El Ejecutivo lanzó la licitación de cuatro hidroeléctricas clave en Neuquén y Río Negro. El plan prevé contratos por 30 años, un nuevo esquema de regalías y obras de seguridad hídrica. La medida divide opiniones por el impacto en soberanía y tarifas.
Política18 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su estrategia de privatizaciones al anunciar el proceso de licitación de cuatro represas hidroeléctricas en la región del Comahue. Se trata de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, centrales que producen alrededor del 10 % de la electricidad del país y que constituyen uno de los pilares del sistema energético nacional.
El esquema contempla contratos de concesión por 30 años, con un ingreso proyectado de 500 millones de dólares. Las provincias de Neuquén y Río Negro, que reclamaban desde hace décadas una mayor participación, fueron reconocidas como propietarias de los recursos hídricos y recibirán regalías sobre la totalidad de la facturación. Además, se fijó un canon específico por el uso del agua que irá destinado a los tesoros provinciales.
El plan también establece la obligación de realizar estudios técnicos permanentes, construir obras de seguridad en caso de crecidas y garantizar un sistema de monitoreo hidrometeorológico. Estas inversiones deberán ser asumidas por las empresas privadas que resulten adjudicatarias, lo que busca reforzar la infraestructura y la prevención de emergencias.
El marco legal que habilita la operación surgió de un decreto presidencial que puso fin a años de prórrogas otorgadas a las concesionarias vigentes. La última extensión del contrato establecía como fecha límite diciembre de 2025, lo que abrió la ventana para concretar ahora el traspaso definitivo a nuevos operadores.
La decisión generó debate político y técnico. Para el Gobierno, la medida significa un paso hacia la modernización y eficiencia del sector, con reglas claras de competencia y con la expectativa de captar inversiones privadas en un momento de restricciones fiscales. Sin embargo, entre analistas persisten dudas respecto de la capacidad del Estado para controlar a los nuevos concesionarios y evitar que la búsqueda de rentabilidad se traduzca en aumentos de tarifas.
Otro de los puntos discutidos es la cuestión estratégica. Las represas no solo son centrales de generación eléctrica: también regulan caudales, controlan crecidas y tienen impacto directo en la agricultura y la vida de miles de personas en el sur del país. La cesión de su manejo a empresas privadas reaviva la discusión sobre los límites entre soberanía energética y apertura de mercados.
La publicación de los pliegos en el Boletín Oficial será el próximo paso, y el Gobierno prevé que el proceso concluya antes de fin de año. Empresas internacionales ya manifestaron interés en participar de la licitación, lo que anticipa una competencia fuerte por un negocio que combina rentabilidad económica y peso político.
Con esta decisión, el oficialismo confirma su hoja de ruta: avanzar en privatizaciones de activos estratégicos, reducir la presencia del Estado como operador directo y buscar ingresos inmediatos que permitan aliviar la presión sobre las cuentas públicas. El desenlace de esta licitación marcará, además, un precedente para futuros proyectos de concesión en otras áreas clave.
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