Alejandra Larrea
La investigación por el caso de fentanilo adulterado que dejó un saldo trágico sumó un nuevo capítulo con la palabra del principal sospechoso. En medio de la presión social y política, aseguró que es inocente y que no tiene vínculos con la distribución de la sustancia que provocó múltiples muertes.
Además, manifestó su disposición a presentarse ante el Congreso si es convocado, en un gesto que busca despejar las dudas y mostrar colaboración con la Justicia.
El acusado, vinculado por la fiscalía a la cadena de producción y distribución del fentanilo adulterado, rompió el silencio tras semanas de especulaciones. En declaraciones públicas, sostuvo que nunca tuvo contacto con el lote investigado y que su relación con el negocio farmacéutico no incluye manipulación de sustancias prohibidas.
El caso generó un impacto nacional al revelarse que un lote de fentanilo mezclado con otras sustancias tóxicas había sido distribuido en el mercado ilegal, provocando decenas de muertes y un número aún mayor de intoxicaciones graves. Las pesquisas se centran en identificar el origen exacto de la contaminación y los responsables de su circulación.
El sospechoso afirmó que no teme ser interrogado y que estaría dispuesto a responder preguntas ante una comisión parlamentaria. Este gesto fue interpretado por algunos como una estrategia para mostrar transparencia, mientras que otros lo ven como una maniobra para ganar tiempo y evitar medidas judiciales más severas.
En paralelo, la Justicia avanza con pericias químicas sobre muestras incautadas y con el análisis de comunicaciones y transacciones financieras que podrían vincular a distintos actores de la cadena de producción y distribución. La magnitud del caso ya traspasó el ámbito judicial y se instaló en el debate político, con pedidos de endurecer las penas por delitos relacionados con drogas sintéticas.
Organizaciones de familiares de víctimas reclaman celeridad en el proceso y una respuesta contundente de las autoridades para evitar que hechos similares se repitan. La investigación, por su complejidad y alcance, podría derivar en imputaciones contra más personas y abrir un frente político que involucra a organismos de control y reguladores del sector.
Mientras tanto, el acusado sigue en libertad, aunque con restricciones judiciales, a la espera de que se defina si será citado formalmente por el Congreso y si enfrentará un pedido de prisión preventiva en el corto plazo.
