Con la causa Vialidad ya en su etapa final, la Corte Suprema se enfrenta a una decisión crucial que podría sellar el destino judicial y político de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la confirmación de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz, ahora los jueces deben decidir si cierran el expediente, lo devuelven o abren una instancia para revisar la pena y considerar una eventual asociación ilícita.
Política15 de mayo de 2025
Alejandro Cabrera
Qué opciones tiene la Corte
La causa está lista para resolución. La condena fue confirmada por Casación, lo que implica el cumplimiento del principio de “doble conforme”. En este contexto, la Corte puede:
Rechazar los recursos mediante el artículo 280 del Código Procesal: en ese caso, la condena quedaría firme, Cristina Kirchner inhabilitada de manera definitiva y su situación judicial se agrava con posibilidad de ejecución efectiva.
Devolver la causa a la instancia anterior para revisar algunos puntos, lo que abriría una nueva etapa procesal, dilatando la sentencia final y permitiendo a la expresidenta continuar en el juego político.
Estudiar de fondo la ampliación de la pena, es decir, revisar el reclamo por asociación ilícita y eventualmente agravar la condena a 12 años, lo que aumentaría su impacto político, económico y penal.
Qué está en juego
Más allá de la resolución jurídica, lo que se juega es el futuro político inmediato de Cristina Kirchner. Si la Corte se pronuncia antes del cierre de listas de este año, su inhabilitación podría impedirle cualquier candidatura. Si el fallo se demora, podría presentarse en las elecciones legislativas y, en caso de ganar, acceder a fueros que dificulten su detención.
Además, el fallo marcará un precedente sobre la responsabilidad penal de altos funcionarios por decisiones administrativas en materia de obra pública. Sea cual sea la resolución, no será neutral.
Tensiones internas y externas
La Corte está bajo presión política. Por un lado, hay sectores del oficialismo que reclaman una definición rápida para cerrar un capítulo judicial abierto hace más de una década. Por otro, hay tensiones institucionales vinculadas a nombramientos pendientes, reformas judiciales y disputas de poder entre Nación y Justicia.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner intenta desacreditar el proceso, planteando recusaciones y cuestionamientos a la imparcialidad de los jueces. La propia expresidenta denunció una persecución política y judicial articulada por “la casta del poder real”.
Lo que viene
No hay plazos legales para que la Corte resuelva, pero todo indica que la decisión llegará antes del segundo semestre. Si hay rechazo, la condena queda firme. Si hay devolución, se abre una nueva etapa. Y si se estudia de fondo, el fallo podría alterar radicalmente el escenario judicial.
Todo está en manos de los cuatro jueces del máximo tribunal. Lo que decidan, repercutirá no solo en el expediente de una expresidenta, sino en el mapa institucional y político de la Argentina.
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