigación son una subespecie de las comisiones especiales, limitándose, en primer término, a subsanar defectos en la legislación, cumplir el rol de informar sobre casos específicos y ejercer su función de “watchdog” (perro guardián) sobre las actuaciones del gobierno. Estas comisiones tienen la atribución de citar testigos y solicitar la exhibición de documentos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en la sentencia “McGrain vs. Daugherty” (1927), respaldó la creación de estas comisiones, dejando asentada la importancia del ejercicio de esta facultad y llegando a expresar: "El poder del Congreso para requerir personas y documentos está llamado a ser un necesario complemento del Poder Legislativo, desde que capacita al Congreso para informarse y esclarecerse antes de actuar en la elaboración de leyes".

Las comisiones investigadoras del Congreso no solamente son una herramienta válida de transparencia, sino que tienen todo el poder y respaldo de la propia Constitución Nacional. Los senadores, hoy, deberían reflexionar y pensar, como bien decía Winston Churchill: “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”. El problema, hoy, es que no se puede explicar lo que ha ocurrido: el blindaje, la ignorancia en el ejercicio de sus facultades, solo profundiza el disgusto y la frustración de una sociedad que busca un cambio político real, donde debe darse la verdadera batalla.