Fentanilo contaminado: ya son 14 las víctimas fatales y crece la alarma sanitaria

Los primeros datos oficiales revelan que no fueron nueve sino al menos 14 las personas que murieron por fentanilo contaminado en hospitales de La Plata, y podría haber una víctima más en Rosario. Los casos ponen en jaque el control de laboratorios y la seguridad de los pacientes. Se investiga el origen del brote, cómo un calmante indispensable se convirtió en un vector mortal y qué implicaciones tiene para el sistema de salud y la fiscalización de medicamentos.

Actualidad21 de mayo de 2025Alejandro CabreraAlejandro Cabrera
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FENTANILO

Un brote fatídico en el seno del sistema sanitario

Lo que comenzó como sospechas ante nueve muertes hospitalarias en La Plata derivó en una cifra aún más oscura: 14 pacientes, incluso dos muy jóvenes de apenas 18 y 19 años, fallecieron tras recibir fentanilo supuestamente contaminado. Podría sumarse un caso más, un adulto grave internado en Rosario, mientras los sospechosos llegan a 12 y los confirmados a 55 afectaciones en todo el país.

El foco está en un lote de solución inyectable producido por HLB Pharma, clausurado recientemente por la ANMAT. El medicamento habría llegado contaminado con bacterias hospitalarias multirresistentes. Varios pacientes estaban en terapia intensiva, lo que complica el diagnóstico definitivo entre morir “por” o “con” esas bacterias.

Las primeras alertas surgieron en el Hospital Italiano de La Plata. Allí detectaron el foco infeccioso y documentaron casos en diferentes salas que no estaban relacionados entre sí salvo por la administración del fentanilo en cuestión. En pocos días, se confirmó la asociación con infecciones graves provocadas por Klebsiella y Ralstonia.

La Justicia federal tomó cartas en el asunto. La causa original fue derivada al Juzgado Nº 3, en medio de críticas por la coincidencia familiar de uno de los jueces con el ministro de Salud bonaerense, aunque la distribución interna fue formalmente por sorteo.

 
Un sistema sanitario al borde del colapso

Esta tragedia ocurrió en un contexto en el que la Argentina endureció el control sobre sustancias peligrosas: en 2024 se incorporaron al menos 169 moléculas nuevas, muchas derivadas del fentanilo, a la lista de drogas reguladas por la ANMAT. El objetivo fue prevenir desvíos, sobredosis y garantizar trazabilidad; sin embargo, ahora este caso expone que el problema está adentro del sistema.

El laboratorio HLB Pharma ya estaba bajo lupa: en 2021 retiraron productos como omeprazol y elementos anestésicos por irregularidades. Un brote de contaminación cruzada hacía meses que generaba alertas. Ahora, tras la clausura de sus plantas en La Plata y Ramallo, la Justicia busca determinar si hubo negligencia, fallas en producción o encubrimiento.

 
Repercusiones políticas y sanitarias

Los operadores políticos denuncian la falta de mecanismos efectivos de control. Mientras tanto, la comunidad médica advierte que sin una revisión urgente del protocolo de esterilización, la revisión del canal de fabricación y la recuperación de credibilidad institucional, el sistema sigue en riesgo.

La ANMAT presentó denuncia penal por primera vez en 13 años, lo que refleja la gravedad del incidente. Por su parte, el Ministerio de Salud provincial inició un rastreo de los lotes distribuidos, confirmando que no llegaron a otros hospitales en la provincia. Además, adelantó inspecciones en otros centros para anticipar casos similares.

Este episodio se suma a la atención que ya genera la epidemia global del fentanilo, una droga sintética hasta 100 veces más potente que la morfina. Aunque Argentina no vive una crisis de consumo ilegal como Estados Unidos —donde provoca decenas de miles de muertes al año—, el riesgo de adulteración o fallas técnicas en medicamentos legales se revela tanto o más peligroso.

 
Un desafío pendiente para la salud pública

El país enfrenta ahora un doble desafío: reconstruir la confianza en la cadena de producción farmacológica y reforzar un sistema de control efectivo. Los muertos no pueden quedar en una cifra. Se necesitan respuestas concretas: regulación más estricta de laboratorios, auditorías sanitarias en tiempo real y formación profesional sobre riesgos de uso de opiáceos.

La tragedia apunta a una falla crítica: un calmante vital convertido en un riesgo sanitario. El sistema de salud y su aparato regulador están en el banquillo. Y mientras las víctimas suman, el Estado debe demostrar que puede evitar que la próxima dosis tenga la misma devastadora consecuencia.

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