Un grupo transversal de unos 40 legisladores europeos reclama acciones concretas contra Israel ante lo que definen como una “crisis humanitaria insoportable” en Gaza. Advierten que se acabó la tolerancia institucional frente a las matanzas civiles.
Mundo29 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Una ola de indignación resuena en el Parlamento Europeo. Tras meses de inacción ante una guerra cada vez más mortal en Gaza, decenas de eurodiputados dejaron de lado el silencio diplomático y exigieron sanciones drásticas.
El mensaje es inequívoco: no hay espacio para palabras cuando la población civil agoniza, y la Europa que calla se está quedando sin credibilidad moral y política.
Alrededor de 40 eurodiputados de distintos grupos políticos —desde la izquierda hasta la derecha— emitieron una declaración conjunta en la que advierten que el tiempo de la pasividad concluyó. Desde su perspectiva, el pacto entre la UE e Israel quedó automáticamente invalidado por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El llamado incluye sanciones económicas dirigidas contra el Estado israelí, así como medidas puntuales: suspensión del acceso a programas de investigación, prohibición de diálogos y congelamiento de importaciones provenientes de asentamientos en territorios ocupados.
En paralelo, varias ONG y actores judiciales han comenzado a avanzar por la vía legal. En Bélgica y Reino Unido impulsan demandas ante tribunales para exigir medidas concretas, incluso contra empresas responsables de financiar el conflicto.
Estos pasos jurídicos se enmarcan en una propuesta de escalada legal: suspender acuerdos bilaterales, vetar inversiones relacionadas con los asentamientos y restringir los visados a colonos que operen en territorios ocupados.
Según fuentes dentro del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión, Kaja Kallas, estudia suspender parcialmente el programa de investigación Horizon Europe, como acción simbólica para marcar la ruptura. Otros gobiernos —como España y Francia— impulsan una revisión más profunda del Acuerdo de Asociación con Israel.
Expertos señalan que, salvo consenso unánime entre los 27 miembros de la UE, las sanciones deberán limitarse a medidas parciales. Sin embargo, el escenario político europeo está cambiando: el reclamo por sancionar ya no es marginal, sino parte central del debate institucional.
La presión externa también es creciente. Sociedad civil y ex altos responsables europeos critican la reticencia del bloque. Entre ellos, Josep Borrell ha declarado que “la mitad de las bombas que caen sobre Gaza están fabricadas en Europa”, y lamentó que el bloque haya actuado solo cuando ya era demasiado tarde.
La apelación de eurodiputados por sancionar a Israel representa un punto de inflexión. Ya no se trata de una llamada externa al buen tono diplomático, sino de un grito institucional frente a una crisis global. La Unión Europea afronta un desafío: si no actúa ahora, su credibilidad y coherencia internacional podrían quedar irremediablemente dañadas.
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