La Casa Rosada presentó una contrapropuesta para revisar el esquema de recaudación federal. Las provincias aceptaron conformar una mesa técnica de trabajo, pero no hay consenso cerrado. La discusión se centra en fondos, obras y autonomía fiscal.
Política23 de junio de 2025
Alejandro Cabrera
El Gobierno nacional dio un paso clave en la discusión por los fondos coparticipables al presentar una contrapropuesta a las provincias. Aunque el encuentro no concluyó con un acuerdo cerrado, sí sentó las bases de una negociación prolongada que podría redefinir la relación fiscal entre la Nación y las jurisdicciones.
Durante la reunión celebrada en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores escucharon la postura oficial respecto a la distribución de la recaudación. Se acordó conformar una mesa de trabajo permanente, segmentada por sectores, para analizar los reclamos de cada distrito y acercar posiciones sin romper con el objetivo de equilibrio fiscal.
La propuesta nacional y los reclamos provinciales
La propuesta del Ejecutivo no alteró el régimen de coparticipación vigente, sino que apuntó a reorganizar las transferencias discrecionales eliminadas desde el inicio de la actual gestión. El esquema presentado contempla fondos para proyectos con impacto productivo, educativo y sanitario, con mecanismos de control conjunto y plazos múltiples.
El Gobierno busca mantener su estrategia de ajuste sin cerrar canales de financiamiento. Las provincias, en cambio, reclaman más previsibilidad, ya que muchas de ellas vieron caer de forma abrupta sus ingresos. Se plantearon diferencias estructurales: las jurisdicciones con mayor autonomía tributaria, como CABA o Neuquén, tienen margen de acción, mientras que otras más dependientes del flujo federal enfrentan graves restricciones presupuestarias.
Los funcionarios nacionales insistieron en que no se trata de una devolución de privilegios, sino de una agenda federal realista. Sin embargo, el malestar de algunos mandatarios es palpable: la falta de fondos paralizó obras, afectó el transporte y tensiona los sistemas de salud y educación pública.
El escenario político y la Corte Suprema como telón de fondo
Este nuevo diálogo se enmarca en un contexto político complejo. La Corte Suprema emitió recientemente un fallo que reafirma la obligación del Estado nacional de garantizar transferencias mínimas. En paralelo, varios gobernadores amenazaban con avanzar en reclamos judiciales. La reunión en el CFI operó como válvula de contención.
La Casa Rosada pretende mostrar que hay voluntad de articulación. El jefe de Gabinete encabezó la delegación oficial y propuso mecanismos de "coordinación fiscal" por sector: salud, educación, transporte y vivienda. La meta es ordenar la conversación técnica, sin abrir flancos políticos ni aumentar el gasto global.
Del otro lado, las provincias buscan un nuevo pacto fiscal que equilibre autonomía y responsabilidad. Los gobernadores apuntan a preservar los recursos básicos sin depender de decisiones unilaterales. La idea de crear una "agenda legislativa federal" comenzó a tomar forma durante el almuerzo posterior al encuentro oficial.
Qué sigue: cronograma, mesas técnicas y tensiones latentes
Aunque el acuerdo está lejos, hubo avances: se pautó una metodología de trabajo, se delimitó el alcance de las mesas sectoriales y se fijaron plazos para presentar contrapropuestas provinciales. El CFI será la sede para futuros encuentros, aunque también podría intervenir el Congreso si se promueven reformas legislativas.
La tensión entre autonomía y disciplina fiscal marcará la agenda del segundo semestre. La necesidad de recomponer el vínculo federal es urgente, pero también lo es sostener la meta de superávit primario que defiende el equipo económico.
Con este movimiento, el Gobierno busca evitar una escalada institucional. Las provincias, mientras tanto, evalúan hasta dónde están dispuestas a ceder sin afectar servicios clave ni perder influencia. La mesa está servida, pero los ingredientes aún se negocian.
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