Alejandra Larrea
El escándalo de decenas de muertes por fentanilo contaminado en hospitales argentinos no generó debate público ni exigió respuestas firmes del Estado, pese a la magnitud de la tragedia.
Según fuentes, al menos 48 personas fallecieron y muchas más resultaron infectadas tras recibir dosis contaminadas de fentanilo elaborado por HLB Pharma, bajo la dirección de Ariel García Furfaro, cuestionado por antecedentes en el rubro y vínculos políticos.
El artículo denuncia que, a pesar de las advertencias previas sobre malas prácticas en el laboratorio, el caso no generó la repercusión que merecía una catástrofe sanitaria de tal magnitud. En La Plata y otras jurisdicciones, se registraron no menos de 54 muertes confirmadas vinculadas al brote.
Se describe al responsable de la firma como alguien que, con una formación jurídica obtenida tras cumplir condena, escaló políticamente dentro del kirchnerismo y logró contratos estatales, incluso planeando una sede en Ciudad del Este. A pesar de ello, su empresa dispensaba fentanilo en ampolletas plásticas no autorizadas y sin controles adecuados.
La falta de avances judiciales también fue señalada: al momento del artículo no había detenidos y la investigación avanza lentamente, a pesar de que ya se identificaron múltiples irregularidades en control de calidad y distribución del fármaco .
Lo grave no es solo el brote en sí, sino la indiferencia institucional frente a una emergencia sanitaria con claras responsabilidades. Refiere que, más allá del dolor individual, debería convocarse a una reacción pública, judicial y legislativa que todavía no ocurrió.
