Diputados rechazó varios decretos del Poder Ejecutivo, incluyendo reformas al INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, y avanzó en destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA.
Política07 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Una sesión larga, cargada de tensión política, le propinó al presidente Javier Milei uno de los reveses parlamentarios más contundentes desde que asumió el poder. En medio de una ofensiva institucional para modificar el Estado por decreto, la Cámara de Diputados frenó en seco las reformas de organismos clave como el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Como si no alcanzara con ese freno normativo, también quedó formalmente reactivada la comisión que investiga el caso $LIBRA, un expediente sensible que involucra fondos, criptomonedas y posibles nexos con el círculo presidencial.
Golpe a la arquitectura del DNU
El Gobierno había avanzado mediante decretos de necesidad y urgencia con una serie de intervenciones estructurales en organismos públicos. Bajo el argumento de desburocratizar y recortar gastos, se buscó alterar el estatus jurídico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), eliminando su autarquía y sometiéndolos a mayor control central. La Cámara Baja rechazó esa modificación.
También fue rechazado el decreto que modificaba la función del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo crucial para las causas por crímenes de lesa humanidad y para la identificación de personas desaparecidas. El Congreso entendió que tocar su estructura vulnera un consenso histórico y simbólico.
Otros decretos que cayeron incluyen la disolución de organismos culturales, el traspaso de funciones de seguridad vial, la desarticulación de áreas de la Marina Mercante y ajustes en la Secretaría de Transporte. Cada votación fue una señal: el Congreso, incluso fragmentado, tiene capacidad de frenar la agenda libertaria cuando encuentra puntos de acuerdo.
Una votación con aroma a descontento acumulado
Más allá de los números, el clima político dejó expuesta una fractura institucional que crece: el Ejecutivo gobierna por decreto y el Legislativo responde con veto parlamentario. La sesión fue extensa, con bloques opositores de diferente origen alineándose para frenar lo que consideran un intento de concentración del poder.
Los rechazos no obedecen únicamente a cuestiones técnicas o presupuestarias. Algunos legisladores señalaron que los cambios propuestos por el Ejecutivo buscan desactivar organismos que cumplen funciones sociales, científicas y culturales vitales. En ese marco, el Congreso emergió como contrapeso efectivo a una política de choque que busca rediseñar el Estado desde el vértice presidencial.
El caso $LIBRA y el fantasma de la investigación
Pero la sesión no fue solo un espacio de confrontación por decretos. Una movida estratégica logró reactivar la comisión investigadora del caso $LIBRA. El tema había quedado frenado, con versiones cruzadas sobre el rol del oficialismo para bloquear su funcionamiento. Esta vez, la mayoría legislativa acordó fijar una fecha para ponerla en marcha.
$LIBRA se convirtió en uno de los casos más incómodos del ecosistema libertario. Involucra la creación y circulación de una criptomoneda cuestionada, vínculos empresariales en la sombra, triangulación de fondos y sospechas de financiamiento de campañas políticas. La apertura de esta comisión no solo renueva la presión judicial, sino que tensiona los hilos internos de la coalición gobernante, donde algunos referentes fueron señalados por su cercanía con los principales actores del caso.
Un poder dividido que muestra fisuras
Mientras el Ejecutivo busca consolidar autoridad con decretos y vetos, el Legislativo demuestra que puede desarmar parte de ese andamiaje. La jornada parlamentaria se leyó como un límite explícito al avance sin consensos. La posibilidad de gobernar por encima del Congreso empieza a mostrar su techo, no solo por el número de votos, sino por el mensaje político implícito: no hay carta blanca.
La escena de diputados alineados de forma transversal para oponerse a los DNU marcó un precedente. No fue solo una derrota legislativa, sino una advertencia institucional. El respaldo que el presidente mantiene en redes y en ciertos sectores sociales no parece traducirse con igual fuerza en el recinto parlamentario.
La reacción oficialista y el juego a doble banda
Desde el oficialismo intentaron minimizar el impacto. Argumentaron que los organismos cuestionados continúan operativos y que los rechazos no alteran el rumbo de gobierno. Sin embargo, la presión por la reapertura de la comisión del caso $LIBRA generó incomodidad visible. Algunos legisladores libertarios buscaron relativizar la importancia del tema o acusaron a la oposición de montar una operación mediática.
Pero la votación fue clara: los números no acompañan al Gobierno en este frente. Y eso reaviva el debate interno sobre cómo continuar una gestión que intenta avanzar con reformas profundas sin contar con mayoría legislativa. En ese escenario, el caso $LIBRA puede transformarse en un catalizador de conflictos internos y externos.
La lógica del conflicto como motor de gobierno
El oficialismo ha elegido la confrontación como método. Su narrativa se construye en el antagonismo: casta versus pueblo, mercado versus Estado, libertad versus esclavitud impositiva. Sin embargo, cuando esa lógica choca con el funcionamiento institucional de los poderes del Estado, aparecen límites.
El Congreso —pese a su fragmentación— demostró que puede funcionar como contrapeso cuando existen puntos de contacto entre bloques diversos. En este caso, el objetivo común fue detener una ofensiva ejecutiva que, a los ojos de muchos, pone en riesgo la estructura institucional.
El dilema del futuro inmediato
El resultado de esta sesión deja abierto un interrogante: ¿buscará el Ejecutivo negociar o redoblará la apuesta con más decretos y más vetos? La reactivación del caso $LIBRA puede ser apenas la antesala de una serie de investigaciones incómodas para el entorno presidencial.
El Congreso mostró músculo. El Gobierno, por ahora, no acusa el golpe públicamente, pero el mensaje fue claro. Si no hay puentes, habrá choques. Y si hay choques, la institucionalidad puede ser la primera víctima.
El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
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La asunción de los nuevos diputados agrupó escenas de tensión, confrontaciones simbólicas, gestos polémicos y un clima de choque entre bloques. Los libertarios celebraron su surgimiento como primera minoría mientras referentes de la oposición cuestionaron la falta de respeto y alertaron sobre el deterioro del clima institucional. La jura fue más que un acto protocolar: expuso las grietas políticas del país.
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