Alejandro Cabrera
El fin del diálogo y el regreso del conflicto federal
La tregua tácita que sostuvo la relación entre los gobiernos provinciales y la Casa Rosada en los primeros meses de la gestión libertaria ha llegado a su fin. A seis meses del inicio del ajuste más agresivo en décadas, los gobernadores de todo el arco político comienzan a cerrar filas para enfrentar lo que consideran una “asfixia presupuestaria deliberada” por parte del Ejecutivo nacional.
El deterioro del vínculo no es sorpresivo: desde que asumió Javier Milei, la política fiscal del gobierno apuntó a un equilibrio de cuentas sostenido en el recorte abrupto de gastos no automáticos. En nombre del orden, la administración nacional desfinanció de forma casi total la obra pública, eliminó subsidios al transporte del interior, paralizó transferencias a las cajas previsionales provinciales y redujo la asistencia en salud, educación y programas sociales.
Este ajuste —presentado como técnico e inevitable— fue tolerado durante los primeros meses bajo la promesa de que luego vendría una etapa de “reordenamiento institucional” que contemplaría una nueva arquitectura fiscal entre Nación y provincias. Pero esa fase nunca llegó. En cambio, lo que se profundizó fue la lógica unilateral: decisiones tomadas desde Buenos Aires sin consultar a los territorios, discursos provocadores desde los canales oficiales y una ausencia absoluta de mecanismos federales de negociación.
Ahora, ante la inminente presentación del nuevo paquete fiscal y el intento del gobierno por reactivar la Ley Bases, las provincias ponen un freno. Advierten que, si no hay cambios concretos en la distribución de recursos, la relación entrará en una etapa de confrontación abierta.
Los puntos de conflicto: transferencias, subsidios y coparticipación
La raíz del conflicto es fiscal, pero su traducción es profundamente política. A continuación, los principales motivos del descontento provincial:
Transferencias discrecionales eliminadas
La motosierra cortó de raíz las transferencias no automáticas, afectando obras en curso, construcción de viviendas, centros de salud, escuelas y planes sociales locales. Muchos distritos debieron detener obras licitadas o en ejecución, lo que no solo implica un retroceso en infraestructura, sino también pérdida de empleo y desactivación de economías regionales.
Subsidios al transporte: un país partido al medio
La eliminación del Fondo Compensador del Interior dejó al transporte público en las provincias librado a la voluntad de los gobiernos locales. Las tarifas subieron hasta cinco veces en ciudades como Córdoba, Rosario o Mendoza, mientras el AMBA continúa con boletos subsidiados. Esta asimetría, lejos de corregirse, se profundizó. El resultado: más desigualdad y menor conectividad para millones de argentinos del interior.
Coparticipación bajo presión indirecta
Aunque el gobierno respeta los envíos automáticos, sus decisiones afectan indirectamente la masa coparticipable. La reversión del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría (clave en la recaudación nacional) no fue compensada, lo que derivó en una caída real de los ingresos provinciales. Además, se redujo la actividad económica y con ella la recaudación de IVA y otros impuestos coparticipables.
Financiamiento educativo en caída libre
Programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el plan Conectar Igualdad fueron desmantelados. La asistencia a universidades y escuelas técnicas se recortó. Esto pone en jaque a sistemas educativos enteros en provincias con alta dependencia del financiamiento nacional.
Conflicto en las cajas previsionales
Las 13 cajas previsionales no transferidas a Nación (como las de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etc.) dejaron de recibir los fondos compensatorios acordados en leyes y fallos judiciales. El gobierno nacional no cumplió con esos pagos, lo que obliga a las provincias a cubrir el déficit previsional con recursos propios.
Este combo genera una asfixia presupuestaria creciente, sin margen de maniobra. Los gobernadores denuncian que el objetivo de la Casa Rosada no es solo fiscal, sino político: disciplinar al interior para consolidar un modelo de poder concentrado en el Ejecutivo nacional.
La política territorial se recalienta
La resistencia no distingue banderas partidarias. Gobernadores peronistas, radicales, provinciales e incluso ex aliados circunstanciales del oficialismo expresan su hartazgo. La firma del Pacto de Mayo, que fue leída en su momento como un gesto de unidad, hoy aparece vaciada de contenido.
En el Senado, donde las provincias tienen voz y peso institucional, se teje una alianza transversal para frenar reformas estructurales del gobierno si no hay contrapartidas. La ley Bases, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo esquema de privatizaciones podrían estancarse si el gobierno no reabre la negociación fiscal.
A nivel judicial, varias provincias preparan demandas ante la Corte Suprema por el incumplimiento de fondos previsionales, sanitarios y educativos. Córdoba ya inició su reclamo, y se sumarían Santa Fe, La Pampa, Chubut y San Luis. La judicialización del conflicto federal reabre un frente institucional que puede derivar en fallos con alto impacto político.
Al mismo tiempo, crecen las movilizaciones provinciales. Intendentes, sindicatos y organizaciones sociales del interior comienzan a tomar protagonismo. Las protestas en las rutas y en las capitales provinciales muestran que el malestar ha descendido al nivel más profundo del tejido político.
El centralismo libertario: un modelo sin territorio
El problema de fondo no es solo económico: es conceptual. La visión del gobierno nacional está basada en una lógica empresarial que no reconoce el federalismo como parte estructural de la democracia argentina. La administración de Milei concibe al Estado nacional como una firma verticalista, donde las provincias son “sucursales deficitarias” que deben ajustarse o cerrarse.
Este modelo choca con la tradición histórica del país. El federalismo no es un adorno constitucional, sino una necesidad geográfica, demográfica y cultural. Argentina no puede funcionar sin un equilibrio de poderes entre Nación y provincias. Cada vez que ese pacto se rompe, el país entra en crisis: pasó en 2001, en 1989, y podría volver a pasar.
Además, el intento de recentralización fiscal no viene acompañado de un plan productivo. Las provincias no reciben incentivos para generar empleo, exportar o diversificar su matriz económica. Se les exige eficiencia, pero se les quitan herramientas. Es una ecuación que no cierra, ni políticamente ni en términos de desarrollo.
¿Y ahora qué?
La pregunta que se abre es si el gobierno está dispuesto a negociar o si elegirá la vía de la confrontación permanente. Si no hay cambios, el conflicto federal puede convertirse en el principal escollo para el plan de reformas estructurales. Y lo que hoy es una tensión fiscal, mañana puede derivar en una crisis política de mayor envergadura.
Por ahora, los gobernadores dan señales de moderación: reclaman diálogo, mesas técnicas, una nueva ley de coparticipación y reglas claras. Pero el tiempo corre. Y si el gobierno nacional sigue interpretando todo reclamo como una muestra de debilidad, terminará dinamitando los puentes que necesita para sostener su propio proyecto.
Argentina no puede sobrevivir sin sus provincias. Y ningún gobierno que las ignore podrá gobernar por mucho tiempo.
