Alejandro Cabrera
El frente de tormenta que enfrenta el Gobierno no da tregua. A las tensiones con el Congreso y las provincias se suman nuevas derivaciones judiciales que comprometen tanto al presente como al pasado reciente. El caso YPF sigue generando sacudidas, mientras el escándalo por el fentanilo contaminado escala con elementos de encubrimiento. En paralelo, Caputo niega una devaluación y refuerza el ajuste con privatizaciones. El tablero institucional tiembla.
Caso YPF: abogados caros, estrategia firme y disputa simbólica Se reveló que uno de los abogados que representa al Estado argentino en el juicio por YPF cobra USD 1.800 la hora. Se trata de Robert J. Giuffra Jr., del estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell. El dato generó revuelo político por el contraste con el discurso de austeridad del Gobierno. Aun así, la administración Milei mantiene su decisión de no negociar con los demandantes y pidió a la jueza Preska la suspensión del fallo.
El equipo legal argentino también incluye a Thomas C. White y otros socios del mismo estudio, con experiencia en arbitraje internacional. Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó un amicus curiae a favor de Argentina, lo que fortalece la línea de defensa en términos de inmunidad soberana.
Fentanilo contaminado: sabotaje, espionaje y vínculos políticos La causa judicial por las muertes provocadas por fentanilo adulterado sumó un giro inquietante: un video reveló un ingreso nocturno sospechoso a una sede de HLB Pharma Group, donde un encapuchado accedió a los servidores sin forzar cerraduras. La hipótesis principal apunta a un intento de sabotaje informático para borrar pruebas clave.
La Justicia analiza si hubo encubrimiento desde el interior del laboratorio y evalúa el posible involucramiento de exfuncionarios. HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ambos bajo la lupa, están vinculados a gestiones sanitarias anteriores ligadas al kirchnerismo. La combinación de muerte, corrupción y espionaje corporativo golpea con fuerza.
Oficina Anticorrupción: denuncia por parálisis funcional Diputados del espacio LIBRA denunciaron al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, por presunta inacción sistemática. Lo acusan de blindar al presidente Milei y no investigar posibles conflictos de interés, contrataciones irregulares ni gastos en viajes oficiales. La OA, desde que asumió el nuevo gobierno, no inició investigaciones ni emitió recomendaciones.
Desde el oficialismo, en cambio, niegan la acusación y afirman que la Oficina no debe operar “por agenda mediática”. Pero el episodio refuerza el diagnóstico opositor sobre el vaciamiento de los organismos de control durante la actual gestión.
Cristina en la mira: pedido de decomiso por $86.000 millones El fiscal Gorini presentó ante la Corte Suprema un pedido formal de decomiso de bienes contra Cristina Fernández de Kirchner por más de $86.000 millones. El planteo se basa en la condena de primera instancia por la causa Vialidad y busca que el máximo tribunal confirme la recuperación patrimonial del Estado. Sería el decomiso más alto de la historia judicial argentina.
El kirchnerismo denuncia una persecución judicial, pero la Corte debe decidir si convalida o no el reclamo, en un contexto donde también analiza si tomará el recurso extraordinario que podría modificar la sentencia. La presión sobre el máximo tribunal aumenta.
Caputo niega la devaluación y apuesta al ancla cambiaria El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó cualquier posibilidad de una devaluación brusca. Reafirmó el crawling peg al 2% mensual como ancla nominal y defendió la estabilidad cambiaria como clave para la desaceleración inflacionaria. Dijo que la brecha con los paralelos no responde a fundamentos reales y que no hay razones macroeconómicas para un salto del tipo de cambio.
En paralelo, ratificó que no habrá financiamiento monetario y que el Tesoro continuará operando con superávit y colocación de deuda en pesos. También reiteró que las privatizaciones en marcha contribuirán a reforzar reservas sin recurrir a endeudamiento externo.
Un clima que se espesa Con el frente judicial recalentado, el escándalo del fentanilo en expansión y la economía en vilo, el Gobierno enfrenta una agenda crítica. Las decisiones del Poder Judicial, el rol de organismos de control, los gastos millonarios en abogados y la amenaza de un conflicto cambiario latente alimentan un escenario de alta volatilidad institucional. La tensión es permanente y el margen político se acorta.
