Alejandra Larrea
La causa Vialidad vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial y política. Cristina Fernández de Kirchner, condenada en primera instancia por administración fraudulenta, presentó una nueva estrategia para frenar el decomiso de bienes dispuesto como parte de la sentencia.
A horas de que venza un plazo clave, la defensa de la ex presidenta busca desacreditar al tribunal, en un movimiento que combina argumentación jurídica y alto impacto político.
El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral Federal que la condenó, con el objetivo de suspender la ejecución del decomiso hasta que se agoten todas las instancias de apelación. Según la defensa, el tribunal actuó con parcialidad y no garantizó las condiciones de debido proceso, lo que habilitaría a cuestionar su competencia.
La medida apunta a bienes y activos que el fallo considera adquiridos en el marco de delitos contra la administración pública, y que la Justicia ordenó incautar como reparación patrimonial al Estado. Entre ellos se encuentran propiedades, cuentas bancarias y otros recursos bajo titularidad de la ex mandataria y allegados.
Este movimiento judicial se produce en un momento de fuerte tensión política. El kirchnerismo lo interpreta como parte de una ofensiva contra su liderazgo, mientras que la oposición lo enmarca en la necesidad de ejecutar las condenas por corrupción sin dilaciones.
Si el tribunal rechaza el planteo, se abrirá la vía para que la defensa recurra a instancias superiores, como la Cámara de Casación o incluso la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso durante meses. En ese tiempo, el decomiso quedaría suspendido, evitando el traspaso inmediato de los bienes al Estado.
El caso Vialidad, que involucra la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez, ya tuvo un fuerte impacto en el debate público. La sentencia en primera instancia incluyó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de bienes.
La estrategia de Cristina Fernández busca ganar tiempo y reabrir el debate sobre la imparcialidad judicial, un eje que su espacio político sostiene desde hace años como bandera contra lo que considera “lawfare” en su contra.
En paralelo, el clima político se calienta de cara a un año electoral donde el kirchnerismo todavía define su papel y liderazgo. El desenlace de este capítulo judicial podría influir tanto en la narrativa interna como en el escenario de la oposición.
