La Cámara Baja aprobó la ley de financiamiento universitario con apoyo opositor, pero el oficialismo logró evitar los dos tercios. La discusión pasa ahora al Senado en un clima de tensión creciente.
Política07 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a la ley que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales, en una jornada marcada por fuertes cruces, movilizaciones externas y maniobras legislativas. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, logró mayoría simple, pero se quedó a solo un voto de alcanzar los dos tercios necesarios para blindar la norma frente a un posible veto presidencial.
Con la atención centrada en la pulseada entre oficialismo y oposición, la sesión dejó al descubierto las tensiones que atraviesan al sistema político respecto al rol del Estado en la educación superior. Mientras desde la oposición celebraban la media sanción como un logro institucional, el Gobierno evitó el quórum propio y dejó abierta la posibilidad de vetar la medida si avanza en la Cámara Alta.
El proyecto que unificó a la oposición
El texto aprobado establece una garantía presupuestaria específica para las universidades públicas, orientada a cubrir gastos de funcionamiento, actualización salarial docente y mantenimiento edilicio. La iniciativa surgió tras meses de reclamos de las casas de estudio, rectores, gremios y organizaciones estudiantiles, que advertían sobre un ahogo presupuestario derivado del congelamiento de partidas.
La oposición logró articular una mayoría parlamentaria que incluyó a sectores del peronismo, radicalismo, socialismo y otros bloques provinciales. Esa convergencia permitió avanzar con la media sanción por mayoría simple. Sin embargo, no se alcanzó el número mágico: 172 votos eran necesarios para llegar a los dos tercios. Hubo 171. El oficialismo resistió hasta último momento.
Un voto que vale millones
La diferencia de un solo voto impidió que la ley quede blindada ante un eventual veto presidencial. Ese detalle técnico se convirtió en el centro del debate posterior. La oposición denunció que hubo presiones para que algunos diputados no bajaran al recinto o se abstuvieran. Desde el oficialismo, en tanto, se defendieron alegando que la norma es innecesaria, ya que el financiamiento universitario “está garantizado en el presupuesto vigente”.
La cifra de votos no solo representa un dato contable: simboliza la fragilidad del sistema de acuerdos en un Congreso fragmentado. También deja al descubierto la estrategia del oficialismo de jugar al límite, evitando rechazar abiertamente medidas populares, pero tampoco acompañándolas, para preservar la posibilidad de intervención desde el Ejecutivo.
Las universidades como escenario de disputa
El conflicto por el financiamiento de las universidades no es nuevo, pero en el actual contexto económico y político tomó una dimensión particular. Las casas de estudio, en muchos casos, denunciaron dificultades para pagar servicios básicos, afrontar salarios docentes y mantener la infraestructura operativa. La Marcha Federal Universitaria de abril fue una muestra del respaldo social que aún conserva el sistema público de educación superior.
Con la media sanción aprobada, el tema volverá a ganar centralidad en el Senado. El resultado allí es incierto, aunque algunos bloques ya anticiparon que acompañarán el texto tal como fue aprobado en Diputados. Si eso ocurre, el Gobierno se enfrentará al dilema de promulgar una ley que va contra sus principios de recorte del gasto o vetarla y asumir el costo político.
Estrategia libertaria: ausencias, abstenciones y resistencia silenciosa
Durante la votación, el oficialismo recurrió a una combinación de ausencias estratégicas, abstenciones y discursos críticos para evitar quedar alineado con un voto impopular. La decisión de no dar quórum y no participar activamente del debate fue interpretada por sectores de la oposición como una forma de eludir el costo político. Sin embargo, esa estrategia no evitó la aprobación de la ley.
El presidente Javier Milei ha sido reiteradamente crítico del sistema universitario, al que acusa de reproducir una “lógica de adoctrinamiento y gasto improductivo”. En ese marco, la aprobación de esta ley se lee como una derrota simbólica, más allá de que aún no esté consolidada jurídicamente.
El Senado como próxima trinchera
Con la media sanción consumada, el Senado será ahora el escenario donde se definirá el destino del financiamiento universitario. La clave estará en si los bloques opositores logran mantener la unidad alcanzada en Diputados y sumar adhesiones suficientes para una sanción definitiva con mayoría calificada.
El escenario no es simple. Aunque algunos senadores del interior han manifestado su respaldo al sistema universitario, también existe presión por parte del Ejecutivo para frenar la norma o introducirle modificaciones que diluyan su efecto. En paralelo, las universidades y los gremios docentes ya anticiparon que intensificarán su presencia en las calles si la ley no avanza.
Repercusiones sociales y académicas
La media sanción fue celebrada por rectores, docentes y estudiantes como un paso necesario para garantizar la continuidad del sistema educativo público. Las principales universidades nacionales emitieron comunicados de respaldo, advirtiendo que sin una garantía legal, los recursos están sujetos a la voluntad del Ejecutivo.
En ese contexto, la comunidad académica permanece en estado de alerta. Las paritarias docentes siguen estancadas, y muchos profesores aseguran que sus ingresos no cubren ni siquiera la canasta básica. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Capital Humano, sumado al silencio oficial ante las demandas presupuestarias, profundiza la sensación de abandono.
Más que presupuesto, una disputa ideológica
El debate no se limita a los números. En el fondo, la discusión expresa dos modelos en pugna: uno que considera a la educación pública como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, y otro que plantea sujeta ese derecho a criterios de mercado y eficiencia presupuestaria.
En ese sentido, la ley aprobada en Diputados representa mucho más que un refuerzo económico. Es una defensa política del sistema universitario como institución democratizadora y productora de conocimiento, en un contexto de deslegitimación de lo público por parte del discurso oficial.
Lo que viene
Con la discusión trasladada al Senado, el Gobierno enfrenta una encrucijada. Si la ley avanza, se verá obligado a decidir entre su promulgación o el veto, lo cual abriría un nuevo frente de conflicto político y social. La imagen de un Ejecutivo enfrentado al sistema educativo podría profundizar las tensiones con sectores moderados y desencadenar nuevas protestas.
La sesión en Diputados fue apenas el primer round. La universidad pública, símbolo de identidad nacional y herramienta de movilidad social, se ha transformado en uno de los principales campos de batalla del presente argentino.
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