La denuncia por una presunta conspiración contra el gobierno fue rechazada. Ahora solo se investiga el uso indebido de bienes públicos dentro de la fuerza.
Política31 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Una causa penal iniciada por el gobierno de Axel Kicillof contra 24 miembros de la Policía Bonaerense por una supuesta conspiración política quedó en nada: la Justicia consideró que no existían pruebas suficientes para imputar por delito de conspiración. El fiscal Álvaro Garganta descartó la acusación central y aclaró que la pesquisa continúa solo por presunta malversación de fondos: policías habrían utilizado computadoras oficiales para actividades políticas partidarias vinculadas a la candidatura de un excomisario libertario.
La investigación se basó inicialmente en una denuncia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien aseguró que los agentes formaban parte de una estructura interna en apoyo a Maximiliano Bondarenko, aspirante por La Libertad Avanza. Se incautaron siete computadoras, tres de las cuales contenrían documentos con logos partidarios, borradores de propuestas legislativas e instrucciones vinculadas a la campaña.
Sin embargo, la decisión judicial apunta a que no hay suficientes evidencias de una conspiración formal o plan de desestabilización institucional. El foco de la causa se reduce ahora al posible uso indebido de recursos estatales, con relevancia en evaluaciones técnicas y peritajes en los dispositivos secuestrados.
Mientras tanto, Patricia Bullrich intervino denunciando al gobierno provincial por espionaje ideológico, alegando divulgación indebida de chats privados y audios entre policías. Desde su entorno, vinculan la causa a una persecución política contra quienes simpatizan con Bondarenko.
La justicia ingresó un freno contundente a la acusación de compleja conspiración formulada por Kicillof: el choque entre política y fuerza pública se recrudeció y terminó reduciéndose a una pelea sobre el uso de herramientas estatales con fines partidarios. Las 24 sanciones quedan bajo la lupa, pero sin delito penal probado, y la atención se centra ahora en el ámbito administrativo y judicial por malversación.
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