La ex autoridad fue declarada culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia de 1.114 páginas marca un hito judicial sin precedentes en Colombia.
Mundo01 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Un caso judicial que se remonta a 2012 culminó en un fallo inédito: el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, determinó su responsabilidad tras considerar que él y su entorno gestionaron beneficios para que exparamilitares retractaran declaraciones clave contra él.
El proceso tomó visibilidad pública cuando el fallo, con más de mil páginas, fue filtrado poco antes de su lectura oficial el 1 de agosto de 2025. La condena incluye una multa multimillonaria, la prohibición de ejercer cargos públicos por más de ocho años, y la obligación de pagar una póliza judicial para acceder al arresto domiciliario. Uribe, de 73 años, negó los hechos y aseguró que se trata de una persecución política, anunciando que apelará la decisión ante tribunales superiores.
Desde sus inicios, el caso generó controversia y tensionó los círculos judiciales colombianos. En 2012, Uribe demandó al senador Iván Cepeda por supuestamente presentar testimonios falsos de exparamilitares. La Corte Suprema archivó esa acusación y revirtió el curso: el denunciante pasó a ser investigado. En 2018, la Sala Especial acusó a Uribe de manipular testigos a través de su abogado, Diego Cadena, quien visitaba detenidos para persuadirlos a cambiar sus relatos.
En medio del proceso, Uribe aceptó tutela judicial y renunció a su curul como senador para que el juicio se realizara por la justicia ordinaria. En agosto de 2020, la Corte Suprema lo sometió a detención domiciliaria mientras se realizaba la investigación. La defensa intentó una preclusión, pero fue rechazada por la Fiscalía y por tribunales sucesivos. El expediente siguió su curso y, en marzo de 2024, la Fiscalía General formalizó la acusación por los delitos referidos.
En julio de 2025 tuvo lugar la audiencia final, en la que la jueza Heredia dictaminó que existieron múltiples conspiraciones para influir en testigos exparamilitares encarcelados. Lo halló culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero lo absolvió del cargo de soborno simple en relación a una exfiscal. El fallo lo enfrenta a una inhabilitación para funciones públicas por cerca de ocho años, y a una multa equivalente a miles de salarios mínimos—según la sentencia, más de 3.400 millones de pesos o unos 578.000 dólares.
La condena se traduce en una pena legal de 144 meses, aunque podrá ser cubierta en prisión domiciliaria. La magistrada evaluó antecedentes como su edad avanzada, arraigo familiar y social, lo que permitió otorgarle la detención en su residencia en lugar del ingreso a una cárcel.
El veredicto representa una bisagra en el sistema jurídico colombiano y desarticula la noción de inmunidad política. Uribe, figura clave durante la ofensiva antidrogas y la desmovilización paramilitar en los años 2000, enfrenta ahora una sentencia que cuestiona parte de su legado y abre interrogantes sobre la influencia del poder en la justicia.
Mientras sectores críticos celebran la decisión como un avance institucional, seguidores del expresidente califican el fallo de arbitrario y político. La campaña electoral de 2026 podría verse impactada por esta resolución, especialmente en la disputa interna del Centro Democrático y su vínculo con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos. La apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá será el próximo paso legal, con un fallo esperado antes de octubre de este año.
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