El gobernador Martín Llaryora anunció un incremento del 84% en la jubilación mínima provincial, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, y sumará un bono bimestral de $100.000. El financiamiento proviene de fondos nacionales que la provincia comenzó a recibir tras un acuerdo judicial.
Política28 de julio de 2025
Alejandra Larrea
En una apuesta con impacto directo en los ingresos de los adultos mayores, el gobernador de Córdoba comunicó que el haber mínimo provincial prácticamente se duplicará en los próximos pagos. A lo largo del año, la jubilación escaló de $380.000 a $700.000 gracias a recursos que la Nación adeudaba a la provincia y que quedaron liberados tras una decisión de la Corte Suprema.
Además, los beneficiarios que cobren hasta $1.300.000 mensuales recibirán un bono bimestral no contributivo de $100.000. El anuncio se enmarca en un contexto nacional donde las provincias buscan recursos adeudados y renegocian sus cuentas previsionales con el Estado central.
La medida alcanza a cerca del 15 % de los jubilados del sistema provincial, beneficiando especialmente a quienes percibían los haberes más bajos. Está previsto que se mantenga mientras se sigan recibiendo los fondos provenientes del acuerdo nacional, que implican un adelanto de $60.000 millones pagaderos en cuotas a lo largo de 2025.
Este aumento se considera especialmente estratégico: Córdoba pasará a tener una de las jubilaciones mínimas más elevadas del país. El bono adicional refuerza ese piso y busca aliviar la pérdida del poder adquisitivo que sufren los jubilados en un escenario de alta inflación y restricciones presupuestarias.
El trasfondo político es evidente: el gesto apunta a mostrar capacidad de gestión, incluso en tensión con el gobierno nacional, y posicionar al liderazgo provincial como cercano a los sectores más afectados por la crisis económica.
La decisión de Córdoba redefine el mapa nacional de las políticas previsionales locales: un incremento concreto y un bono atractivo muestran cómo una provincia puede avanzar ante la demora del Estado central. Si bien la medida depende de la continuidad del flujo de fondos, reafirma el compromiso con los jubilados vulnerables. En un país atravesado por tensiones fiscales, es un paso fuerte hacia una mejora real en los bolsillos de los adultos mayores.
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